Según la SNI, en el peor de los escenarios, el impacto sería inmediato y tendría efectos directos tanto en la cadena productiva como en el consumidor fina. Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec
Según la SNI, en el peor de los escenarios, el impacto sería inmediato y tendría efectos directos tanto en la cadena productiva como en el consumidor fina. Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec

Desde la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestaron su preocupación por un eventual fallo del Tribunal Constitucional que podría frenar el uso de cuatro insumos elementales para la agricultura nacional, tanto para la producción y precios de alimentos, así como para el empleo del sector.

El Comité de la Industria Agrosostenible de la SNI señala que la demanda N°00871-2021-0-0301-JR-CI-01 presentada por asociaciones de Apurímac ante el TC, , alegando que representan presuntos riesgos para la salud “a pesar de no existir evidencia técnica”.

Según los industriales, el glifosato abarca cerca del 40% de los herbicidas que se usan en Perú; y organismos internacionales como la Environmental Protection Agency, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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De darse el fallo del TC, la SNI advierte que el impacto sería inmediato y afectaría los costos de la cadena productiva y para el consumidor final.

El glifosato representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en el agro peruano. Foto: difusión
El glifosato representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en el agro peruano. Foto: difusión

“No se trata solo de una afectación al agro, sino de un golpe a la economía familiar. Producir alimentos sería más costoso y complejo, y ese sobrecosto terminaría trasladándose inevitablemente al consumidor”, indica Renzo Gomero, gerente Comités Gremiales de la SNI.

A su criterio,, por lo que desconocerlo “debilitaría la institucionalidad del Estado y la seguridad jurídica”.

Pérdida de trazabilidad

Rubén Carrasco, director de Cultivida, enfatiza que al haber menos producción, más precios y menos empleo —de darse esta medida del TC—, se debilitaría la competitividad del agro peruano y aumentaría la vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades.

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“Cuando un producto ingresa de manera ilegal, no existe trazabilidad ni garantías sobre su manejo adecuado, lo que incrementa los riesgos en los agricultores, consumidores y ecosistemas”, concluye.

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