Siempre se ha señalado y aceptado políticamente que los ministros de Estado son los fusibles de cualquier Gobierno. Al igual que un fusible eléctrico, se funden para cortar la corriente y proteger así al sistema principal de un cortocircuito.
Se trata, en realidad, de una expresión que muestra a los ministros como piezas prescindibles de un Gobierno, siempre dispuestas a “quemarse” (asumir una culpa y renunciar) o ser “quemadas” (ser invitadas a renunciar o ser despedidas) frente a una crisis determinada, cuando su permanencia se vuelve insostenible por cuestionamientos a su gestión o por la pérdida total de credibilidad, para absorber el costo político y proteger así la imagen y la estabilidad del presidente. Por esta razón, se dice, juran el cargo con la carta de renuncia bajo el brazo.
Sería bueno que la mandataria elija bien si quiere seguir siendo pararrayos, con todo el riesgo que ello conlleva, o si prefiere seguir el ABC de la política. (Foto: Andina)
Esto, que es casi un ABC de la política, se aplica también en otros altos niveles de la administración pública. Ahí tenemos el caso, muy reciente, de la renuncia de la excongresista Tania Ramírez al cargo de representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial, para evitar que la situación termine “… perjudicando al Gobierno, al Ministerio de Educación y la propia trayectoria de José Antonio Chang Escobedo”, que fue quien la nombró.
En las últimas semanas, y con mayor incidencia en los últimos días, varios ministros de Estado y altos funcionarios se han visto envueltos en crisis de diferente intensidad y han recibido fuertes críticas que han llegado desde diferentes sectores y, en algún caso, hasta desde el mismo oficialismo.
Esas crisis han sido generadas por diferentes circunstancias, aunque, hay que decirlo, en la mayoría de los casos, se han producido por errores propios, descoordinaciones internas, contradicciones entre ministros y funcionarios y medias verdades lanzadas imprudente e innecesariamente desde el mismo Gobierno.
En otras columnas como esta hemos dado cuenta de varias de estas descoordinaciones, errores y contradicciones desde el inicio del Gobierno, que han involucrado a los ministros de Justicia, Cultura y RR.EE., entre otros. Sin embargo, a los pocos días, el problema no solo no se ha corregido, sino que se ha vuelto más notorio y ha tenido como protagonistas al ministro de Educación, a los ministros de Defensa e Interior y a los más altos jefes policiales.
En todos los casos, y a pesar de todos los cuestionamientos que se han producido y que aún se mantienen con la misma intensidad, como ocurre con el ministro de Defensa, o de los pronunciamientos posteriores, como en el caso del comandante general de la Policía, la presidenta ha salido a respaldar las versiones de todos sus ministros y funcionarios, incluso aquellas que generan las mayores dudas o las que pueden traer un costo político para el sector, para el Gobierno o para ella misma, y, en los hechos, les ha salvado la “vida” y les ha ratificado su confianza.
En este caso, ninguno de los ministros o altos funcionarios ha sido un fusible. En realidad, la presidenta, antes de “quemar” a alguno de sus ministros o funcionarios, ha preferido actuar como el pararrayos del Gobierno. Es decir, desde la parte más alta del Ejecutivo, ha atraído el rayo y ha buscado conducir la descarga hacia otro tema, intentando voltear la página rápidamente.
Es un ejercicio riesgoso el que elige la presidenta. Porque, cuando hablamos de costo político, no hablamos solo de una probable caída en las encuestas o de la paulatina pérdida de confianza y credibilidad. Al mantener a personas que ya generan dudas o cuya presencia se vuelve insostenible en la entidad o en la percepción de la población, empiezan las preguntas y los rumores sobre las razones de ese apoyo incondicional, se desestabiliza el sector y se “invita”, sin querer queriendo, a que desde el interior del mismo sector o entidad siga saliendo información que dañe al titular.
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A veces se cree que cambiar a un ministro o funcionario al inicio de la gestión es una muestra de debilidad que un político no debe conceder. Pero es al revés, porque, cuando no se toma la mejor decisión, ese político se convierte en rehén y no en el líder que conduce.
Otros dos tipos de “fusibles” también empiezan a aparecer. Se trata de excongresistas que parecen no poder o no querer conseguir trabajo en otro espacio que no sea la administración pública o que no esté cerca del poder político y que mueven todos sus hilos para ser asesores o funcionarios en el mismo Congreso o en ministerios. En algunos casos, y contra viento y marea, consiguen los contratos y los puestos o terminan siendo expuestos públicamente. Ellos y ellas, en cualquier momento, terminan siendo «renunciados», justificando su salida como un gran sacrificio, o son negados por sus “padrinos” o “madrinas”.
Y el otro tipo de “fusibles” que empieza a aparecer es el de los nuevos tránsfugas. Esos que, a pesar de que el Congreso anterior nos dijo que ya no tendríamos tránsfugas, son capaces de dar un triple salto volador y pasar de un extremo a otro por el solo hecho de que no les dieron una presidencia de comisión. ¿Se puede confiar en ellos?
Este tipo de “fusibles”, que genera el aplauso de quienes creen que así se consolida la gobernabilidad, tendrá la misma conducta aquí o allá y será “quemado” en cualquier momento o no tendrá ningún inconveniente en quemarse cual “bonzo” con tal de saciar su apetito político o de cualquier otro tipo. Si ahora los tránsfugas son los héroes de la gobernabilidad, no nos quejemos después.
Sería bueno que la presidenta elija bien si quiere seguir siendo pararrayos, con todo el riesgo que ello conlleva, o si prefiere seguir el ABC de la política.
Enrique Castillo es periodista.
