Estos lamentables hechos exigen ver el panorama completo, pues no se tratan de sucesos aislados. Gestión identificó un preocupante escenario de denuncias y, en paralelo, menos asignaciones de recursos para acciones de prevención desde el Ministerio de Educación (Minedu).
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Casi 1,700 denuncias escolares cada mes
Entre enero y agosto de este año, SíseVe, la plataforma del Minedu para reportar de forma confidencial casos de violencia escolar, registró casi 11,800 denuncias a nivel nacional.
Bajo un promedio de casi 1,500 cada mes, la cifra anual bordearía los 18,000 casos. Sin embargo, de la evolución mensual de este año llama la atención que agosto marcó un despunte de denuncias, al menos, frente a los dos años previos. Se anotaron 2,371 casos de violencia escolar, por encima de los 1,600 aproximadamente de años previos.
En todo el 2025, la cifra de denuncias ascendió a 19,531; un nivel similar al 2024, cuando se registraron 19,297; y evidenciando un incremento desde los 18,516 casos del 2023. El panorama de violencia escolar en el país, cuando menos, parece no dar retrocesos relevantes.
En lo que va reportado de este año, la mayoría de las denuncias por violencia escolar se concentraron en las de tipo física con un 44%. En los dos años previos representó una tasa de entre 40% y 44%. A estas le siguen de cerca las agresiones psicológicas con alrededor del 39%.
En tanto, de los casi 11,800 casos de este año, más de 2,000 son de tipo sexual. Es decir, de cada 100 denuncias de violencia, 17 son de connotación sexual. En 2025, la tasa anual fue similar, mientras que, en 2024, la proporción subió a 20 de cada 100.
Ahora bien, en los casos de violencia física, los agredidos suele ser hombres, bordeando el 70%. Respecto a los reportes de violencia sexual, son mayoritariamente las mujeres las agredidas, significando casi tres de cada cuatro casos. En lo que va del año, la tasa es de 74.3%, pero en 2024 se elevó a casi 80%.
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Presupuesto de prevención al acoso escolar
Pese a que los reportes de denuncias de violencia escolar no marcan intenciones de reducirse, muy paradójicamente, Gestión identificó tendencias descendentes en el presupuesto dentro del Minedu para la prevención del acoso escolar y violencia sexual.
Por ejemplo, una primera partida analizada fue la de “Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar”, que presentó menores recursos asignados, al menos, desde el 2022.
Para este 2026, se contempla recursos por S/ 164,353, con un avance de 61%. Dicho monto es inferior en 1% respecto al dispuesto en 2025. Sin embargo, entre 2024 y 2025 se tuvo la mayor caída en la disponibilidad de presupuesto: se pasó de S/ 230,300 a S/ 164,353, una caída de 28%.
En años previos, se tuvo también retrocesos en el presupuesto para esta partida de entre 8% y 14%. De los S/ 295,845 asignados en 2022 a lo de este año, se tiene una reducción de casi 44%.
Otra partida del Minedu también analizada por Gestión es la de “Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual”, que incluso dispone de mayores recursos que la de acoso escolar. Aunque menos marcada, también presenta una tendencia a la baja.
En 2026, se le asignó a este fin recursos por S/ 601,673, lo que significó un incremento de 2.2% frente al año pasado. Pero en 2025 tuvo una caída de casi 20% desde los S/ 734,075. Entre 2023 y 2024 también retrocedió en casi 6%.
El presupuesto más alto, al menos desde 2021, se dio en 2023 con S/ 779,653. Desde dicho año a la actualidad, la caída en recursos para la prevención de la violencia sexual fue de 23%, casi una cuarta parte menos.
Con todo este escenario adverso, la situación se torna incluso peor para el próximo año. En el proyecto de ley de presupuesto público remitido al Congreso de la República se consignan apenas S/ 12,864 para la prevención de acoso escolar y S/ 47,957 ante la violencia sexual como presupuestos de apertura.
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Estado despreocupado
Ricardo Cuenca, extitular del Minedu, señaló que las partidas analizadas corresponden, principalmente, a la realización de talleres a estudiantes y que la tendencia identificada marca una evidente pérdida de prioridad por parte del Estado.
“Dentro de las actividades de prevención, entre lo más fácil están los talleres, pero hay un claro debilitamiento, incluso, desde este punto”, comentó.
Pamela Navarro, fundadora de Atalla Legal y especializada en género, coincidió en que no hay ninguna prioridad por parte del Estado en tareas de prevención de violencia escolar y sexual. A esto sumó que hay dudas sobre los trabajos que vienen realizándose.
“Al hablar de capacitaciones, también debemos preguntar quiénes capacitan y, de hecho, qué tan capacitados para dar estos talleres, en gestión de sesgos, de no revictimización de víctimas, para frenar efectivamente acosos, entre otros”, planteó.
Para Cuenca, una primera hipótesis de este deterioro correspondería a las limitaciones sobre la Educación Sexual Integral (ESI). Según la Unesco, este es un método de enseñanza que entrega a niños y jóvenes información sobre su cuerpo, la salud y los derechos humanos. “Esta reducción en presupuestos coincide con el debilitamiento de la ESI”, indicó.
Apuntando a un retroceso más amplio, Navarro observó que desde el Estado se ha dejado de dar mensajes básicos en amplias plataformas de difusión, como la TV, sobre el cuidado del cuerpo y prevención de violencia. “Hace tiempo, se tenía el comercial de ‘Yo sé cuidar mi cuerpo’, por ejemplo, pero hoy no hay nada similar”, anotó.
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¿Se pueden dar expulsiones del colegio?
De otro lado, Navarro cuestionó que, actualmente, el marco normativo otorgue impunidad a los agresores escolares porque, de alguna manera, se restringe a los colegios poder expulsarlos.
“Incluso en casos de acoso sexual, no se puede. El Estado no asume su rol en el que debería liberar la política educativa y asumir que estos escolares requieren un plan ‘B’”, comentó.
Si bien esto se enmarca bajo el derecho de la educación, Navarro indicó que una alternativa es aplicar un formato de programas paralelos a los del colegio haciendo uso de la virtualidad.
“Si el Gobierno manda a los colegios tanto a la virtualidad, ¿por qué no pueden armar un plan en paralelo al respecto? El problema con las expulsiones es que contraviene el derecho a la educación. Entonces, que se abra la posibilidad de educación a distancia y vaya de la mano de acompañamiento psicológico”, planteó.
A su turno, Cuenca recordó que la prohibición de retiros de estudiantes data del 2004, bajo el enfoque de que todos tienen derecho a la educación. Es ese momento, se derogó un marco normativo de fines de la década de 1980, que sí permitía separar escolares. “La norma del 2004 es como el marco madre de todo esto y sigue vigente”, explicó.
Sin embargo, consideró que el problema va más allá del aspecto normativo, sino que es el sistema educativo que “no está preparado mínimamente para atender estos casos”, ya sea como prevención o castigo. Este escenario se aplica, principalmente, para el ámbito público, pues en los colegios particulares rigen los “contratos entre privados”, precisó Cuenca.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
