El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, ha justificado la reducción en un 90% de las multas de tránsito y de transporte en que son “abusivas”. Pero la decisión no fue suya sino de la presidenta Keiko Fujimori, pues fue un acuerdo alcanzado tras reunirse con gremios de transportistas. El Decreto Supremo (DS) 017-2026-MTC, que oficializa la condonación, indica que se trata de un “régimen excepcional”, pero condonaciones y rebajas de este tipo se han aplicado en innumerables ocasiones, sobre todo a nivel de municipalidades provinciales y distritales.
En este caso, el beneficio abarca a los incumplidos de todo el país y durará 90 días para el pago reducido de multas de tránsito, y 180 para las que castigan infracciones de transporte de carga y pasajeros. El DS sustenta la medida en la necesidad de ordenar el sistema de multas de tránsito y transporte, que se ha convertido en una estructura desproporcionada, “cuyas cargas económicas resultan excesivas e incompatibles con los estándares de predictibilidad y razonabilidad que rigen en los países desarrollados”. Además, señala que el sistema no ha cumplido una función disuasiva ni educativa, sino que “ha agravado de manera crítica la realidad del sector”.
En el periodo anual que finalizó en setiembre del 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, tenía registradas 541,795 papeletas, de las que 209,968 estaban pendientes de pago, con una deuda que sumaba S/ 210 millones. Esa elevada morosidad (39%) justifica parcialmente lo expuesto en el DS, pero no hay que olvidar a los irresponsables que optan por no pagar porque esperan la próxima amnistía o porque operan en la informalidad. ¿Qué efecto puede tener figurar en las centrales de riesgo por incumplir el pago de multas si no son clientes del sistema financiero formal?.
Hay que precisar que las multas por infracciones muy graves están excluidas de la reducción “excepcional”, como manejar en estado de ebriedad, operar sin licencia, agresión a inspectores y accidentes de tránsito. Si el Gobierno busca ordenar el tránsito, tendría que poner énfasis en castigar estas infracciones. Por ejemplo, abundan los casos de accidentes de buses y combis informales que tienen millonarias multas acumuladas impagas.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha prepublicado una propuesta para reajustar multas de 41 infracciones muy graves. Es positivo que la agencia consulte antes de decidir, aunque también debió haberlo hecho cuando asignó un carril bidireccional exclusivo en la avenida Arequipa para buses del Corredor Azul.
