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En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte, reconoció que el mayor problema que enfrenta hoy en día el país es la alta inseguridad ciudadana y el alarmante avance de la delincuencia y la criminalidad.
Según explicó, su gestión tiene planeado emitir más de 30 proyectos de ley para la lucha contra la extorsión, estafa, robo, hurto, penalización de uso de celulares robados o ilegales, así como la expulsión de ciudadanos extranjeros en casos de cometer delitos en flagrancia.
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“Aprovecho la oportunidad para solicitar respetuosamente al Congreso que incluya con prioridad en la agenda el proyecto de delegación de facultades que ingresó por mesa de partes el pasado 28 de julio”, indicó el último martes en una actividad en el distrito de Ate.
Se tiene previsto que una vez instaladas las comisiones de Constitución, Justicia y Defensa del Parlamento, se dará prioridad al debate de la solicitud del Gobierno.
¿Cuáles son los temas que se incluirán en los proyectos de ley?
De acuerdo al proyecto de ley del Gobierno, al que accedió Gestión, son 19 los temas en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado, lucha contra la corrupción en la PNP, control migratorio y uso de armas que se incluirán en las iniciativas legislativas.
En primer lugar, se busca actualizar diversas leyes, como la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana o la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, a fin de ponerle énfasis en la capacitación, entrenamiento y demás medidas destinadas a resguardar el adecuado uso de los medios de defensa por parte del serenazgo municipal.
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También se busca autorizar el uso de recursos de canon y sobre canon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, así como se pretende habilitar la disposición de recursos y gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento policial por parte de los gobiernos regionales y locales.
“Establecer modificaciones al marco normativo referido a la prevención, combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles, recuperación de bienes perdidos y delitos conexos, con principal incidencia en el Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles”, se lee en la propuesta.
El Ejecutivo, a su vez, busca establecer un marco legal para la actividad de intermediación del servicio de taxi, así como se pretende actualizar la normativa en materia de transporte público especial de pasajeros, en vehículos menores y para impulsar acciones contra la informalidad en el transporte, y promover la renovación del parque automotor.
En lo que respecta a la modificación del Código Penal, se quiere fortalecer la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos a través de la aprobación de medidas y modificatorias al marco normativo, con la intención de prevenir y hacer frente a la ciberdelincuencia.
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“Actualizar el marco normativo sobre crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos, a fin de reforzar la articulación entre las autoridades competentes, la prevención y las acciones de control e investigación”, añade la propuesta.
Otras prioridades del Ejecutivo son:
- Fortalecer las medidas de atención frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como agilizar el proceso de atención, difusión y búsqueda frente a casos de desaparición de personas.
- Fortalecer la Red de Protección al Turista a nivel nacional mediante la modificación de la Ley General de Turismo, estableciendo disposiciones para la conformación de las Redes Regionales de Protección al Turista.
- Modificar el Nuevo Código Procesal Penal con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de los operadores de justicia.
- Establecer un marco normativo para promover el deshacinamiento penitenciario, así como modificar normas del Código Penal y del marco administrativo sancionador de funcionarios del INPE.
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- Modificar el Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú, a fin de garantizar un desarrollo de competencias y una visión de mejora continua y calidad para la formación policial.
- Establecer el marco normativo para la evaluación de la idoneidad del personal policial y garantizar el cumplimiento efectivo de la función policial.
- Modificar la Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, para fortalecer el control y evitar su desvío hacia el mercado ilegal.
¿Cuál es la postura de las bancadas frente al pedido?
Si bien los legisladores en este momento se encuentran realizando sus actividades en el marco de la semana de representación, algunos legisladores ya tienen una postura inicial frente al pedido del Gobierno.
Desde Fuerza Popular se mantienen cautos frente a la solicitud del Ejecutivo. El vocero de dicha agrupación, Arturo Alegría, indicó que las comisiones de Constitución y Defensa deben citar cuanto antes a los ministros a fin de que expliquen qué es lo que buscan hacer con las facultades.
En ese sentido, consideró que el Parlamento debe colocar algunos candados para evitar que el Gobierno se extralimite.
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“Creo que aquí hay que agarrar este tema con pinzas. Tal vez se pueden delegar algunas facultades, pero hay que poner los candados suficientes (…) en cada uno de los casos vamos a ser estrictamente cuidadosos”, indicó a Gestión, tras precisar que es muy prematuro para decir si su bancada votará a favor de dar las facultades.
Por su parte, el legislador de Renovación Popular (RP), José Cueto, señaló a este diario que su grupo, tras hacer una primera evaluación, estaría de acuerdo en dar las facultades al Gobierno en algunos temas y no en todos.
“Hay que ser escrupulosos al momento de evaluar los proyectos. Los 120 días me parece mucho tiempo. Si van a mandar como 50 proyectos de ley para que lo veamos con urgencia, para qué quieren 120 días si ya lo tienen listo, según lo que he escuchado. Dales 30 días y que lo saquen”, remarcó.
El legislador cuestionó el hecho de que la presidenta pida celeridad al Congreso en analizar su pedido, pese a que, según dijo, “está en sus manos actuar”.
“Hay que hacerle recordar a la presidenta de que en manos del Ejecutivo está actuar no solo en base a leyes, porque hay otras muchas alternativas que han debido tomar, empezando por empoderar a la Policía”, añadió.
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En la misma línea, Diego Bazán, de Avanza País, señaló que su agrupación tiene en ánimo de dar las facultades al Ejecutivo, pero no en todos los temas.
“Nosotros hemos sacado un proyecto de ley para la reforma penitenciaria y la presidenta, en su pedido de facultades, se está enfocando en solucionar ese tema, por lo tanto, lo vamos a apoyar (…) en otros temas, estoy de acuerdo con la expulsión de los extranjeros en caso de que cometan delitos en flagrancia”, manifestó a este diario.
Édgar Tello, del Bloque Magisterial, informó que su grupo recién se reunirá el próximo martes para tomar una postura frente a la delegación de facultades.
“Es necesario contrarrestar la delincuencia y dar seguridad a la población, que tanto la necesita, pero también hay que ver de qué forma se está planteando el pedido (…) los 120 días de plazo es un tema a evaluar, ¿por qué tanto plazo?”, se preguntó el legislador.
Desde Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP) se mostraron a favor de aprobar el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo.
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“Hemos discutido el tema y la opinión mayoritaria es que se otorguen las facultades. Es mejor que el Ejecutivo, donde están los sectores especializados en esta materia, elabore una propuesta de ley que establezca una clara estrategia para luchar contra la criminalidad”, señaló el vocero de APP, Eduardo Salhuana, al diario La República.
Sin embargo, el congresista aclaró que no se trata de dar un cheque en blanco. En ese sentido, adelantó que en caso los proyectos de ley que emita el Ejecutivo tienen visos de inconstitucionalidad, estas serán derogadas o modificadas en el grupo de Constitución.
A diferencia de las otras bancadas, en Perú Libre no hay un ánimo de dar las facultades al Ejecutivo. Así lo señaló el legislador Flavio Cruz, tras precisar que no sería propicio en este momento delegar esa responsabilidad a un Gobierno que, a su juicio, está “deslegitimado”.
“Además, este Gobierno tiene un espíritu dictatorial, militarizado, siempre represor, que no respeta los derechos humanos. Entonces, no sería bueno confiar en ellos, porque ya nos ha pasado con el tema de las matanzas en Ayacucho y Puno, y puede ocurrir lo mismo. Prácticamente sería poner en peligro a la ciudadanía”, dijo.
A su juicio, con la presentación de proyectos de ley no es suficiente para resolver el tema de la inseguridad ciudadana.
“Nosotros hemos hecho una serie de exhortaciones a la presidenta y siempre nos ha desatendido, ¿por qué ahora nosotros tenemos que atender una exhortación de ella? El Congreso tiene su agenda, su ritmo y tiempos, y le exhortaría (a Dina Boluarte) que nos deje trabajar. Hay independencia de poderes, por lo tanto, el Parlamento tiene su propia dinámica”, enfatizó.
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Las dudas frente al proyecto que crea la Policía de Orden y Seguridad
La iniciativa en mención busca añadir la nueva categoría (Policía de Orden y Seguridad) a la estructura del personal de la Policía.
Los requisitos para postular a la “Policía de Orden y Seguridad” incluyen ser peruano de nacimiento y no tener antecedentes policiales, penales y judiciales por delitos dolosos. Además, jóvenes egresados de las FF.AA. o con secundaria completa podrán aspirar a una plaza dentro de este cuerpo policial.
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En caso de los egresados de las FF.AA., se les brindará una capacitación en uso de armas y defensa personal por seis meses, mientras que para resto de candidatos el periodo será de un año.
Desde Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Avanza País y Renovación Popular mostraron sus dudas frente a la iniciativa. En ese sentido, consideraron que la propuesta merece ser explicada a profundidad y, de ser necesario, modificada.
“Todo ese monto de dinero que piensan emplear en la aplicación de esa ley debieron usarlo para potenciar a la Policía, o en la contratación de policías retirados. Esto haría que los efectivos que están en la parte administrativa salgan a apoyar la seguridad ciudadana y patrullen las calles. Crear una Policía paralela, alterna y temporal, de ninguna manera se debe aceptar”, enfatizó Cueto.
En la misma línea, Bazán calificó como una “locura” que se pretenda dar contratos de tres años de policías a aquellos jóvenes que recién salen de las escuelas y que apenas han tenido un año de preparación.
“Los licenciados de las FF.AA. Sí podrían cumplir con este requisito, mínimo con unos años de preparación. Esa es una de las observaciones que hemos hecho”, anotó.
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