Roberto Sánchez, postulante por Juntos por el Perú (JP), suma 1′878,896 votos a nivel nacional hasta las 5:00 a.m. del jueves 16 de abril y se mantiene peleando con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), en un margen de menos de 10,200, por un pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Allí espera Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para el balotaje final, programado para este domingo 7 de junio, en menos de ocho semanas.
Con vista a dimensionar sus propuestas y orientaciones en el ámbito económico, Gestión revisó su plan de Gobierno subido al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y declaraciones ante la prensa.
En general, el candidato se presenta opositor a fomentar la inversión privada, clave para la generación de empleos de calidad y reducción de la pobreza por su componente dinamizador de sectores económicos.
Restricciones a la inversión minera formal
Sánchez, que postula como vicepresidentas a Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio y se ha mostrado con Antauro Humala, apunta la reducción del tiempo de las concesiones mineras sin actividad de 30 años a solo cinco. Este tema, de hecho, viene siendo impulsado en el Congreso: en una comisión ya se aprobó un dictamen del tema.
Para Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), esta propuesta resulta totalmente contraria a lo que necesita el Perú para ampliar y potencia su sector minero.
“Lo que se necesita es promover las inversiones en exploraciones y para eso se requiere de un plazo mayor. Este tipo de propuestas lo único que busca es que las concesiones puedan ser liberadas más rápidos. Genera inestabilidad”, indicó.
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Con esto coincide Luis Miguel Castilla, extitular del Ministerio de Energía y Minas (MEF), al considerar que la medida es inviable respecto a los plazos que realmente demanda ejecutar un proyecto minero.
“La propuesta ignora que hay que pasar por un proceso solo de consulta previa de alrededor de 15 años, dependiendo de la ubicación del yacimiento. Claro que hay plazos más cortos en otros países, pero responde a plazos de permisos y licencias cortísimos. Esto evidencia un total desconocimiento de cómo funciona el sector minero”, comentó.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el desarrollo de proyectos mineros en Perú demora, en promedio, 40 años, muy por encima del promedio mundial de 16 años. Esto, considerando la tramitología, procesos de consulta previa y demás.
Incháustegui agregó que reducir el plazo para la concesiones solo generará que se ahuyente a la inversión minera formal, facilitando directamente el avance de la minería ilegal, con una expansión considerable en los últimos años en el país.
“Se ahuyenta a la inversión privada, estos terrenos quedan libres y listos para el avance de la minería ilegal. Ellos entran sin permiso y freno de nadie”, criticó
La minería ilegal viene creciendo en el país sin mayor freno. (Foto: Andina)
El exministro de Minas sumó que la propuesta no aborda el problema central alrededor de las concesiones mineras: ¿Cómo hacer que los titulares lleguen a acuerdos con mineros artesanales? Esto, en un contexto donde más de la mitad de las concesiones invadidas corresponde a pequeños mineros y no a la mediana y gran minería, como se presume.
Otra propuesta de Sánchez en este campo es “incrementar las regalías minero-energéticas en 20%”.
Castilla consideró esta iniciativa como despropósito, pues solo ocasionará que la inversión privada decida aterrizar en países que le ofrezcan mejores condiciones. Ejemplificó esto con Argentina y el sector energético, donde la tasa que se aplica es de alrededor de 20% frente al 40% del Perú.
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Inchaustegui apuntó que la propuesta distorsiona la realidad y no ataca el problema de fondo en este caso: la disponibilidad de recursos para concretar el cierre de brecha de acceso a servicio básicos, infraestructura y otros.
“El problema no es cuánto dinero de estos sectores se transfiere a las regiones, sino por qué se queda solo en el banco. El tema no es generar más recursos, sino ayudar con la eficiencia técnica de las autoridades para que gasten estos recursos”, apuntó.
Revisión de contratos ley
En el plan de Gobierno de Juntos por el Perú también aparece como medida “renegociar contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”.
Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult (SIM), sostuvo que esta propuesta es totalmente lesiva y busca darle un trato diferente a la inversión privada, pero con más énfasis en la extranjera.
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“Sánchez tiene una visión negativa de la inversión privada, en especial si es extranjera. Lo que se busca es asustar a los inversionistas, evitar que vengan y, con ello, se complica el crecimiento de mediano y largo plazo”, puntualizó.
Jiménez detalló que la relevancia de la inversión radica en su potencial para generar empleo, pues eleva la capacidad productiva del país.
A su turno, Castilla comentó que se trata de una promesa vacía porque para efectuarlo se necesita de un cambio en la Constitución, lo que significa una aprobación del Congreso. Esto lo observa remoto.
Precios al consumidor e impuestos
Desde Juntos por el Perú, además, consideran el “control de precios en sectores de crisis”.
Para Jiménez, esta medida es otra muestra del desconocimiento de cómo funciona la realidad. Las consecuencias que observa es que las empresas terminarán produciendo menos productos, porque el precio no cubrirá los costos, y se generarán carencias.
“El efecto es más negativo porque el que pueda comprar va a hacerlo con un precio más alto, es decir, afectará a los más vulnerables económicamente. Todo esto generará un mercado negro, donde la ventas se darán escondiéndose”, explicó.
Desde Juntos por el Perú, además, consideran el “control de precios en sectores de crisis”. | GEC
Su plan de Gobierno también plantea la creación de un sistema tributario progresivo, considerando el “impuesto a grandes fortunas en situación de crisis y la eliminación de exoneraciones”.
En el primer caso, Jiménez indicó que estos impuestos solo genera la movilización de grandes capitales, por lo que el efecto de recaudación sería hasta limitado.
Sobre las exoneraciones, el economista refirió que las eliminaciones deben darse, pero en un Gobierno con una posición clara contra la inversión no se prevé que se realice de manera técnica.
“El proceso será visto con mucha desconfianza y hasta con tintes de oportunismo, chantajeando a algunos sectores. El proceso para eliminarlas tiene que ser claro, técnico”, subrayó.
Mercado laboral
Para el mercado laboral, Sánchez propone la creación del Instituto Nacional por la Empleabilidad. “Con el objetivo de centralizar las coordinaciones respecto a la orientación vocacional, capacitación, certificación a jóvenes y el fomento de la empleabilidad de las instituciones de educación superior”, señala su plan.
Al respecto, Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, indicó que todas estas funciones ya las cumple, actualmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el de Educación, por lo que esta creación sería agregar burocracia.
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“Lo que se necesita es que los actores involucrados se pongan las pilas y que tengan coordinaciones”, comentó.
Otra propuesta laboral es impulsar un “programa de primeras prácticas profesionales”. “Se implementarán 10,000 plazas para prácticas profesionales en los diferentes niveles de Gobierno del sector público a las cuales se accederán a través de un concurso público transparente”, detalla el plan.
Sobre esto, Jaramillo apuntó que, aunque ya se puede realizar en la actualidad y enfocándolo de una manera, no resulta una política sostenible.
“Sostenible es el empleo en el sector privado. Hay que motivar más el empleo de jóvenes en ese ámbito, hay que subsidiar capacitaciones a través de las propias necesidades que las empresas identifiquen”, subrayó.
En esta línea, criticó la actual política del Estado que es sumamente rigurosa para considerar los procesos de capacitación como costos dentro de las empresas y no tributen, a fin de fomentarlo.
“Actualmente, te dicen que si capacitaste a dos trabajadores no aplica, sino que deben ser 100, por ejemplo. Es muy riguroso. A veces, las empresas no necesitan amplias capacitaciones, sino solo las de un grupo reducido, de un área en específico”, valoró.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
