1 Gracias a la inversión privada, desde hace más de 22 años contamos con gas natural (GN) en Lima y Callao. Cerca del 60% de los hogares de la capital tiene acceso al gas a tarifas competitivas (gracias, en parte, al alto volumen de demanda). En otras regiones del país, especialmente en el sur, la historia es otra: el porcentaje de familias que accede al GN es mínimo, lo cual es paradójico, pues la mayor parte del gas proviene del Cusco.
2La desigualdad de oportunidades que esto genera es difícil de justificar. La brecha entre Lima y el sur se ha agravado y la fractura social se ha profundizado. El malestar político que esto trae lo constatamos en los resultados de las elecciones generales cada cinco años con la consolidación del voto antisistema en la regiones del sur. Sus reclamos parecen ser solo escuchados por los políticos en campaña electoral y luego son simplemente olvidados. No atender la demanda por GN del sur constituye un despropósito que atenta contra la sostenibilidad del modelo económico y la estabilidad política y social del país.
El Osinergmin debe supervisar con rigor técnico, impedir una sobrecompensación y proteger al usuario. Pero también debe demostrar que en el Perú los contratos se respetan. (Foto: GEC)
3Por lo menos desde el Gobierno de Ollanta Humala, el Estado ha realizado diversos intentos para atender esta necesidad, pero todos han fracasado. La masificación del gas en el sur es un problema complejo. El reducido tamaño de la demanda, la baja densidad poblacional y la difícil geografía son todos factores que contribuyen a que la solución sea muy costosa. Esto, junto a la desidia de nuestros gobernantes, no ha permitido resolver el problema hasta ahora. El proyecto para llevar gas a siete regiones del sur lleva dando vueltas desde el 2013. La última licitación de ProInversión quedó desierta en el 2021, incluso con subsidio estatal. Cinco años después, seguimos discutiendo cómo hacerlo.
4 En ese contexto, aparece la propuesta de la empresa encargada de la distribución del GN en Lima y Callao, que consiste en incluir siete regiones del sur en su área de concesión y ampliar el plazo del contrato por diez años. Durante esta extensión de plazo, las tarifas de los usuarios seguirían financiando las inversiones ya realizadas y aún no amortizadas, además de financiar las nuevas inversiones requeridas para ampliar la cobertura al sur del país. El proyecto propone construir más de 3,700 kilómetros de redes y conectar a más de 300 mil hogares en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. La idea es combinar ductos de distribución con transporte virtual –mientras se concluye el gasoducto del sur o se construye uno nuevo– y asegurar que las tarifas regionales sean iguales a las de Lima.
5 La gran ventaja de esta propuesta es que permite atender la demanda del sur rápidamente sin presionar las debilitadas cuentas fiscales. En la práctica, se estaría implementando un sistema de subsidios cruzados que permitiría financiar la distribución del GN en el sur del país.
6 ¿La propuesta debe aprobarse sin discusión? Por supuesto que no. Extender una concesión diez años tiene valor económico y el Estado debe saber exactamente cuánto está entregando y qué recibe a cambio. Ese es precisamente el trabajo que corresponde hacer, de acuerdo con sus facultades, a las instituciones participantes, entre ellas, el Minem, el Osinergmin, ProInversión y el MEF.
7 Recientemente, el Osinergmin emitió su opinión no vinculante (Informe No. 413-2026-GRT/OS). Este documento es un ejemplo de lo que no debe hacer un organismo supervisor de la inversión privada: parte de supuestos errados que desconocen los contratos vigentes, ignora las inversiones realizadas por el concesionario y los montos de inversión pendientes de amortizar al final del periodo original de la concesión. No debe sorprender que llegue a conclusiones erróneas y contraproducentes.
8 El informe en cuestión menciona que las inversiones del concesionario “ya fueron amortizadas”, por lo que extender la concesión equivaldría simplemente a volver a pagarlas. Esto es totalmente equivocado. La regulación vigente reconoce que la recuperación de inversiones se hace en periodos de 30 años contados desde que son incorporados en la tarifa y el contrato contempla que el concesionario debe ser compensado por las inversiones que no hayan sido totalmente amortizadas con el valor contable remanente de las mismas. Siendo que la mayor parte de las inversiones en Lima y Callao se han realizado en los últimos 10 años (más de US$ 1,400 millones) y no corresponden a los compromisos iniciales del contrato, sino a las exigencias establecidas en la ley, es lógico concluir que su amortización recién se completaría con el pago del valor contable neto remanente al final del periodo de concesión.
9 El Osinergmin debe supervisar con rigor técnico, impedir una sobrecompensación y proteger al usuario. Pero también debe demostrar que en el Perú los contratos se respetan, que la regulación refleja criterios técnicos e independientes, y que los inversionistas gozan de seguridad jurídica.
10 Recordemos, una vez más, que el problema que debemos resolver es cómo llevar GN al sur de la forma más rápida y menos costosa posible, respetando el ordenamiento legal vigente.
Carlos E. Paredes es director de Intelfin y docente de la U. Continental
