Un proyecto de reforma constitucional presentado en el Congreso de la República plantea que las universidades, institutos y escuelas superiores privadas ya no estén exoneradas de impuestos y empiecen a tributar por los servicios que prestan.
La propuesta del parlamentario Américo Gonza (Perú Libre) plantea para ello la modificatoria del artículo 19 de la Constitución Política, suprimiendo la “inafectación de todo impuesto” para dichos centros de formación, ya sea a nivel directo o indirecto.
“Las universidades, instituciones privadas y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia están sujetas al pago de los impuestos directos e indirectos establecidos por ley respecto de los bienes, actividades y servicios que desarrollen, conforme al régimen tributario vigente”, señala el texto propuesto.
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Además, como disposición complementaria, se indica que el Poder Ejecutivo, deberá adecuar la legislación tributaria y educativa respectiva en un plazo no mayor de 120 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma.
De igual modo, se propone, en el mismo texto, derogar, modificar o dejar en suspenso todas las normas y reglamentos que resulten incompatibles con su aplicación.
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Congreso de la República
Exposición de motivos
El parlamentario indica, en la exposición de motivos del proyecto, que este busca preservar los beneficios para las casas de estudios superiores que sí operan sin fines de lucro y establecer “la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado para aquellas instituciones que desarrollan actividades con fines lucrativos”.
Se señala que el beneficio de inafectación tributaria se ha aplicado de manera generalizada a todas las instituciones educativas privadas, incluyendo a estas últimas. Agrega que ello ha causado una serie de distorsiones en el sistema tributario y en el funcionamiento del mercado.
“Una reforma constitucional que diferencie claramente entre la educación sin fines de lucro y la educación como negocio es el único camino para garantizar que, quienes obtienen beneficios millonarios, también aporten de manera proporcional al sostenimiento de los servicios públicos”, indica el texto.
Asimismo, la iniciativa de Gonza Castillo refiere que, al eliminar dichas exoneraciones, el Estado podrá reinvertir los recursos recaudados directamente en la modernización y el aumento de la calidad de la educación pública.
