La posibilidad de hacer cambios en el sistema tributario en el Perú vuelve a tomar fuerza durante estas elecciones generales 2026. Mientras parte de los partidos políticos proponen la reducción de tributos, otros evalúan imponer nuevos impuestos, especialmente a aquellos que más ganan.
Pese a que la medida ha sido planteada antes sin llegar a prosperar, ahora al menos cinco de los 36 candidatos proponen aplicar un impuesto a las grandes fortunas o a aquellas personas con mayores ingresos, según una revisión a los planes de gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
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Las propuestas en debate
Uno de los partidos que plantea esta medida es Juntos por el Perú, que propone la creación de un sistema tributario progresivo que incluya un impuesto a grandes fortunas. Este tributo, que se aplicaría en situación de crisis, forma parte de las estrategias para alcanzar una mayor meta de recaudación fiscal.
Este impuesto a las “grandes fortunas” también es mencionado por el Partido Morado, que especifica la eventual aplicación de una tasa del 1% sobre patrimonios superiores a los US$ 5 millones. El “impuesto solidario” se menciona como una de las fuentes para financiar su propuesta de Pensión Universal Adultos Mayores.
Asimismo, este partido propone un recargo por rentabilidad extraordinaria para grandes empresas que mantengan un ROE (Return on Equity) superior al 25% durante tres años consecutivos.
Una lista más amplia se propone en el plan de la Alianza Electoral Venceremos, que busca aplicar un impuesto a las grandes fortunas para patrimonios mayores a US$ 100 millones, junto con impuestos a bienes de lujo y un mayor impuesto a la renta para quienes perciban ingresos superiores a S/ 500,000 al año.
Por su lado, Perú Libre habla de priorizar impuestos directos a grandes rentas y patrimonios para incrementar la recaudación tributaria. En tanto, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores menciona que propiciarán una reforma donde “los que ganan más paguen más”.
Al menos cinco partidos tienen intención de aplicar un impuesto a grandes fortunas o aquellos con mayores ingresos.
En contraste a estas propuestas, alrededor de 16 partidos han puesto mayor énfasis en medidas que implican expresamente reducir o aplicar exoneraciones de tributos como el Impuesto a la Renta (IR) o el Impuesto general a las ventas (IGV).
Por ejemplo, como indicó Gestión previamente, Renovación Popular -que aún se mantiene como el partido con mayor intención de voto acorde a las últimas encuestas- busca una reducción del IGV para incentivar la formalización, mientras que Fuerza Popular -que le sigue en las encuestas- apunta a la creación de incentivos y la exoneración del IR por tres años para los jóvenes emprendedores.
En tanto, otros candidatos proponen una eliminación de tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), así como una reducción del IGV hasta niveles de 10%.
Estas propuestas se presentan pese a que recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que evaluaría la optimización de exoneraciones tributarias, lo que implicaba una reducción de estos beneficios con el fin de mejorar las finanzas públicas ante el riesgo que existía de incumplir con la meta de déficit fiscal.
Las propuestas que más allá de beneficios tributarios plantean específicamente reducciones o exoneraciones de impuestos.
¿Es viable poner impuestos a la “riqueza”?
Para los especialistas consultados por Gestión, las propuestas como la aplicación de impuestos a la riqueza o bienes de lujo -que se han aplicado antes en países como España, Uruguay, Colombia y Argentina- enfrentan una serie de cuestionamientos técnicos.
El tributarista Jorge Picón recordó que durante la pandemia varios países evaluaron la imposición de impuestos a los grandes patrimonios, pero en casi todos los casos no se recaudó mucho. En el caso peruano, indicó, el resultado podría ser aún más limitado debido a la alta informalidad.
“Se ha analizado varias veces y no daría un buen resultado. Es un impuesto muy difícil de recaudar porque requiere controlar y valorar todos los inmuebles y propiedades que pueda tener una persona, lo cual es sumamente complicado y hoy la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) no puede ni controlar las rentas de las personas que es más sencillo”, comentó.
Ante ello, el especialista consideró que antes de modificar normas se requiere una reforma institucional que otorgue estabilidad y estrategia a la administración tributaria pues solo en los últimos dos años se ha cambiado al jefe de Sunat en cinco ocasiones.
Teniendo en cuenta que la efectividad de este tipo de tributo dependerá de la capacidad de fiscalización de la Sunat, Francisco Pantigoso, director de la Maestría en Tributación de la UPC, advirtió que esto podría traer incluso mayores riesgos para las finanzas públicas.
El especialista consideró que este tipo de medidas podrían generar fuga de capitales y desinversión, así como una doble imposición tributaria.
“Existe el temor de que grandes patrimonios trasladen su residencia fiscal a países con menor carga tributaria, lo que reduce la inversión y genera menos puestos de trabajo. Al gravar el patrimonio que ya pagó impuestos en su origen se violaría principios de capacidad económica, siendo en ocasiones confiscatorio al superar ciertos límites de imposición a la renta”, sostuvo.
Asimismo, advirtio que incluso podrían generar una afectación a quienes no tienen fortunas pues "las propuestas a menudo carecen de tecnicidad, con cálculos de base imponible que no se ajustan por depreciación, gravando activos de subsistencia de la clase media".
Especialistas consideraron que Sunat podría no tener la capacidad para fiscalizar impuestos a patrimonios, especialmente teniendo en cuenta que en los últimos dos años se ha cambiado al superintendente en cinco ocasiones.
En el caso de impuestos a los bienes de lujo como el planteado por la alianza Venceremos, Pantigoso consideró que se podrían generar que proliferen mecanismos de elusión, como transferencias simuladas o inscripción en el extranjero.
Por su lado, Picón coincidió en que este tipo de impuestos pueden alterar las decisiones económicas.
“Hay que tener muy claro que el pago de impuestos es algo que desalienta la materia imponible. Eso quiere decir que si tú estás gravando el patrimonio, la gente va a tratar de mostrar menos patrimonio”, refirió.
Además, añadió que si se buscara incorporar un nuevo tributo, uno de los pocos con mayor sustento sería el impuesto a la herencia, pues Perú es uno de los pocos países que no lo aplican.
Frente a las propuestas de reducción del IGV u otros tributos, Picon precisó que esta medida solo se podría aplicar si el Estado estuviera dispuesto a reducir gasto. Sin embargo, recordó que desde hace al menos 15 años el gasto público supera la recaudación.
En ese sentido, plantea que quien proponga reducir un impuesto debe precisar qué gasto disminuirá o cómo reemplazará esa recaudación.
“La excepción para impuestos termina generando algún tipo de ineficiencia. Cuando uno analiza si es que algo se debe exonerar o no, se debe hacer de manera técnica, pero ahora hablar de exonerar es más populista para tratar de ganar votos”, explicó.
Pantigoso, por su parte, plantea que antes de crear nuevos impuestos, se podría fortalecer el IR, ampliar su base, mejorar la fiscalización del IGV y simplificar los regímenes existentes.
Esta simplificación del sistema, añadió, podría lograrse con una reducción de los actuales regímenes tributarios a uno para grandes empresas y otro más simple para pequeñas, lo que permitirá generar predictibilidad y seguridad jurídica.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
