“Se concluye que la solicitud no resulta procedente”, indicaron desde la Municipalidad de Lima sobre el pedido de JpP. Foto: difusión / GEC
“Se concluye que la solicitud no resulta procedente”, indicaron desde la Municipalidad de Lima sobre el pedido de JpP. Foto: difusión / GEC

La Municipalidad Metropolitana de Lima descartó la solicitud de Juntos por el Perú para que

, como parte del cierre de su campaña presidencial, organizar actividades proselitistas en el Centro Histórico, mas la comuna rechazó el pedido.

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Según la MML, el espacio solicitado es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones.

El Centro Histórico fue declarado zona intangible para desarrollo de marchas y concentraciones públicas. Foto: GEC
El Centro Histórico fue declarado zona intangible para desarrollo de marchas y concentraciones públicas. Foto: GEC

Además, recordaron que está vigente la prórroga del estado de emergencia en Lima, por lo que las actividades públicas deben respetar las normas del orden público, seguridad y libre tránsito.

En el Centro Histórico el límite máximo es de 75 decibeles para emisiones sonoras, ratio similar al de una radio doméstica o sonido de instrumentos acústicos.

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La comuna recalcó que usar equipos como parlantes, megáfonos u otros que superen el límite de decibeles “no resulta compatible con las restricciones vigentes en la zona”; y por ende,

Roberto Sánchez rechaza prohibición

El candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo ante la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de negar la autorización para realizar su mitin de cierre de campaña.

El postulante calificó esta medida de desproporcionada y señaló que la prohibición afecta directamente el derecho de participación política en el contexto de la actual segunda vuelta presidencial.

Según indicó el documento suscrito en Lima, la agrupación política exige igualdad de condiciones democráticas para el desarrollo de los comicios nacionales. Roberto Sánchez manifestó que las autoridades locales tienen la obligación de garantizar que todas las opciones políticas puedan dirigirse libremente a la ciudadanía. Asimismo, el texto precisa que las actividades de campaña se planifican respetando el orden público, la seguridad ciudadana y las leyes vigentes.

La campaña de Juntos por el Perú detalló que la respuesta ante esta restricción institucional se mantendrá dentro de los canales legales.

El pronunciamiento del candidato presidencial busca revertir la decisión administrativa antes de la fecha programada para el cierre de las actividades proselitistas. La representación partidaria enfatizó que no solicita privilegios especiales dentro del proceso electoral en curso.

Pide evaluación de la decisión administrativa

El candidato presidencial de Juntos por el Perú sostuvo que prefiere considerar la restricción como una decisión administrativa adoptada de forma exclusiva por funcionarios de segundo nivel de la comuna capitalina. Según indicó el postulante, la medida fue emitida sin medir el impacto democrático y político que representa impedir un mitin de cierre de campaña en este momento del proceso electoral. Por este motivo, el documento evita atribuir la responsabilidad directa inicial al alcalde de la ciudad.

Roberto Sánchez invocó formalmente al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a revisar la decisión institucional con sentido democrático y corregir la situación en el más breve plazo. Fuentes oficiales de la campaña informaron que esperan un pronunciamiento de la autoridad municipal para subsanar lo que calificaron como un abuso institucional. El texto resalta la necesidad de mantener la equidad entre las fuerzas políticas que compiten en la segunda vuelta.

La comunicación emitida por el partido político detalla que la inhabilitación de la plaza no detendrá el mensaje de la agrupación en la recta final de las elecciones. Los representantes de la postulación presidencial afirmaron que la defensa de sus derechos de expresión se realizará mediante los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico peruano. El equipo legal del partido evalúa las acciones pertinentes frente a la negativa municipal

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