El Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría realizó un sondeo, entre el 6 y el 10 de marzo, a ejecutivos de más de 300 empresas e instituciones clientes para recoger su visión sobre el entorno de negocios y sus perspectivas de inversión para los próximos seis meses. ¿Cómo se ve el Perú?
Los resultados muestran el primer retroceso significativo de la confianza para invertir en lo que va del año. En marzo, la confianza empresarial para invertir en los próximos seis meses retrocedió a niveles no vistos desde inicios de 2024 —cuando la economía apenas comenzaba a recuperarse de la recesión de 2023—, aunque se mantiene en terreno optimista.
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Hasta febrero, los indicadores económicos seguían apuntando a una economía sólida. Los indicadores vinculados a la inversión privada crecían a buen ritmo: el consumo interno de cemento y las importaciones de bienes de capital aumentaban cerca de 12% interanual cada uno en el periodo enero–febrero.
Por el lado del consumo, el índice del BBVA —que recoge las transacciones con tarjetas de débito y crédito y está altamente correlacionado con el gasto de los hogares— registraba una expansión interanual de 18.4% al 7 de marzo, una tasa similar al 19% observado en enero–febrero.
En este contexto, estimamos que el PBI no primario habría crecido alrededor de 4.1% en febrero.
En el frente financiero, las condiciones para los negocios también se mantenían favorables: el tipo de cambio sol-dólar se ubicaba en su nivel más bajo en cinco años, la inflación se mantenía controlada en 2.2% y las tasas corporativas de corto plazo tocaban su nivel más bajo desde 2022.
Así, todo apunta a que la economía habría mantenido un buen desempeño en febrero, y que fueron los choques de marzo los que interrumpieron este entorno favorable.
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Los choques que cambiaron el rumbo de las expectativas
El primero fue la crisis energética derivada de la ruptura del gasoducto principal del país a inicios de mes. Casi la mitad de los clientes del SAE —49%— reporta que el impacto sobre su producción o provisión de servicios fue negativo: 13% lo califica como muy negativo y 36% como algo negativo.
El episodio afectó directamente a sectores intensivos en energía —manufactura, agroindustria y pesca— y dejó expuesta una vulnerabilidad estructural del sistema energético que va más allá del incidente puntual.
Pero el impacto no se limitó a la producción. El episodio también deterioró la confianza empresarial al reabrir dudas sobre la seguridad energética del país. Para muchas empresas, la interrupción implicó ajustar operaciones, activar planes de contingencia y asumir costos no previstos en sus presupuestos.
El segundo choque provino del frente externo. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán irrumpió con fuerza en los mercados internacionales desde fines de febrero. El cierre del Estrecho de Ormuz elevó el precio del petróleo a niveles no vistos en casi cuatro años; los fletes marítimos se dispararon y los precios de granos y fertilizantes acusaron el impacto.
El tercer choque es la mayor cautela que empieza a observarse en el sector privado ante la incertidumbre electoral. A menos de un mes de la primera vuelta, aún no emerge una tendencia clara entre los candidatos El porcentaje de indecisos alcanza 32% de la opinión pública, el nivel más alto de los últimos cinco procesos electorales, y la fragmentación del voto hace posible pasar a segunda vuelta con menos del 20% de los votos, como ocurrió en 2021.
En este contexto, más que temor frente a un desenlace específico, se observan algunos signos de mayor prudencia en el sector empresarial ante un escenario electoral todavía abierto, lo que empieza a reflejarse en ciertas decisiones de inversión.
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Dos factores que “compensaron” el impacto
Con todo, dos factores impiden que el retroceso de marzo se interprete como una señal de alarma.
El primero son los precios de los metales —en particular del cobre y el oro, principales productos de exportación del Perú— que se mantienen en niveles históricamente altos y sostienen los ingresos fiscales, las exportaciones y la inversión en el sector minero, además de ayudar a contener la presión alcista sobre el tipo de cambio sol-dólar tras el conflicto en Medio Oriente.
El segundo es la inercia positiva de una economía que cerró bien 2025 y mantuvo dinamismo en enero y febrero. Vale la pena recordar que la confianza empresarial para invertir se desplomó hacia terreno negativo en episodios verdaderamente disruptivos: durante la pandemia llegó a casi -70 y en la segunda vuelta electoral de 2021 alcanzó -58. El nivel actual no se parece a ninguno de esos episodios. Esto apunta a una señal de cautela, no necesariamente de alarma.
En conclusión, el retroceso de la confianza empresarial en marzo es real pero acotado. El choque energético asociado a la ruptura del gasoducto tiene naturaleza transitoria y no debería tener efectos duraderos sobre la actividad.
En cambio, los factores que seguirán marcando las expectativas en los próximos meses son el conflicto en Medio Oriente y el proceso electoral. La primera vuelta del 12 de abril será un hito clave para reducir —o amplificar— la incertidumbre política.
En un contexto en el que la economía todavía muestra señales de solidez, lo que ocurra en ese frente será determinante para definir si la cautela empresarial observada en marzo se disipa o se convierte en un freno más persistente para la inversión privada.
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El gasoducto ya está reparado. La vulnerabilidad, no
Por Donita Rodríguez, jefa de Análisis Macroeconómico - SAE de Apoyo Consultoría
Ducto de TGP. Foto: TGP
Durante casi dos semanas de marzo, el principal gasoducto del país dejó de operar. No fue una anomalía menor, sino una crisis energética con efectos reales: el precio spot de la electricidad se disparó, varias líneas de producción se paralizaron y la logística sintió el golpe.
Pero el costo más profundo no aparecerá en las cifras de un mes. Se verá en el daño reputacional que episodios como este imponen a un país que compite por atraer capital y en inversiones que ahora se revisarán con mayor cautela.
Los accidentes ocurren. La diferencia está en la capacidad de absorberlos. Perú no tiene almacenamiento estratégico de gas ni infraestructura de respaldo para momentos críticos, a diferencia de Colombia, que sí cuenta con mecanismos de respaldo pese a sus propios desafíos de suministro.
El gasoducto ya volvió a operar. Pero la vulnerabilidad permanece. Mientras se postergue la construcción de una seguridad energética, las empresas seguirán haciendo lo que ya hacen: asumir el riesgo y cubrir un vacío que deja un Estado ausente.
