
El Fenómeno El Niño (FEN) sigue un curso extraordinario y se presenta como el primer gran reto para el gobierno entrante. Los potenciales efectos son conocidos: lluvias extremas que derivan en inundaciones y huaicos, sequías que reducen el rendimiento de los cultivos y generan pérdidas de áreas sembradas y ganado; y temperaturas elevadas que afectan la productividad agrícola y la pesca.
Más allá del efecto macroeconómico -que puede oscilar entre 1.5% y 2.0% del PBI-, el impacto será más notorio en algunos sectores y zonas específicas. La producción textil a nivel nacional y la demanda industrial y comercial en el norte del país pueden caer más de 20% en algún momento del segundo semestre. El empleo agrícola del norte (47% del empleo formal del sector) podría caer más de 15%, mientras que los casos de dengue podrían superar los 17,000 casos en los próximos meses tomamos como referencia lo sucedido en 2023. La inflación también sería un problema, sobre todo para el norte y la sierra sur del país.

Es verdad que queda poco tiempo para prevenir, pero sí para mitigar y preparar una respuesta rápida y sostenible para las zonas más afectadas. El problema no es el capital: las finanzas nacionales son saludables, con una deuda equivalente al 33% del PBI, muy por debajo de países como Brasil (92%) o del promedio de los mercados emergentes (~55%). El problema está en la ejecución y la poca versatilidad de los procesos que permitirían que otros actores, como el sector privado, puedan intervenir rápidamente. Ninguna compañía asumirá el riesgo de ejecutar una obra sin el respaldo y la aprobación técnica del Estado.
En esa línea, es saludable que el gobierno haya creado la Comisión nacional de Gestión del Riesgo del FEN —integrada por los ministerios de Desarrollo Agrario, Defensa, Economía y Vivienda, así como por Indeci y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)—, cuya primera gran tarea será impulsar trabajos preventivos en zonas de alta vulnerabilidad por más de S/ 4,200 millones. Es un paso positivo que debería servir para acercar al Gobierno central a las poblaciones vulnerables y a sus líderes, quienes seguramente necesitarán apoyo durante los próximos meses.
En paralelo a estas labores, el gobierno debe trabajar en un ámbito menos visible, pero determinante para hacer sostenible el cierre de brechas de infraestructura: la confianza del inversionista de largo plazo. El diseño y la puesta en marcha de proyectos requieren mayor agilidad y, sobre todo, un marco de confianza que garantice que los pagos a quienes financien esas obras serán respetados en los años venideros.
No basta con la buena voluntad. Se requiere un respaldo explícito del Gobierno central para empezar a mover la rueda, sobre todo porque venimos de diez años en los que no se han podido ejecutar grandes proyectos, entre ellos obras tan necesarias para estar mejor preparados frente a eventos como el FEN. La confianza no se gana solo con la palabra, se requieren acciones que sepamos que se van a respetar.
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El foco de corto plazo en mitigación es importante, pero no se debe descuidar la búsqueda de un mejor equilibrio: uno en el que existan proyectos y estos empiecen a ejecutarse; uno en el que la oferta de emisiones de deuda para financiar las obras pueda atender la demanda del mercado local, con montos y precios —niveles de tasas— adecuados; y uno en el que los inversionistas de largo plazo tengan visibilidad sobre los recursos que administrarán y, por lo tanto, capacidad para comprometer capital.
En suma, este Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de llevar la oferta y la demanda de capital hacia un nivel óptimo que permita promover inversión, empleo y desarrollo en nuestro país.

Graduado en Administración de Empresas y Contabilidad de la U. del Pacífico, con un MBA de Columbia Business School. En AFP Integra se ha desempeñado como Portfolio Manager de Renta Variable, estratega de Inversiones, gerente de Inversiones de Renta Variable, gerente de Inversiones Top Down y actualmente como vicepresidente de Inversiones.








