
Como parte de su estrategia de fiscalización sobre operaciones que podrían representar riesgos para la determinación de impuestos, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) actualizó la lista de situaciones que podrían ser objeto de una revisión más detallada.
Esta actualización se dio a fines de junio su Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal e incorporó 11 riesgos adicionales. Con esto, ahora el catálogo reúne 35 esquemas identificados desde su primera publicación en 2020.
Ante este escenario, Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, señaló que las empresas con operaciones complejas o con transacciones entre partes vinculadas deberían revisar sus procesos internos y la documentación que respalda sus movimientos financieros.
“Existen determinadas prácticas que pueden generar alertas ante Sunat cuando no cuentan con una adecuada justificación económica o tributaria”, indicó a Andina.
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Operaciones entre empresas del mismo grupo
Uno de los esquemas identificados corresponde a las operaciones entre empresas vinculadas que no cuentan con un sustento económico suficiente. De acuerdo con Vargas, cuando una empresa realiza pagos, contratos u otras transacciones con otra compañía del mismo grupo, debe poder demostrar que la operación responde a una necesidad real del negocio y que las condiciones pactadas son similares a las que existirían entre empresas independientes.
Otro caso corresponde a los préstamos entre compañías relacionadas cuando las tasas de interés, los plazos o las condiciones difieren de las que normalmente se acordarían en el mercado entre empresas que no pertenecen al mismo grupo empresarial.
Asimismo, el especialista explicó que los pagos por servicios intragrupo, como los administrativos, tecnológicos, financieros o corporativos, deben estar respaldados con documentación que acredite que dichos servicios fueron efectivamente prestados y que generaron un beneficio para la empresa peruana.
Otras situaciones
El catálogo también incorpora esquemas relacionados con estructuras empresariales cuya principal finalidad sería obtener ventajas tributarias sin que exista una razón económica clara que justifique su implementación.
A ello se suman otros casos vinculados con el uso de empresas sin sustancia económica, operaciones relacionadas con activos, reorganizaciones empresariales, la aplicación indebida de beneficios tributarios y otras estructuras que requieren un análisis más profundo para determinar su tratamiento fiscal.
Para Vargas, el principal reto para las empresas no es solo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino también poder acreditar la lógica económica que sustenta cada decisión financiera.
“El desafío para las empresas no solo está en cumplir con sus obligaciones, sino en poder demostrar la lógica económica detrás de cada decisión financiera. La prevención tributaria y una adecuada gestión documental se convierten así en elementos clave para reducir riesgos y dar mayor sostenibilidad a las operaciones empresariales”, añadió.







