
El partido Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de los votos provenientes del extranjero en las Elecciones 2026.
A través de un comunicado, el canciller precisó haber actuado con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo y a la autonomía de los organismos electorales.
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Asimismo, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el proceso, se limitó a cumplir funciones logísticas y consulares en coordinación con las entidades electorales competentes, conforme a lo establecido por la ley.
Pareja también señaló que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados, no son competencia de su cartera, sino de los organismos electorales autónomos.
“Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la “denuncia constitucional” presentada. Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas”, se lee en su pronunciamiento.
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La denuncia no tiene sustento, señala Quiroga
Para el abogado Aníbal Quiroga, el recurso presentado por Juntos por el Perú no tendría sustento jurídico ni efectos sobre el proceso electoral.
El letrado señaló que la organización de las elecciones en el extranjero es responsabilidad de los consulados, no de la Cancillería ni de los embajadores.
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Asimismo, indicó que la denuncia seguirá el trámite regular, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidirá si la admite y, de ser así, se nombrará un congresista para investigar y elaborar un informe.
Sin embargo, advirtió que los tiempos parlamentarios hacen poco probable que la denuncia tenga efectos en la legislatura actual, por lo que, de prosperar, sería resuelta en el siguiente periodo parlamentario.
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“Entonces, esta denuncia, si prosperase sería para la Cámara de Diputados del próximo gobierno. O sea, no tiene ningún impacto en el proceso electoral. Es más, una expresión política que una realidad jurídica”, dijo en RPP.







