El ministro de Educación, José Antonio Chang, plantea modificar normativa para fortalecer expulsión de escolares. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
El ministro de Educación, José Antonio Chang, plantea modificar normativa para fortalecer expulsión de escolares. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Padres de familia del Liceo Naval Almirante Guise y de otros colegios realizaron el fin de semana un plantón frente al Centro Naval del Perú, en el distrito limeño de San Borja, para exigir justicia por el caso de un adolescente que denunció una presunta agresión sexual.

Los participantes, vestidos de blanco, solicitaron el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La denuncia se presentó por un hecho ocurrido el 15 de setiembre, cuando estudiantes regresaban de una actividad deportiva en un bus escolar.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados. Los menores fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Padres de familia de la institución realizaron un plantón frente al Centro Naval del Perú para exigir justicia por el caso de un adolescente que denunció una presunta agresión sexual.  (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Padres de familia de la institución realizaron un plantón frente al Centro Naval del Perú para exigir justicia por el caso de un adolescente que denunció una presunta agresión sexual. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Como se recuerda,

Marina expresa solidaridad

La Marina de Guerra del Perú expresó su solidaridad con el alumno afectado y su familia tras los hechos denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, y manifestó su rechazo y condena a toda forma de violencia, maltrato o acoso contra los estudiantes.Mediante un comunicado del comandante general de la Marina, la institución señaló que la protección y formación integral de los alumnos, así como la preservación de su dignidad y bienestar durante el proceso educativo, constituyen parte de su misión. En ese sentido, reconoció que los hechos denunciados vulneraron estos objetivos.Anunció una serie de medidas correctivas, y dispuso el análisis y revisión de las normas que rigen los liceos navales, con la finalidad de implementar acciones que permitan restaurar y fortalecer la convivencia educativa.

La institución indicó que estas acciones estarán orientadas también a reforzar la protección de los alumnos y garantizar entornos seguros en los liceos navales. Para ello, sostuvo que se corregirá lo que sea necesario a partir de la identificación de los errores advertidos en este caso.La Marina precisó además que actuará con responsabilidad y transparencia, respetando la ley y el debido proceso a cargo de las autoridades competentes. Recordó que los liceos navales desarrollan sus actividades de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación y las disposiciones aplicables a su organización y funcionamiento.

Ministro Chang plantea modificar normativa para fortalecer expulsión de escolares

El ministro de Educación, José Antonio Chang, el fin de semana llegó al Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, para oficializar la reorganización y conducción de la institución por parte del Ministerio de Educación (Minedu), medida que se mantendrá hasta diciembre de 2027.

Como parte de este proceso, el director del colegio será designado por el Minedu. Chang sostuvo que el objetivo es garantizar que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades en un ambiente seguro y con reglas claras, informó Canal N.

El titular de Educación adelantó además que se evaluará una modificación de la normativa vigente relacionada con las medidas disciplinarias en los colegios, incluida la posibilidad de establecer mecanismos que permitan la expulsión de escolares en determinados casos.

“Se va a cambiar porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, sostuvo. El ministro señaló que también se estudiarán medidas destinadas a reforzar la autoridad de los directores y docentes frente a situaciones que afecten la convivencia escolar.

Jueces de paz escolar aprobaron más de 200 conciliaciones

Entre los años 2025 y el primer semestre del 2026, juezas y jueces de paz escolares de diversas instituciones educativas del país aprobaron 228 actos de conciliación, los cuales permitieron resolver conflictos entre estudiantes, como bullying, agresiones, entre otros actos de violencia que afectan la convivencia escolar.

Así dio cuenta la Comisión de Acceso a la Justicia sobre el Programa de Justicia de Paz Escolar, iniciativa del Poder Judicial que preside Janet Tello Gilardi, el cual, como estrategia de prevención de la violencia, promueve una cultura de paz, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

Un acta de conciliación escolar es un documento aprobado por una jueza o juez de paz escolar en el cual se plasman los compromisos asumidos por los estudiantes en conflicto luego de la conciliación.

En lo que respecta al 2026, se cuentan como parte del programa 319 instituciones educativas y la participación de 582 jueces de paz escolar y 583 secretarios escolares, lo que da un total de 1 mil 165 estudiantes que ejercen roles de liderazgo en sus respectivas aulas.

El programa reportó setenta actas de conciliación escolar correspondientes a las actividades desarrolladas en el primer semestre del referido periodo, ello en base a información proveniente de las 34 cortes superiores de justicia que lo ejecutan.

En tanto, en el año 2025, se registraron 324 instituciones educativas con la participación de 652 jueces de paz escolar y 592 secretarios escolares, con un informe de 158 actas de conciliación escolar a nivel nacional.

FOCALIZACIÓN DE COLEGIOS

Cabe señalar que, durante el 2026, el programa inició un proceso de focalización, a fin de priorizar las instituciones educativas donde confluyen circunstancias sociales que hacen precisa la intervención del programa.

Esta focalización se realiza al considerar las bases de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y ESCALE – Unidad de Estadística de la Calidad Educativa.

Esto permitió identificar las instituciones educativas que están ubicadas en un entorno con altos índices de delincuencia, infracción de la ley penal y violencia contra integrantes del grupo familiar.

Producto de ello, pudo identificarse 102 colegios priorizados a intervenir a nivel nacional a través de las cortes superiores de justicia, que dispusieron ampliar los alcances del referido programa.

Por ello, como parte de la intervención, estas cortes realizan acciones de sensibilización y capacitación con toda la comunidad educativa para prevenir la violencia y convivir pacíficamente.

Asimismo, entrena a los jueces y secretarios de paz escolar en los métodos alternativos de solución de conflictos a efectos de intervenir en estos antes de que se conviertan en formas de violencia.

DATO

La implementación y seguimiento del programa está a cargo de las Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia, que coordinan con las instituciones educativas y realizan la capacitación, juramentación y supervisión del servicio.

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