Carlos Espá, candidato presidencial del partido Sí Creo, cuestionó las reuniones sostenidas por el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno y afirmó que existen indicios evidentes de conflictos de interés y posibles actos de tráfico de influencias. Según indicó, algunas de estas reuniones habrían derivado en contratos con el Estado, lo que, a su juicio, constituye una falta de respeto a la dignidad del cargo presidencial.
De acuerdo con Espá, el mandatario ha demostrado un comportamiento voluble y carente de liderazgo. Señaló que el presidente “no parece consciente del lugar que ocupa” y que sus decisiones públicas evidencian contradicciones que afectan la institucionalidad y la imagen del país.
Espá consideró, en el programa Cuentas Claras de Canal N, que es correcto que el Ministerio Público evalúe la apertura de una nueva carpeta fiscal por el caso de las visitas al presidente. Según indicó, Palacio de Gobierno no puede ser tratado como un espacio privado ni justificarse bajo argumentos de discriminación.
Asimismo, afirmó que los indicios no se limitan a las visitas de las cinco mujeres, sino que también involucran reuniones con empresarios extranjeros dedicados a actividades que calificó como oscuras. En ese sentido, sostuvo que el presidente deberá responder ante la justicia si las investigaciones lo ameritan.
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Espá añadió que el mandatario ya ha estado involucrado anteriormente en controversias relacionadas con temas sensibles para la opinión pública, por lo que, dijo, debía actuar con mayor cuidado en su conducta pública.
Postura frente a una eventual salida del presidente
Pese a sus críticas, Carlos Espá reiteró que no considera conveniente un cambio presidencial a pocos meses de las elecciones. Según explicó, “el presidente es actualmente rehén de un Congreso” con una correlación de fuerzas que podría generar mayor inestabilidad si se produce una sucesión.
Indicó que cambiar al jefe de Estado en este momento implicaría abrir un escenario de incertidumbre política, ya que el Congreso tendría la facultad de elegir a un nuevo mandatario en la recta final del proceso electoral. Afirmó que varios congresistas también se han reunido con los mismos empresarios cuestionados.
En ese contexto, señaló que lo más rescatable del actual gobierno es el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y advirtió que su salida junto con el mandatario podría agravar la crisis política.
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Candidato presidencial del partido Sí Creo indicó que cambiar al jefe de Estado en este momento implicaría abrir un escenario de incertidumbre política. (Foto: ONPE)
Libertad de prensa y propuestas económicas
El candidato sostuvo que respeta la libertad irrestricta de prensa y rechazó cualquier intento de presión contra los medios de comunicación. Según indicó, su partido garantiza una relación abierta y sin restricciones con periodistas y medios de información.
Eliminación de 35 impuestos
En materia económica, Spá anunció la eliminación de 35 impuestos que calificó como antitécnicos, entre ellos el impuesto dirigido a influencers. Señaló que este tipo de medidas, en su opinión, restringen la libertad de expresión y la creación de contenido.
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Financiamiento partidario y Congreso
Espá afirmó que las finanzas de Sí Creo están totalmente bancarizadas y supervisadas por los organismos electorales. Reconoció que su hermano, Fernando Espá, es uno de los aportantes del partido, pero negó que sea el principal financista.
Sobre el Congreso, sostuvo que no será rehén del Parlamento si llega a la presidencia. Según indicó, no negociará el presupuesto general de la República y planteó una cuestión de confianza para impulsar una reforma tributaria y reducir impuestos.
Indulto humanitario y seguridad ciudadana
El candidato precisó que evaluaría un indulto humanitario solo bajo tres condiciones: que la persona no sea un peligro para la sociedad, que muestre arrepentimiento y que presente una condición de salud grave. Señaló que estas condiciones no aplican para todos los expresidentes condenados.
Finalmente, Carlos Espá reafirmó que su propuesta central es la lucha contra la corrupción, a la que consideró el principal problema del país, y planteó la construcción de seis penales de máxima seguridad en zonas inhóspitas para cabecillas de organizaciones criminales.
