
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, cuestionó la forma en que se vienen realizando algunas intervenciones policiales tras el secuestro y cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo, y se refirió específicamente a la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, durante una conversación con uno de los detenidos.
Gálvez sostuvo que la presentación pública de personas detenidas no corresponde y recordó que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal establecen garantías que deben ser respetadas durante una investigación.
“En realidad, ese tipo de presentaciones están prohibidas por el Código Procesal Penal y por la misma Constitución. Lamentablemente se ha hecho costumbre que la Policía, queriendo mostrar la eficacia de su trabajo, en casos de impacto, presenta a los detenidos y no debería producirse. Está expresamente prohibido por las normas”, afirmó a Exitosa.
“Siempre, en toda investigación, está presente el derecho de presunción de inocencia, el debido proceso, el plazo razonable, entre otros. Entonces, al presentarlo como un responsable ya estás afectando la presunción de inocencia”, sostuvo.
Gálvez cuestiona presencia de Belaúnde
El titular del Ministerio Público explicó que debe distinguirse entre una declaración formal y una entrevista previa. En una declaración formal, el fiscal dirige la diligencia y participa junto con el efectivo policial encargado de la investigación. Una conversación previa, en cambio, tiene una naturaleza diferente.

“El fiscal está en la declaración, digamos, formal que se le toma y el fiscal dirige inclusive la declaración. Va a interrogar conjuntamente con el efectivo, el instructor policial”, explicó.
En ese sentido, consideró que la participación de Belaúnde en una conversación con el detenido no fue apropiada.
“¿Que sea buena, que corresponda, que sea pertinente? No lo es, definitivamente, porque, como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, señaló.
No obstante, Gálvez precisó que no observa necesariamente una prohibición legal que impida a un ministro conversar con un detenido en presencia de las autoridades policiales.
“Que no es pertinente porque puede entorpecer, es cierto, pero que haya una prohibición a la máxima autoridad, en este caso un ministro, que pueda interrogar en presencia del comandante general o del instructor de la investigación. Por lo menos no veo que configure delito o sea propiamente ilegal”, indicó.
Sin embargo, aclaró que una conversación de estas características no forma parte de las diligencias formales de investigación y, por ello, sus manifestaciones no tendrían el mismo valor que una declaración oficial.
“Eso no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación”, afirmó.
Riesgo para la investigación
Gálvez también advirtió que la exposición de los detenidos podría terminar favoreciendo a otros integrantes de una eventual organización criminal, al revelar información sobre las acciones de la Policía y el Ministerio Público.
“Por otro lado, ya estás mostrando tus cartas a los investigados. Si fuera un caso de una sola persona, no hay problema. Pero si es de una banda criminal, donde hay más involucrados, (puedes permitir) que tomen sus precauciones y puedan perturbar la investigación”, precisó.
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Finalmente, consultado sobre las versiones de que los detenidos habrían firmado actas reconociendo su participación en los hechos, el fiscal de la Nación señaló que no podía confirmar con precisión esa información.
Explicó que un eventual reconocimiento realizado ante autoridades policiales podría tratarse de una manifestación informal y no necesariamente de una diligencia propia de la investigación.







