Mientras quedan algunos meses para el inicio del próximo Gobierno, el actual Congreso de la República de Perú mantiene en agenda una serie de proyectos que podrían ser riesgosos.
Un informe de Axpen -una alianza de Apoyo Consultoría y Vinatea & Toyama-, compartido con Gestión, identificó al menos cinco iniciativas que están en ya en el Pleno del Parlamento y podrían aprobarse antes de concluir el periodo legislativo.
Entre las medidas “peligrosas” para el mercado laboral están el proyecto que busca incluir una sobretasa del 35% para el trabajo nocturno. Según Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, esta iniciativa afectaría a sectores de servicios esenciales como clínicas, centrales de emergencia, seguridad, lo que “podría incluso generar una liquidación de empresas”.
Otro proyecto relevante es el que propone modificar el cálculo de utilidades, asignando el 75% del monto en función de los días trabajados. Esta medida, indicó, afectaría a los trabajadores de mayor calificación técnica y mayor productividad pues desincentivaría el desempeño laboral.
A estas iniciativas se suman otras propuestas, como la protección contra el despido para padres con parejas gestantes desempleadas o el descanso obligatorio los sábados por motivos religiosos.
“Si el Congreso de la República aprueba todas estas medidas sería un golpe durísimo a la inversión privada y al empleo formal, que de todas maneras caería. Creo que en empresas que trabajan 24 horas durante los 7 días de la semana, donde la mano de obra representa más del 50% del costo de producción, podrían hasta quebrar”, advirtió Toyama.
Si bien existen mecanismos legales para cuestionar estas normas, como acciones de inconstitucionalidad o amparos, el especialista señaló en que se trata de soluciones posteriores. Lo positivo, añadió, es que durante la próxima gestión legislativa, al dividirse en dos cámaras, el avance de iniciativas laborales peligrosas podría ser menor.
AXPEN identificó al menos cinco iniciativas que podrían aprobarse antes de concluir el periodo legislativo.
Propuestas de los partidos
La labor legislativa del Congreso actual no es lo único que se debe analizar. Con las elecciones presidenciales 2026 se vuelve a poner en debate propuestas que podrían implicar cambios en la regulación laboral, pero hacia su deterioro.
El informe realizado por Axpen también advierte que, aunque no se prevén cambios estructurales, sí se podría impactar en el día a día de las empresas y, por ende, en la creación de empleo en el país.
En principio, el estudio precisó que un eventual Gobierno que plantee iniciar una Asamblea Constituyente o reformar el capítulo económico de la Constitución tendría al Congreso como el principal freno, es decir, necesitaría de una mayoría parlamentaria.
Esta barrera constitucional protegería también posibles cambios abruptos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o la derogación de contratos ley. Sin embargo, existen una serie de medidas que el Poder Ejecutivo podría ejecutar por sí solo.
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De acuerdo con el informe, el riesgo se ve en un Poder Ejecutivo que realice modificaciones en la regulación laboral vía decreto o reglamentos. Esto ya ocurrió antes durante el Gobierno de Pedro Castillo, cuando se aplicó la restricción a la tercerización laboral en 2022, la cual recientemente fue anulada por la Corte Suprema.
“Los temas macroeconómicos y de estructura del empleo difícilmente podrían cambiar. Sin embargo, los temas vinculados al día a día de las empresas sí pueden ser impactados de manera relevante [...] Un Poder Ejecutivo muy orientado a los temas sindicales puede introducir cambios más radicales que los vividos en la época de [Pedro] Castillo. Esto pone mayores dificultades que casi hacen imposible los contratos a plazo fijo”, comentó Toyama.
En ese sentido, el laboralista mostró preocupación por posibles decisiones del Poder Ejecutivo próximo como cambios al cálculo de la CTS y gratificaciones, más barreras a los ceses colectivos o suspensiones laborales, mayores facultades para los sindicatos e incluso otra norma que dificulte la tercerización.
A esas medidas se suma la capacidad de los gobiernos para definir la política salarial, incluyendo incrementos de la Remuneración Mínima Vital (RMV). El riesgo es que no se respeten criterios técnicos, diálogo social y previsibilidad para evitar un mayor golpe a las empresas.
“Lamentablemente, hoy el mínimo vital se fija de acuerdo al designio político. Lo ideal es que haya una ley de mínimos vitales, que diga, por ejemplo, que cada 2 años se evaluará el mínimo vital con un diálogo social obligatorio, conversaciones entre sindicatos y empresas”, sostuvo.
El informe de AXPEN indica que el riesgo con el Poder Ejecutivo viene por los cambios que pueda hacer en la Sunafil, la reglamentación laboral y política salarial, pues estas modificaciones no necesitan nueva ley.
Ajustes a entidades clave
Pero no todo parte de normativas. El informe de Axpen también apuntó que el Ejecutivo podría reforzar el rol de entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con un cambio de autoridades que podrían orientar a mayores fiscalizaciones y sanciones.
Este escenario, consideró Toyama, podría quitar el foco sobre la informalidad y ponerla sobre las empresas grandes formales. Ante esto, el especialista indicó que las empresas deben adoptar una estrategia más activa actuando a través de gremios y sectores especializados, tratando de acercarse al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y a los sindicatos, buscando “que todo sea aprobado por diálogo social”.
Cabe mencionar que, según el estudio, sin el efecto electoral se estimaba que el empleo formal privado podía alcanzar un crecimiento de 3.2%, pero la incertidumbre recorta la proyección.
Por ejemplo, el informe resalta que si el candidato Roberto Sánchez gana las Elecciones 2026, se prevé que la generación de empleos avance a un menor ritmo (2%) en línea con una desaceleración del PBI y una caída de la inversión privada.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
