
La etapa inicial de cualquier gobierno viene acompañada de un previsible y belicoso enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Ocurrió en el 2016, en el 2021 y ocurre ahora
Las mayorías o coaliciones y sus votos mandan. Y, a partir de allí, o la oposición quiere poner en jaque permanente al oficialismo desde el primer día, o el oficialismo encuentra la manera de evadir ese arrinconamiento con muñeca política. En esto último, los apristas tenían mucho manejo, porque, con apenas un puñado de congresistas, negociaban o se enfrentaban inteligentemente y le daban la vuelta a cualquier situación adversa.
Guste o no, las interpelaciones constituyen un instrumento constitucional y válido de control y confrontación política, al que han recurrido todos los opositores que tenían los votos, de derecha o de izquierda, muy temprano o más tarde, en algunos casos para hacer sentir el malestar al ministro o a la ministra o al Gobierno de turno, y en otros para deshacerse de algún ministro o ministra a quien se le puso en la mira desde el primer día de gobierno.

Juntos por el Perú ha planteado tres interpelaciones en un mes, aunque ya retrocedió en una. ¿Es un exceso? Sí, lo es. ¿Es su derecho? Sí, lo es. ¿Debería preocupar o generar airados reclamos? No. ¿Perjudica políticamente al Gobierno? No, aunque quita tiempo y genera titulares. JPP se perjudica a sí mismo porque muestra que dispara por disparar y contra cualquier blanco, y con eso lo que hace es devaluar un recurso parlamentario que, si fuera bien utilizado, sí pondría en problemas al Gobierno.
Uno pensaría, por ejemplo, que es mucho más rentable políticamente interpelar a un ministro como el de Cultura, que acumula pasivos y responde con cierta soberbia, por el LUM, por su relación con el IRTP, que está en su sector, y por las contrataciones o nombramientos familiares que generan dudas y que provocan que, en el primer mes, la Fiscalía ya se presente e investigue. Eso sí pondría contra las cuerdas al ministro, al Gobierno y a la presidenta, que se vería obligada a pedir la primera renuncia. Pero ¿interpelar al ministro de Energía y Minas ahora? Hasta los “socios” de JPP empiezan a marcar distancia.
Quizás por eso, porque la oposición jotapepeísta se dispara sola en los pies gastando sus mejores balas, una política con experiencia y manejo parlamentario como Martha Chávez ha señalado que no le preocupan las interpelaciones y que más le preocupa la discusión sobre las facultades extraordinarias. Pero quizás no es lo único que debería preocuparle a la senadora y a sus bancadas.
Justo cuando se cumple el primer mes del nuevo Gobierno, empiezan a aparecer situaciones poco claras, como la del Mincul; la del ¿asesor o consejero? argentino; la de varias contrataciones, nombramientos y “reciclajes” discutibles, entre otros asuntos; y se anuncia la postergación del cumplimiento de las promesas y anuncios presidenciales.
Justo a los 30 días, la presidenta anuncia que el orden recién se empezará a sentir el próximo año, después de haber prometido que a los 30 días de iniciado el Gobierno ya se empezaría a sentir el orden en la lucha contra la delincuencia y en las calles; no hay fecha para el prometido aumento de la RMV y de Pensión 65 (que sorprendió a propios y extraños); y a duras penas se termina el paquete de proyectos para solicitar las facultades después de varias postergaciones.
Se puede señalar que recién han pasado treinta días y que no se puede esperar que se solucionen los problemas del país en un mes. Y es verdad: nadie podría hacerlo. Pero las promesas y los compromisos, así como las fechas y los plazos, salieron de la iniciativa y de los discursos y mensajes de la presidenta misma. Ella se obligó a ello y repitió el discurso de que tenía el mejor equipo y los mejores planes, que se pondrían en ejecución al día siguiente de llegar al poder. Y el 60 % de la población le creyó. Ella y Fuerza Popular elevaron aún más las expectativas.
- LEA TAMBIÉN: Facultades legislativas: Gobierno central pasaría a liderar intervenciones ante El Niño
Algún senador puede decir que recién se conoce la real situación del Gobierno. Pero eso sería admitir que los congresistas de Fuerza Popular hicieron cualquier cosa en el Congreso anterior, menos interesarse por la situación del país, fiscalizar, pedir información a los ministros, interpelarlos o siquiera leer el presupuesto.
Si no se apura el paso, si no se empiezan a tener claras las prioridades y los objetivos, si no se reajusta el equipo que ya tiene pasivos, si el primer ministro no se convierte en el gran coordinador y los planes y las acciones no aparecen en los sectores críticos, las aprobaciones iniciales empezarán a bajar. Y eso no se revierte cerrando el Congreso, como irresponsablemente aconseja el defensor de los últimos gobiernos, porque del pueblo no lo es. Hacer lo que él aconseja sería el fin del Gobierno y la reaparición de la inestabilidad, la confirmación del autoritarismo y la mayor satisfacción para el antifujimorismo, que se vería revitalizado y fortalecido.
Las interpelaciones son un juego político manejable frente a lo que puede ser la temprana decepción y frustración de la población.
El primer mes es también un tiempo para la autocrítica y la corrección del rumbo. Para un mejor manejo del Gobierno y de las expectativas.
Enrique Castillo es periodista.







