
La polémica sobre la realización de las elecciones generales generaron una discrepancia entre la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.
“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Ha habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, sostuvo en el programa Punto Final.
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Tras estas aseveraciones, la CCL emitió un pronunciamiento en el que deslinda de manera expresa y categórica su posición frente a las declaraciones del presidente de la Confiep, “dejando constancia de que no las comparte por no reflejar la real dimensión de los hechos ocurridos en el proceso electoral”.
Al mismo tiempo la CCL, convocó al conjunto del empresariado organizado a actuar con unidad y cohesión, porque la hora nos exige asumir colectivamente el liderazgo que el Perú necesita.
“Es inaceptable relativizar que alrededor de 500, 000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto por causas directamente atribuibles al Estado peruano. Este derecho al voto, reconocido en el artículo 31° de la Constitución Política del Perú y garantizado por la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), constituye un pilar fundamental del sistema democrático", expresó.
Añadió que su vulneración, en la magnitud registrada, no solo lesiona a cada ciudadano afectado individualmente, sino que puede incidir en la definición de los candidatos que pasarán a una segunda vuelta electoral y en la configuración de la representación política del país, incluyendo el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
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En esa línea, sostuvo que “no se trata de defender o atacar a ningún candidato en particular, sino de defender la democracia y de garantizar que el resultado electoral sea el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, conforme lo exige el artículo 176° de la Constitución".
“Minimizar estos hechos debilita la confianza en el sistema y compromete la legitimidad del proceso, generando además consecuencias que no son sólo políticas, sino que afectan directamente el desarrollo de las inversiones y las proyecciones económicas del país. Numerosos proyectos se encuentran paralizados y capitales significativos evalúan su salida ante el riesgo que representa el período comprendido entre el 7 de junio y el 28 de julio”, apuntó.
Por tal motivo, el gremio exhortó al Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 178° de la Constitución y la Ley Orgánica del JNE (Ley N° 26486), a adoptar de inmediato medidas claras, transparentes y verificables que permitan esclarecer lo ocurrido y corregir las deficiencias logísticas y operativas que fallaron el 13 de abril, garantizando que no se repitan en la segunda vuelta.
Ello indicó, implica reforzar la supervisión del proceso en su integridad y asegurar la transparencia y consistencia en el conteo de votos, restituyendo plenamente la confianza ciudadana en el sistema electoral.







