El Gobierno de Keiko Fujimori lleva menos de dos meses en funciones y su relación con buena parte de la oposición ya acumula fricciones. Juntos por el Perú (JP) y Ahora Nación, ambos de izquierda, han tenido un papel importante en esa confrontación, junto con otras agrupaciones. Ministros han sido llamados al Congreso y se han presentado interpelaciones y hasta una posible censura, mientras el pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días sobre 66 medidas continúa en discusión.
Fiscalizar al Gobierno es una atribución del Congreso, pero convertida en una traba permanente para gobernar es obstruccionismo. La delegación de facultades merece ser examinada con rigor. Varias bancadas han cuestionado su amplitud y reclamado mayor precisión. JP, Ahora Nación y Obras incluso plantearon que el Ejecutivo presente otro pedido limitado a seguridad ciudadana, gestión de riesgos y el fenómeno de El Niño. No hay que entregar un cheque en blanco. Pero tampoco es razonable prolongar una decisión sobre materias que la propia oposición considera urgentes.
Algo similar ocurre con las interpelaciones. JP promovió la del ministro del Interior, César Astudillo, y ahora se planteó su posible censura. Además, Ahora Nación, JP y Obras han presentado moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, con 44 preguntas. Con ello, el terreno se hace pantanoso para el Ejecutivo.
Fuerza Popular, sin embargo, debería recordar su propia historia. Cuando fue oposición defendió exactamente esos instrumentos. En el 2016 promovió la interpelación y posterior censura de Jaime Saavedra. En el 2017, promovió la del entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío.
El contraste resulta todavía más evidente con las facultades. En el 2016, Miguel Torres, entonces presidente de la Comisión de Constitución, rechazaba las acusaciones de obstruccionismo contra FP y defendía que el Congreso se tomara el tiempo necesario para analizar un pedido que calificaba de “sumamente complejo”. Hoy, como presidente del Senado, pide celeridad.
Cambian los lugares y parecen cambiar también los argumentos. Eso no vuelve razonable que la oposición actual repita los excesos que antes criticó, ni invalida sus objeciones al pedido del Ejecutivo. El Congreso debe fiscalizar y puede recortar aquello que no esté suficientemente justificado. Pero también debe permitir que un Gobierno recién elegido cuente con instrumentos razonables para ejecutar sus políticas y luego responder por sus resultados.
Los mecanismos constitucionales no cambian de naturaleza según quién ocupe Palacio o quién tenga la mayoría en el Congreso. Si ayer abusar de ellos podía convertirse en obstruccionismo, hoy también.
