El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, señaló a mediados de este mes que desde el Gobierno del Perú no se había descartado elevar leyes que generen gasto al Perú ante el Tribunal Constitucional (TC). Pero, aún esperarán que pase la segunda vuelta electoral para tomar una decisión.
“Nos preocupa el tema de los CAS, [el que le otorga] aguinaldos y CTS. No somos contrarios a las leyes, generan beneficios a los trabajadores, pero su implementación... a veces hasta la redacción está mal hecha. Se requiere dar gradualidad a la hora de implementar y establecer pautas importantes: a partir de cuándo le pagas la CTS a un CAS, por ejemplo. Han dejado vacíos”,alertó semanas atrás.
El ministro del MEF mostró preocupación por la reciente ley que otorga Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Foto: Andina
Ahora, el MEF envió un comunicado para señalar su “respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes”.
El ministerio precisó que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público. Esto, pese a las advertencias de analistas y del propio Consejo Fiscal sobre su alto costo para las cuentas públicas.
“El ministerio reconoce la importante labor que realizan los trabajadores del país y ratifica su disposición permanente al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales, en el marco de la negociación colectiva centralizada y de los espacios institucionales correspondientes”, refiere en la comunicación.
Es más, agregó que se continuará evaluando, junto con los sectores involucrados, mecanismos responsables y sostenibles que permitan avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, “preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país”.
Cabe recordar que ya desde Gestión, distintos analistas han advertido del alto costo para el país de algunas de las leyes aprobadas. Vale recordar que, a finales de marzo y solo como un ejemplo, el CF advirtió en un comunicado que 11 leyes que el Congreso aprobó comprometerán severamente la sostenibilidad fiscal del país. 7 de esas 11 normas representan un costo anual permanente de al menos S/ 11,400 millones para el Estado peruano.
