Con 58 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que reúne los proyectos de ley 7238/2023-CR, 7922/2023-CR, 9187/2024-CR y otras iniciativas, orientadas a modificar el Código Penal Militar Policial (Decreto Legislativo 1094) y el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957).
La propuesta legislativa tiene como finalidad precisar el alcance del delito de función, fortalecer la actuación de la jurisdicción militar policial y establecer sanciones más rigurosas para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participen en actividades vinculadas al crimen organizado.
Entre los principales cambios planteados figura una redefinición más precisa del concepto de delito de función, con el propósito de reforzar la competencia del fuero militar policial y evitar la existencia de procesos paralelos cuando los hechos investigados estén relacionados con el cumplimiento de funciones militares o policiales.
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Asimismo, el dictamen incorpora agravantes penales para los efectivos que formen parte, colaboren o tengan participación en bandas u organizaciones criminales. En los casos más graves, las sanciones podrían llegar hasta la cadena perpetua.
Durante la sustentación de la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Karol Paredes Fonseca, señaló que la propuesta busca corregir vacíos normativos que actualmente generan controversias sobre la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la militar policial.
La legisladora añadió que la reforma también responde a la necesidad de enfrentar los riesgos de infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad del país.
El dictamen contempla penas más severas, incluida la cadena perpetua, para efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que integren o colaboren con organizaciones criminales. Foto: Congreso.
En esa línea, sostuvo que la lucha contra estas organizaciones exige contar con instituciones libres de actividades ilícitas y con un marco sancionador acorde con la gravedad de los delitos cometidos por quienes integran dichas entidades.
A su turno, el congresista Alejandro Muñante, autor de una de las iniciativas acumuladas en el dictamen, indicó que la propuesta fortalece el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al permitir que los efectivos sean procesados por la jurisdicción militar policial cuando las denuncias estén vinculadas al ejercicio de sus funciones.
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“Se puede garantizar una justicia objetiva e imparcial y, sobre todo, una justicia que entienda perfectamente la labor que nuestros efectivos están realizando”, manifestó durante el debate.
De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, la iniciativa deberá ser sometida a una segunda votación luego de transcurridos siete días calendario.
