Cuando la ciudad crece primero y las conexiones a los servicios básicos llegan después, la factura suele ser más alta. Perú es un claro ejemplo: buena parte de la disparidad en el acceso al agua potable y saneamiento no logra aplacarse ni con presupuestos multiplicados porque tiene detrás una historia de expansión urbana desordenada.
Así lo advirtió Álvaro Espinoza, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), durante el Nexo Summit 2026, organizado por la Confederación de Desarrolladores inmobiliarios del Perú (Codip).
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El punto débil: la expansión en zonas inadecuadas
Al respecto, Grade elaboró un estudio para analizar la situación del agua potable y saneamiento en 8 ciudades del Perú: Ica, Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo, Lima, Tarapoto y Trujillo, las cuales concentran cerca de un tercio de la población urbana nacional.
Espinoza explicó que, entre 2017 y 2024 se construyeron aproximadamente 135,000 nuevas edificaciones en estos puntos. No obstante, el 68% (casi 7 de cada 10) se ubicó fuera del área de prestación de la EPS y de los sectores hidráulicos; es decir, en zonas sin infraestructura de agua. La autoconstrucción juega un rol importante.
Le sigue un 19% que se posicionó dentro del área de la EPS, pero fuera del sector hidráulico, lo que significa que no tenía posibilidad de conexión directa. Y solo el 13% apuntó a un sector hidráulico.
Ante ello, el especialista resaltó que la brecha se reitera porque la ciudad se expande en zonas desprovistas de servicios más rápido de lo que el Estado logra extender la red.
Distribución gratuita de agua potable a los piuranos. (Foto: difusión)
Las 2 formas de crecimiento urbano
El estudio, además, tipifica la expansión de las ciudades en dos modelos. El primero es el modelo reparador, que, según detalló Espinoza, empieza con una ocupación informal del espacio y, posteriormente, da pie a una construcción de vivienda. Continúa, así, con la intervención del Estado para una ejecución de obra y culmina con el servicio.
Esta dinámica representa cerca del 80% de la nueva expansión urbana, pero es nociva porque el 93% de las viviendas no tiene agua. Además, la implementación del servicio tarda en promedio 12 años: 6 años desde la ocupación familiar hasta la propuesta del Estado, y 6 años más de tramitación y ejecución del proyecto.
Y hay otra consideración: un proyecto público cuesta en promedio entre S/ 15,000 y S/ 16,500 por conexión, la cifra es tres veces mayor en comparación con la que podría conllevar el segundo modelo, el preventivo.
Pese a la minoría, el modelo representa el 68% del nuevo acceso efectivo a agua y saneamiento en las 8 ciudades. Esto se avala en que su ejecución es considerablemente más rápida y el costo es menor.
Absorbe, acotó el vocero de Grade, alrededor del 30% de la brecha nueva anual.
Distribución de agua potable a miles de familias arequipeñas en estado vulnerable. (Foto: Ministerio de Vivienda)
El “desajuste” en la inversión pública
En esa línea, Espinoza expuso por qué la inversión pública no logra materializarse en servicio: de una cartera pública de S/ 33,000 millones declarada viable desde 2017 en estas ciudades, solo se ha ejecutado el 6% (S/ 2,000 millones).
“En proyectos con más de 5 años de maduración, 3 de cada 10 no se materializan”, indicó y brindó más data: 22% fallaron definitivamente y 8% nunca iniciaron.
Además, fue enfático al mencionar que el sistema de agua requiere una secuencia completa: fuente, producción, transporte, almacenamiento, distribución; no obstante, más de la mitad de los proyectos públicos financian solo una pieza aislada de la cadena, sin garantizar el ensamblaje final para dar servicio.
A ello se suma que los distintos niveles de gobierno (municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales y ministerios) ejecutan todo tipo de componentes sin especialización.
Shock de gestión
A su turno, Hania Pérez de Cuellar, extitular del Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), subrayó que el principal acierto del estudio es centrar el debate en los modelos de gestión —preventivo o reparador— en lugar de la discusión sobre si la administración debe ser pública o privada.
Asimismo, dijo que el agua no debe abordarse únicamente como un derecho universal, sino como un bien económico estratégico indispensable para sostener el ecosistema inmobiliario.
José Salardi, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y director ejecutivo institucional de Codip, se sumó a las intervenciones y propuso aplicar un “shock de gestión” que incluya una reestructuración radical en las empresas prestadoras, lo que abriría paso a la gestión privada en operadoras como Sedapal.
