Los resultados de PISA 2025 vuelven a poner sobre la mesa un problema que el Perú conoce desde hace mucho tiempo. Los estudiantes retrocedieron en lectura, matemática y ciencias respecto del 2022, mientras el presupuesto destinado a educación ha aumentado considerablemente. El problema no parece ser solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta y qué resultados se obtienen.
Es en ese escenario que debe evaluarse el Plan Nacional de Educación 2026-2031, anunciado por el Gobierno hace pocos días. Hay anuncios necesarios: 2,000 nuevos colegios, otros 3,000 modernizados y la intención de llevar internet a todas las escuelas durante el 2027. Con las enormes brechas que arrastra el país, difícilmente se podría cuestionar la necesidad de avanzar en esos frentes. Pero tampoco se debería confundirlos con una reforma educativa.
Esta tiene que ser integral. De poco servirá tener mejores colegios y tecnología si los alumnos no comprenden lo que leen o tienen dificultades con operaciones matemáticas básicas. Tan importante como construir escuelas es contar con mejores profesores. Por ello, resulta positivo que el Gobierno plantee priorizar las evaluaciones y fortalecer la Carrera Pública Magisterial. Las remuneraciones docentes aumentaron considerablemente, pero los mecanismos de evaluación y acompañamiento fueron perdiendo fuerza. Promover la meritocracia debe ser un aspecto central.
Hay, sin embargo, una primera contradicción que advierte Paola del Carpio, de Redes (ver en la página 12). Mientras el plan promete utilizar los resultados de aprendizaje para diseñar políticas, el Minedu dejó sin efecto la ENLA 2026, la evaluación nacional que debía medirlos, debido a una reasignación presupuestal por el fenómeno de El Niño. Es difícil construir una política basada en evidencia si se sacrifica la medición.
También corresponde revisar el currículo, pero con cautela. Una cosa es priorizar lectura, matemática y ciencias o actualizar contenidos pero otra es anunciar, como hizo el ministro José Antonio Chang, que se retirará “todo tipo de ideología” sin explicar con suficiente precisión cuál será el alcance de esa definición.
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La ambigüedad es riesgosa. Una definición suficientemente amplia de “ideología” podría permitir alterar contenidos o que cada gobierno pretenda establecer su propia interpretación de determinados episodios de nuestra historia. Una discusión que debería ser pedagógica puede terminar convertida en una guerra cultural, con fuegos artificiales políticos que distraigan de problemas menos llamativos, pero muy urgentes, en los que el Estado sigue sin ofrecer buenos resultados.
La educación peruana ya ha sufrido demasiado por reformas interrumpidas y cambios de rumbo. El nuevo plan debería recuperar lo que funcionó, corregir lo que falló y darle continuidad. Al final, la medida del éxito será que los estudiantes aprendan más y mejor.
