La investigación preparatoria que se realiza en el Ministerio Público al expresidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda continuará su curso.
El juez provisional Juan Carlos Checkley declaró infundada una cuestión previa planteada por la defensa legal del exmandatario, en la cual solicitaban la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio Público, así como los incidentes registrados hasta el 17 de marzo, y el cese inmediato de la prisión preventiva que lo mantiene en Barbadillo.
Castillo Terrones criticó la decisión de la Fiscalía de proseguir con el ejercicio de la acción penal y el impulso del proceso, y consideró que se habría omitido un requisito de procedibilidad relacionado con la estructura orgánica y la conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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No obstante, el juez Checkley indicó que los supuestos planteados por la defensa de Pedro Castillo no constituyen exigencias legales previas que deban cumplirse para que la Fiscalía ordene la formalización y continuación de la investigación preparatoria.
Según la resolución —emitida el 13 de abril— a través de una cuestión previa no corresponde analizar cuestionamientos ajenos que no estén vinculados a la verificación de los requisitos de procedibilidad para la apertura de un proceso penal.
“Al no haberse verificado la inobservancia de requisito de procedibilidad alguno para la formalización y continuación de la investigación preparatoria en el presente proceso especial, corresponde desestimar el medio técnico de defensa propuesto y declarar infundada la cuestión previa deducida por la defensa”, menciona el documento.
Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Fotos: Julio Reaño / @photo.gec
¿Por qué se investiga a Pedro Castillo?
Por el caso Petroperú, la Fiscalía abrió una investigación contra el expresidente por el presunto tráfico de influencias y colusión agravada, y se le atribuye una intervención indebida en la licitación para obtener biodiésel B100 a Petroperú.
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En el caso Puente Tarata, se le imputa haber intervenido “indebida e indirectamente” para que el MTC otorgue la buena pro al Consorcio Puente Tarata III en un proceso irregular con el entonces ministro Juan Silva.
Mientras que en el caso MVCS, imputa a Pedro Castillo haber liderado una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
