
Aunque el país había mostrado mejoras en el 2025, este año el Perú volvió a ubicarse entre los diez países más complejos del mundo para hacer negocios, según el Índice Global de Complejidad Empresarial de la consultora TMF Group.
Ahora el Perú se posiciona en el puesto 10 a nivel global y el sexto en Latinoamérica -solo detrás de otras economías de América Latina como México, Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina- tras ser evaluado en indicadores de regulación tributaria, normas laborales, cumplimiento corporativo, contabilidad y gestión de recursos humanos.
Según TMF Group, gran parte de la complejidad para impulsar negocios en el país está asociado al cumplimiento regulatorio y la digitalización de trámites, pues genera desafíos para las empresas -especialmente las extranjeras- al incrementar la complejidad operativa a medida que las autoridades implementan nuevos requisitos y procesos digitales.
“Las empresas deben adaptarse con rapidez y mantener actualizados sus sistemas de cumplimiento, lo que incrementa la complejidad operativa”, indica el informe.
Pero, ¿cómo ven la situación los gremios? Para las asociaciones empresariales consultadas por Gestión, la complejidad para invertir en Perú responde tanto a factores políticos como a problemas estructurales vinculados a la tramitología y a la falta de uniformidad regulatoria.

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Inversiones golpeadas por la inestabilidad
El retroceso del Perú en la facilidad para hacer negocios va más allá de la digitalización. Uno de los principales factores de riesgo que estarían viendo los empresarios al analizar su inversión en el Perú es la coyuntura política y la incertidumbre que generan.
Los constantes cambios de gobierno provoca que trámites y procesos que ya estaban encaminados retrocedan, impidiéndoles a los empresarios avanzar, indicó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata.
“(Lo que más está afectando a las inversiones) es la inestabilidad política. Es muy complicado invertir cuando las cosas cambian tan rápido. Cambian los presidentes, cambian los ministros y hasta los directores. Aún cuando uno tiene una idea clara y ha seguido un cierto trámite y se lo han aprobado, pero después cambia la autoridad y esto retrocede”, comentó a Gestión.
El representante de la Confiep recordó que el último presidente electo, Pedro Castillo, llegó a tener 50 ministros en menos de un año de gestión, lo que deterioró mucho el aparato público y aún no se ha logrado revertir este efecto en su totalidad.
Más allá de la posición política del próximo gobernante, los cambios generan incertidumbre sobre la estabilidad económica y jurídica del país, señaló Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Hay riesgos que implican siempre un cambio de gobierno, por ejemplo un cambio en el directorio del Banco Central de Reserva y eso está relacionado con la estabilidad macroeconómica”, dijo.
Asimismo, advirtió que el riesgo de modificaciones en la Constitución podría afectar la llegada de inversión extranjera y frenar el crecimiento de la inversión privada, clave para cerrar brechas de infraestructura.
Regulaciones golpean el clima de negocios
Si bien coicidió en que la inestabilidad política viene afectando el clima de negocios, Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX) precisó que otro aspecto es regulatorio y la discrecionalidad en las fiscalizaciones, especialmente a nivel regional y municipal.
“Hay una sensación en general de que el entorno de negocios en el Perú se está haciendo cada vez más complejo. Estamos perdiendo competitividad a través de una cantidad de regulaciones que aparecen no necesariamente a nivelmente a nivel nacional, sino a nivel regional y distrital, y así año a año hay mayor complejidad para poder hacer empresas”, indicó.
En la misma línea, el presidente de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, consideró que uno de los mayores obstáculos para invertir en Perú está en la facultad que tienen las municipalidades para establecer normas, lo que hace que los procedimientos administrativos para abrir negocios sea distinto dependiendo del distrito.
El representante de las pequeñas empresas explicó que, aunque constituir una empresa se ha simplificado en los últimos años, el problema aparece al momento de obtener licencias y autorizaciones.
“Los procedimientos son distintos, no hay una uniformidad, en cuanto a lo que significa los requisitos para poder obtener las licencias, ya sea para construcción, para abrir negocios y esa discrecionalidad es la que desmotiva que en algunos distritos haya mayor o menor inversión”, sostuvo.
A ello se suma, dijo, la lentitud de los trámites del Gobierno central, especialmente en proyectos de gran inversión. Hermoza sostuvo que los procesos vinculados a permisos ambientales, culturales y sociales pueden tardar años, lo que incluso ha llevado a empresas a optar por invertir en otros países.
“Hay inversionistas que han preferido irse a otros países dejando el Perú justamente por la lentitud con la que se procesan los requisitos”, añadió.
Ante las complicaciones que generan la inestabilidad política y la tramitología, el presidente del Confiep consideró que uno de los sectores más afectados es el de minería, pues los excesos de trámites y de requisitos, sumado a su lento avance hacen que los proyectos mineros tomen hasta 40 años en salir. Otro rubro afectado es el de construcción pública, pues las malas gestiones pues hacen que que se paralicen las obras.
Lo que debería hacer el próximo gobierno
En medio de un panorama electoral incierto, los gremios empresariales consideran que el próximo gobierno deberá enfocarse en devolver estabilidad y simplificar procesos para recuperar competitividad.
Para Zapata, el primer paso es garantizar continuidad en la gestión pública pues resulta vital mantener un mismo presidente en los próximos cinco años y funcionarios estables que permitan políticas continuas.
“Necesitamos ministros que se queden varios años para que hayan políticas continuas, que sean expertos en el sector. Tenemos que volver a un estado meritocrático, hemos perdido ese rumbo. Eso es lo más importante ahora para poder mejorar el ambiente de negocios, la predictibilidad y las inversiones”, refirió.
Por su lado, el representante de la CCL apuntó que, pese a que el próximo gobierno cambie de posición política, es fundamental no perder el rumbo económico. “Vamos en una dirección correcta. Necesitamos reformas profundas, pero lo que no deberíamos hacer es cambiar la dirección”, afirmó.
En ese sentido, Vasquez de ADEX resalta la urgencia de que la próxima administración aplique un “shock legislativo” que realmente sirva para simplificar los procesos, además de un proceso desregulatorio que permita al Perú volver a ser atractivo frente a sus socios competidores.
A su vez, el representante de Mypes Unidas plantea una reforma integral de la Ley de Municipalidades para estandarizar procesos relacionados con inversión y licencias.
Además, propuso avanzar hacia una ventanilla única para grandes inversiones, que concentre los trámites y establezca plazos claros para resolver expedientes.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.







