
Si bien informes del Ministerio de Salud (Minsa) y gobiernos regionales indican que 8 de cada 10 establecimientos de salud cerraron el 2025 alcanzando más de 80% de disponibilidad de medicamentos esenciales (DME), no todos los hospitales muestran suficiente abastecimiento de medicinas en los primeros meses del 2026.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República constató el desabastecimiento de medicamentos en cuatro establecimientos de salud a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud), entre ellos los hospitales Sabogal Sologuren y Alcántara Butterfield. Aunque el operativo se realizó a fines de noviembre, se advertía que a inicios de febrero el problema persistía.
En medio de escenario de cara a las elecciones generales 2026, la mayoría de partidos políticos mencionan su intención de mejorar el abastecimiento de medicinas. ¿Qué proponen?

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¿El Estado como fabricante de medicamentos?
Según los planes de gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) analizados por Gestión, actualmente hay seis partidos que proponen explícitamente la producción nacional de medicamentos.
Una de las propuestas parte del Partido Morado, que plantea la fabricación local de genéricos y vacunas esenciales, con el fin de que el 40% de los medicamentos esenciales se produzcan en el país hacia 2031. También se plantea la implementación de una ley de genéricos que garantice medicinas de bajo costo y bioequivalentes.
En una línea similar, el APRA propone, dentro de su propuesta de Sistema Integrado de Políticas Públicas de Salud, una política industrial soberana para fortalecer la producción nacional de medicamentos e insumos médicos esenciales, con el objetivo de reducir la dependencia externa y el gasto de bolsillo.
Fuerza Popular -que se encuentra entre los primeros lugares en las encuestas- también buscaría el fomento de la producción nacional en el caso de medicamentos genéricos esenciales y la negociación conjunta de precios a nivel estatal para abaratar costos de tratamiento. Este mismo partido también propone un “Programa Nacional de Medicamentos con Descuento Preferencial” con regulación de precios.
A su vez, el Frente de la Esperanza va más allá y propone la creación de una “Droguería Nacional” que implemente la fabricación e importación directa de insumos, materiales y equipos médicos, buscando disminuir costos y equipar con alta tecnología los centros médicos.
Por su parte, Buen Gobierno quiere promover la producción nacional de medicamentos e insumos estratégicos con precios accesibles, evitando monopolios. Además, se plantea impulsar licencias obligatorias o patentes flexibles para permitir la producción de versiones genéricas sin pagar a la marca en casos de emergencia o pandemias.
Por último, el partido Primero La Gente busca crear incentivos para aumentar la producción de medicamentos genéricos e implementar un sistema nacional de compra de medicamentos y un referencial de precios para una canasta básica.

Más allá de fabricar: las otras propuestas
Entre las ideas planteadas por los candidatos también está la posibilidad de intervenir en el mercado para evitar -lo que consideran- “cobros excesivos”.
Por ejemplo, el partido Demócrata Verde propone específicamente un “control de precios para medicamentos esenciales”, mientras que Venceremos sugiere establecer “topes razonables a las ganancias por fármacos e insumos” para evitar la especulación como parte del desarrollo de una red Nacional de Farmacias y Boticas Populares .
Renovación Popular va en la misma línea y propone acabar con “cobros excesivos” de medicamentos o alcanzar una mayor disponibilidad, pero sin especificar las medidas que se tomarían para lograr el objetivo.
También se observa que planes como los de Fuerza y Libertad y Primero La Gente, proponen unificar el sistema de salud para que todos los actores actúen como una sola red articulada con financiamiento integrado.
Por su parte, Un camino diferente y Integridad Democrática plantean ampliar el acceso a medicamentos genéricos de denominación común internacional. Este ultimo partido también indicó que se revisarían las exoneraciones tributarias otorgadas a los laboratorios para asegurar que hayan generado beneficios para los pacientes, de lo contrario se eliminaría.
Otros partidos como Sí Creo y Unidad Nacional proponen convenios con el sector privado y farmacias locales para que funcionen como “puntos de entrega” y cubran la distribución de medicamentos. Mientras que Progresemos plantea que si un centro de salud no tiene stock, el ciudadano recoja la medicina en una farmacia local sin costo.

Una mirada a la situación actual de medicamentos
Para el experto en salud pública Omar Neyra, la repetida escasez de medicamentos se explica principalmente por la falta de gestión de los gobiernos en los últimos años en las compras corporativas anuales.
“La compra corporativa de medicamentos es aquella [que se realiza] para todo el sector público anualmente y con eso se surte a todas las instituciones. Como no se ha hecho la compra corporativa, la escasez se está explicando por ello”, comentó a Gestión.
Cuando no se centraliza la compra, advierte, las unidades ejecutoras adquieren volúmenes pequeños a precios que pueden ser hasta 600% más altos y agotando el presupuesto disponible.
César Amaro, exdirector de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) e investigador principal de Videnza Consultores, coincidió en los problemas que se observan en la gestión del aseguramiento público.
Amaro recordó que, pese a que casi todos los peruanos cuentan con un seguro público o contributivo, el problema central es la incapacidad del asegurador público de garantizar la entrega efectiva de recetas.
“El conjunto de seguros públicos y el contributivo de seguro social incluye al 99.8% peruanos. Más de 40% de recetas no son entregadas completamente a los asegurados del Sistema Integral de Salud (SIS); en EsSalud la situación se agrava. El asegurador público está haciendo mal su trabajo”, indicó.
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¿Qué tan viables resultarían?
Ante este escenario ¿cómo se observan las propuestas planteadas por los candidatos al sillón presidencial?
Ambos coinciden en que muchas ideas hablan de mejorar la compra pública o la logística, pero no profundizan en cómo resolver la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas.
En el caso de la fabricación nacional, Neyra consideró positiva la idea de fortalecer la industria farmacéutica como parte de una política de Estado, pero enfocada en el sector privado.
“Los países que han podido implementar políticas serias para fortalecer la industria privada farmacéutica han logrado en cierto modo solucionar [el problema de abastecimiento] porque así te aseguras de tener la medicina, de calidad y lo puedes ‘controlar’. Esto no está sucediendo”, precisó.
En el pasado Perú incluso exportaba medicamentos, pero hoy produce menos que hace 20 años, recordó el especialista, pues el entramado regulatorio generó una salida de laboratorios internacionales, lo que dejó debilitado al sector.
Actualmente el país produciría entre 15% y 20% de los medicamentos esenciales que se tienen en el mercado. Uno de los obstáculos para lograr un mayor nivel es la brecha tecnológica, pues comparándonos en la región estamos por debajo de Colombia, Chile y Argentina.
Neyra considera que, en el contexto actual, sería un error pretender que el sector público produzca medicamentos cuando ni siquiera logra comprar eficientemente. En la misma línea, Amaro de Videnza consideró que iniciar una fabrica estatal de medicamentos tendría un alto riesgo.
“Podemos equivocarnos y tener un Petroperú 2.0 en el lado farmacéutico. Es muy arriesgado hacerlo de manera desarticulada. Es una inversión de millones y requiere talento humano y tecnología que se renueva constantemente. Si no está focalizada en lo que el país necesita, puede generar más ineficiencia que soluciones”, señaló.
En referencia a la propuesta de una “Droguería Nacional” recordó que ya existe una entidad con funciones de abastecimiento que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), por lo que crear nuevas estructuras sin un análisis estratégico podría generar ineficiencias adicionales. Por ello, consideró que el debate debería centrarse en cómo optimizar las herramientas existentes antes que crear nuevas estructuras.


Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.








