La Fiscalía pidió una condena de 5 años y 4 meses de cárcel contra el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
Se acusa al aspirante —que pugna por pasar a la segunda vuelta electoral— de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes, según RPP.
Carlos García, abogado de Roberto Sánchez, indicó que ambos delitos sindicados corresponden a un mismo hecho, es decir, la presentación de informes financieros ( que datan del 2020 y 2021).
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También se pide la inhabilitación de Sánchez Palomino como cabeza de la agrupación política.
El letrado sostuvo a RPP que en lo relacionado al 2020 se calificó como delito de falsa declaración, y en 2021, como falseamiento de la información sobre aportación —considerando que este último recién existe desde este año—.
“En realidad, es la misma conducta. Para el señor Sánchez, están pidiendo la pena de cinco años y cuatro meses. Nosotros creemos que hay algunas cosas que ver antes de que se emita un nuevo auto de enjuiciamiento”, mencionó.
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García agregó que a Roberto Sánchez no le alcanza la responsabilidad por los informes financieros de Juntos por el Perú, los cuales son elaborados por su tesorería y él tuvo que presentar ante la ONPE como presidente del partido.
“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido (...) Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, acotó al medio citado.
Mientras el Ministerio Público pide cárcel para Roberto Sánchez, su abogado afirma que el candidato solo remitió información elaborada por el tesorero del partido. Foto: GEC
Cabe recordar que el Ministerio Público señala a Sánchez Palomino de no declarar más de S/ 200,000 que iban destinados a su partido, pero que terminaron en cuentas personales de su entorno más cercano.
El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia en la que se decidirá si el candidato presidencial va a juicio oral.
