Hablar de competencia en los mercados suele llevarnos a discutir qué deben o no deben hacer las empresas. Y está bien que así sea. Una economía de mercado necesita empresas que compitan intensamente, respetando las reglas, al consumidor y a sus competidores.
Sin embargo, hay una parte de la ecuación de la que hablamos mucho menos: la responsabilidad del Estado de garantizar que esa competencia se produzca en igualdad de condiciones.
Una empresa que paga impuestos, obtiene licencias, cumple regulaciones, registra sus productos, respeta estándares técnicos, invierte en seguridad y asume todos los costos asociados a operar dentro de la ley no compite en igualdad de condiciones frente a quien simplemente decide ignorarla.}
Pensemos en situaciones muy concretas. Un producto falsificado no solo vulnera derechos de propiedad intelectual. Puede engañar al consumidor, poner en riesgo su seguridad y desplazar del mercado a quien invirtió en desarrollar un producto cumpliendo todos los estándares exigidos.
Lo mismo ocurre con el contrabando. Alimentos, cerveza, cigarrillos, bebidas y muchos otros productos pueden ingresar a circuitos ilegales evitando impuestos, controles sanitarios y otras obligaciones que sí asumen las empresas formales.
Y el principio es exactamente el mismo cuando alguien pretende desarrollar una actividad económica o construir una planta sin contar con las autorizaciones obligatorias. Quien invierte tiempo y recursos en obtener permisos no debería terminar en desventaja frente a quien decide avanzar sin ellos.
Esto resulta especialmente importante porque la legislación peruana ya reconoce que obtener una ventaja competitiva significativa mediante la infracción de normas puede constituir un acto de competencia desleal. También contempla supuestos relacionados con el desarrollo de actividades económicas sin las autorizaciones obligatorias correspondientes. El problema, entonces, no siempre es la ausencia de reglas. Muchas veces es nuestra incapacidad para hacerlas cumplir. Ahí está uno de los grandes desafíos del Estado peruano.
Necesitamos menos obsesión por crear nuevas obligaciones para quienes ya son formales y mucha más capacidad para fiscalizar a quienes operan fuera de las reglas. Fiscalizar bien no significa multiplicar inspecciones, trámites o sanciones sobre las mismas empresas de siempre. Significa utilizar inteligencia, información, tecnología y coordinación institucional.
Un Estado que fiscaliza únicamente al que puede encontrar fácilmente termina premiando al que evade sus controles.
La economía de mercado necesita competencia. Pero necesita, antes que nada, reglas iguales para todos. El Gobierno debe exigir conducta responsable al sector privado. Por supuesto. Pero tiene una obligación igualmente importante: hacer cumplir la ley.
Porque la mejor política de competencia empieza por algo bastante elemental: que cumplir las reglas nunca sea una desventaja competitiva.
Jaime Dupuy es director ejecutivo de ComexPerú
