En medio de buenos resultados económicos en abril, ya se identifican presiones de costos y debilitamiento en confianza empresarial que pueden reducir el dinamismo en los próximos meses. Además, ya se vislumbran temores de cara al accionar del próximo Gobierno del Perú y Congreso de la República.
Entre el 8 y el 12 de mayo, Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), para conocer el desempeño de sus ingresos al inicio del segundo trimestre, sus intenciones de invertir y contratar en los siguientes meses, y sus principales preocupaciones frente a la evolución de la coyuntura política.
Los resultados indican que el inicio del segundo trimestre fue bueno. El 37% de empresarios percibió ingresos por encima de lo esperado en ese periodo, proporción mayor que los que señalaron un desempeño inferior al previsto. Estos resultados son incluso mejores que los que registraron en febrero, cuando el 31% de empresarios indicó que sus resultados al inicio del año fueron mejores que lo anticipado.
Todo ello es consistente con los buenos indicadores económicos de abril. El consumo de cemento se ubicó 14% por encima de similar mes del 2025, el volumen importado de maquinaria creció cerca de 30% y la venta de vehículos, incluso por encima de esa tasa. Así, el PBI no primario –que descuenta las actividades extractivas y está más ligado a la demanda local– habría crecido a un ritmo de 4.5% el mes pasado, similar al del primer trimestre, que fue bueno.
En primer lugar, los precios de los metales siguen favorables para el Perú y han permitido un fuerte crecimiento del valor exportado. En segundo lugar, la inversión privada creció 10% en el primer trimestre, después de ajustar por inflación, y arrastra una inercia favorable al segundo trimestre por planes ya encaminados. Esto ha sido favorable para la creación de empleo formal.
En tercer lugar, hubo impulsos temporales como el buen reparto de utilidades entre marzo y abril, y la liquidez de los retiros de fondos de las AFP. A esto se sumó un fuerte crecimiento en los salarios de los trabajadores públicos. Estos factores han beneficiado a los mercados de consumo.
No obstante, ya se pueden identificar algunas señales de deterioro que podrían llevar a una moderación del dinamismo de la economía en los próximos meses. Además, de riesgos políticos claros.
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Señales de deterioro
Hay costos clave de la cadena de suministros que están subiendo como resultado de la guerra en Medio Oriente: combustibles, insumos para plásticos, fertilizantes y granos.
El alza de combustibles tiene efecto transversal para las empresas al encarecer el transporte; los demás incrementos golpean a sectores como el agrario, consumo masivo y materiales de construcción de manera diferenciada. En conjunto, estas presiones están comenzando a afectar los márgenes empresariales.
Esta alza en costos eleva el riesgo de que la inflación se mantenga alta el resto del año. Si las presiones sobre los precios del petróleo persisten, es difícil que los márgenes continúen absorbiéndolas y parte de la presión probablemente comenzará a trasladarse a los consumidores. De hecho, un tercio de los empresarios indica que tendría que hacerlo.
Ello sugiere que la inflación anual difícilmente bajará del 4% este año y eso dejaría estancada la capacidad adquisitiva de las familias.
Otro cambio clave es la caída notoria de la confianza empresarial, en indicadores como invertir y contratar. Tras poco más de dos años de relativo optimismo, los indicadores entran en terreno prácticamente neutral. Esto refleja una postura de cautela frente a los posibles resultados de la segunda vuelta. De sostenerse, implicaría una marcada moderación de la inversión privada en la segunda parte del año.
El factor político está influyendo en estas decisiones y se suma a la incertidumbre internacional. A los empresarios les preocupa la posibilidad de modificaciones a aspectos fundamentales del modelo económico. Entre las propuestas que más inquietan figuran el uso de las reservas internacionales para financiar gasto público y mayor participación del Estado en la economía.
Estas medidas son riesgosas por múltiples razones: disminuir las reservas nos vuelve más vulnerables frente a crisis externas; usarlas para financiar al fisco es inflacionario; estatizar empresas privadas desincentiva la inversión local y extranjera, y expandir la actividad empresarial estatal puede llevar a pérdidas fiscales, escasez de productos y pérdida de su calidad, debido a que el Estado ha sido, en general, un mal gestor históricamente.
Existen mecanismos institucionales que reducen la probabilidad de que se aprueben cambios económicos radicales. Su materialización exige modificar la Constitución o leyes, lo que requiere acuerdos congresales para alcanzar los umbrales de votación, que son exigentes, además, para los cambios constitucionales. Dada la composición actual del Congreso, ningún bloque ideológico tiene los votos para realizar estos cambios por sí solo y el consenso entre bloques en esos aspectos parece poco probable.
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Riesgos políticos
Persisten tres riesgos políticos clave que pueden afectar los negocios y la calidad de vida. Uno de los riesgos es el avance del populismo económico y de políticas públicas antitécnicas. Los últimos cinco años muestran que el Congreso logra consensos en propuestas populistas, aun cuando puedan tener alto costo económico. Otro es la extensión del Reinfo, que, en la práctica, blinda a la minería ilegal al eximir a los registrados de responsabilidad penal. Estos riesgos probablemente persistirán en el próximo quinquenio.
Así, entre las principales preocupaciones de los empresarios sobre el Congreso entrante figuran la continuidad de aumentos remunerativos públicos y la presión regulatoria sobre sectores específicos. En concreto, el 67% de los encuestados respondió que la aprobación de medidas populistas con impacto fiscal es el principal riesgo desde el nuevo Parlamento. Además, aunque más lejos, el 31% teme mayor presión regulatoria sobre el sector privado (permisos, multas, leyes).
El segundo son cambios adversos en la relación entre el sector público y el privado, sobre lo cual el Poder Ejecutivo tiene amplio margen de acción sin pasar por el Congreso. Por ejemplo, Sunat y Sunafil dependen de la PCM, y en los últimos cinco años su fiscalización se ha vuelto más impredecible y arbitraria. Esto encarece la operación de las empresas formales.
El tercero, es que se profundice el deterioro en la gestión pública y en la provisión de servicios públicos. Este deterioro se explica en parte por la mayor inestabilidad ministerial: por ejemplo, la permanencia promedio del ministro del Interior pasó de 9 meses en el periodo 2001-2016 a 3 meses en 2021-2026, lo que dificulta que haya una estrategia continua y efectiva contra la inseguridad. A esto se suma el riesgo de copamiento del Estado por gente sin el perfil técnico adecuado.
Ojos bien abiertos ante lo que puede venir
Por Pablo del Águila, jefe del SAE de Apoyo Consultoría
Los buenos resultados de la economía en abril no debieran llevar a subestimar el impacto de los cambios adversos de los últimos meses ni el de los potenciales riesgos para el segundo semestre (fenómeno de El Niño, precio alto del petróleo, elecciones, etcétera), especialmente en el ámbito político. Se puede hacer mucho daño a la economía, los negocios y la sociedad incluso sin modificar el capítulo económico de la Constitución, y eso no parece estar recibiendo atención suficiente.
Ninguno de los candidatos en la segunda vuelta fue la primera opción para el 76% de los votantes. Para muchos será un voto difícil, con resignación y frustración, y con la sensación de un déjà vu del 2021.
Sin embargo, eso debiera llevar a mayor escrutinio sobre las hojas de vida de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sus círculos cercanos y lo que podrían hacer si son elegidos, no a cerrar los ojos y a desentenderse de la política. En el 2025, hubo más gente pobre y vulnerable que en el 2019, según INEI. Hay mucho en juego como para no prestar la debida atención.
