Gremios empresariales expresaron su preocupación y rechazo ante las “irregularidades públicamente evidenciadas” durante el proceso electoral, realizado el pasado 12 de abril, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como por las acciones adoptadas posteriormente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Para ellos, las irregularidades vulneran el derecho constitucional al voto libre, máxima expresión de la democracia, y colocan al Perú en una situación de grave crisis institucional, generando un daño irreparable a la confianza ciudadana.
Entre los gremios firmantes están ADEX, SNI, AAP, CCL, Canatur, Perucámaras, Agap, Mipymes y Sociedad Agrícola de Arequipa.
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En ese sentido, piden la contratación inmediata de una firma auditora de prestigio internacional que evalúe los sistemas de la ONPE y la integridad de todos los procesos involucrados.
Asimismo, el procesamiento y la sanción de los responsables que, por acción u omisión, hayan contribuido a que este proceso derive en una elección irregular.
También solicitan la implementación de un sistema de auditoría y monitoreo en línea de los procesos, la data y los sistemas informáticos, a fin de identificar cualquier uso indebido.
“El establecimiento de un control concurrente integral del sistema electoral, antes, durante y después de la elección, que garantice resultados fieles a la voluntad popular”, señalan.
Dicho esto, los gremios exhortan a los organismos electorales y a todas las entidades involucradas a actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad, a fin de restablecer el orden y la credibilidad del proceso electoral, asegurando el pleno respeto del voto ciudadano en el marco de la Constitución.
Por otra parte, la Confiep demandó a las autoridades electorales y a las instituciones competentes como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público a garantizar la máxima transparencia en la revisión y resolución de las actas impugnadas pendientes de contabilización.
Adicional a ello, a realizar auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales e informar con claridad y oportunidad las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta con plenas garantías para el ejercicio del voto y el correcto conteo de los resultados.
“Es indispensable que las instituciones electorales refuercen la confianza de la ciudadanía, garantizando que la segunda vuelta se desarrolle con total claridad, orden y respeto al Estado de derecho”, concluyó.
