Desde la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestaron su preocupación por un eventual fallo del Tribunal Constitucional que podría frenar el uso de cuatro insumos elementales para la agricultura nacional, tanto para el costo de producción como para el empleo en el sector, e incluso afectaría al bolsillo de las familias.
El Comité de la Industria Agrosostenible de la SNI señala que la demanda N°00871-2021-0-0301-JR-CI-01 presentada por asociaciones de Apurímac ante el TC, busca retirar del mercado los plaguicidas Imidacloprid, Clotianidina y Glifosato, alegando que representan presuntos riesgos para la salud “a pesar de no existir evidencia técnica”.
Según los industriales, el glifosato abarca cerca del 40% de los herbicidas que se usan en Perú; y organismos internacionales como la Environmental Protection Agency, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura consideran que es seguro bajo condiciones reguladas y que no existe un sustituto que emule su eficiencia.
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De darse el fallo del TC, la SNI advierte que el impacto sería inmediato y afectaría los costos de la cadena productiva y para el consumidor final.
El glifosato representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en el agro peruano. Foto: difusión
“No se trata solo de una afectación al agro, sino de un golpe a la economía familiar. Producir alimentos sería más costoso y complejo, y ese sobrecosto podría terminar trasladándose inevitablemente al consumidor”, indica Renzo Gomero, gerente de CIAGRO de la SNI.
A su criterio, ya existe un marco normativo que regula el registro, evaluación, uso y cancelación de plaguicidas, por lo que desconocerlo “debilitaría la institucionalidad del Estado y la seguridad jurídica”.
Pérdida de trazabilidad
Rubén Carrasco, director de Cultivida, enfatiza que al haber menos producción, más precios y menos empleo —de darse esta medida del TC—, se debilitaría la competitividad del agro peruano y aumentaría la vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades.
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Anteriormente se retiraron productos del mercado como el paraquat, el cual aún se utiliza ilegalmente en el campo.
“Cuando un producto ingresa de manera ilegal, no existe trazabilidad ni garantías sobre su manejo adecuado, lo que incrementa los riesgos en los agricultores, consumidores y ecosistemas”, concluye.
