El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, evalúa una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta vez, asegura, sería solo para 30,000 mineros con avances en los procesos de formalización. Pero eso no debe ocultar el problema central: el Reinfo no solo ha fracasado como mecanismo de formalización; durante años también ha servido de tapadera para operadores que, bajo un supuesto tránsito hacia la legalidad, han seguido desarrollando actividades ilegales.
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El Reinfo nació en diciembre del 2016 como un régimen temporal de 36 meses. Diez años y varias ampliaciones después, seguimos discutiendo cómo prolongarlo. Un régimen transitorio que dura diez años es una contradicción en sí mismo. Cada prórroga destruye la credibilidad del siguiente plazo. ¿Qué incentivo existe para asumir el costo de formalizarse si la experiencia indica que, llegado el vencimiento, habrá más tiempo?
Los resultados son difíciles de defender. En el 2005 se exportaban unas 180 toneladas de oro legal frente a menos de 30 toneladas estimadas de origen ilegal. En el 2025 fueron 104.7 y 104.3 toneladas. Evidentemente, el Reinfo es en parte causante de ese crecimiento. Y ello evidencia también el fracaso estatal: el oro ilegal estimado llegó prácticamente a igualar al legal.
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Tampoco puede ignorarse lo político. En la Comisión de Energía y Minas, como ha revelado El Comercio, hay legisladores con vínculos previos con la minería informal y el Reinfo, mientras gremios interesados en prolongarlo hacen lobby. Una eventual prórroga no es una decisión neutral. También responderá a intereses políticos.
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Esto no significa abandonar a quienes intentan formalizarse. Puede establecerse un mecanismo especial, individualizado y con hitos verificables para quienes demuestren avances sustanciales. Eso es distinto de ampliar el Reinfo a ciegas.
La solución es reemplazarlo. La Ley MAPE debe simplificar requisitos sin relajar estándares esenciales y, sobre todo, atacar el negocio ilegal. Aspectos importantes serían controlar las plantas procesadoras y mejorar la trazabilidad del oro. Hay que depurar comercializadores, identificar el origen del mineral y cerrar los canales que convierten oro ilegal en aparentemente legal.
Después de diez años, ampliar el Reinfo ya no puede presentarse como una política de formalización. Si algunos mineros merecen otra oportunidad, que la tengan con condiciones muy estrictas. Prolongar el régimen es insistir en una política que no funcionó y terminó ofreciendo cobertura a parte del problema que pretendía solucionar.
