El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el inicio de la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez Palomino, por el presunto delito de administración fraudulenta, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A través de su Resolución N. 59 de fecha 21 de septiembre, el despacho dispuso que el expediente pase de “carácter urgente” al Décimo Juzgado Unipersonal de Lima para que programe el inicio de la audiencias.
Sánchez Palomino es investigado por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La acusación fiscal está vinculada con declaraciones presentadas durante el año 2019 respecto del financiamiento de la organización política que dirige.
- LEA TAMBIÉN:Poder Judicial rechaza pedido para suspender efectos de la acusación fiscal contra Roberto Sánchez
Según el carpeta fiscal, el exaspirante a llegar a Palacio de Gobierno habría desviado más de 200 mil soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, tanto propias, como de su hermano William Sánchez Palomino.
Según la investigación fiscal, los recursos económicos recaudados por la agrupación política habrían sido depositados en una cuenta bancaria ajena a los registros oficiales del partido. El expediente señala que dicha cuenta fue aperturada por William Sánchez Palomino, hermano del investigado.
Según el carpeta fiscal, el exaspirante a llegar a Palacio de Gobierno habría desviado más de 200 mil soles de aportes partidarios hacia cuentas personales. (Foto: Andina)
La Fiscalía sostiene que el uso de esta cuenta habría impedido que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios ejerciera labores de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos empleados por la organización política. Como parte de los elementos de convicción presentados, el Ministerio Público incorporó documentación relacionada con transacciones financieras efectuadas entre enero y julio de 2019, las cuales sustentarían la presunta omisión de información económica de declaración obligatoria.
En el requerimiento acusatorio, la Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva contra Sánchez Palomino. Asimismo, pidió la imposición de una sanción de inhabilitación para ejercer la presidencia de su organización política o desempeñar cargos de representación, al considerar que los hechos investigados configurarían el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado.
El pedido de sanción fue presentado ante el Poder Judicial en enero de 2026, luego de culminada la etapa de investigación preparatoria. Durante la audiencia de control de acusación, la defensa del procesado solicitó el sobreseimiento de la causa; sin embargo, el magistrado desestimó dicho requerimiento y validó los elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público.
En aplicación del artículo 353 del Código Procesal Penal, el juez dispuso el inicio de la etapa de juzgamiento, en la que testimonios, documentación bancaria e informes periciales serán debatidos ante el órgano jurisdiccional competente. Con esta decisión, concluye la etapa intermedia del proceso y queda pendiente la designación del colegiado que llevará a cabo el juicio oral.
