Según pudo conocer Gestión, la salida que se acordó en marzo vía un trato directo ya se habría concretado: la firma de la adenda 12 del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) que se inició con Francia en 2021. Aunque extrañamente Provías Nacional lo reveló, para luego retroceder, tal como hicieron al acusar a Egis, que forma parte del consorcio fránces PMO Vías, junto a Setec.
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Adenda en pie
El último viernes 22 de abril Provías Nacional publicó una nota de prensa en el portal del Estado peruano que informaba de la suscripción de la adenda al contrato de los 3 proyectos a cargo de PMO Vías. Incluso la promocionaron en su Facebook, pero horas después, retiraron el anuncio.
Este lunes sesionó la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Juan Carlos Mori, de la misma bancada de López (Acción Popular), donde se discutió un predictamen para establecer medidas excepcionales para ejecutar la NCC, pero no se llegó a votar y pasó a cuarto intermedio.
La publicación de Facebook incluía incluso una foto de la firma, donde figura Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías y quien tomó inicialmente la decisión de resolver el contrato de “asesor” que tiene Egis.
Capturas de pantalla que muestran las publicaciones que hizo Provías Nacional sobre la adenda, pero luego las borró. Fotos: Alessandro Azurín (Diario Gestión).
¿Pero qué fija el acuerdo, según la nota que retiró Provías? Básicamente, que Egis y Setec se comprometen a obtener y mantener la certificación antisoborno IS0 37001, lo que implicaría que pasen por una auditoria externa con una empresa internacional, cuyos resultados serán enviados a Provías y a la Contraloría.
Para César Candela, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que la adenda ya esté suscrita es una buena noticia, pero deja dudas del proceder del sector Transportes.
“Más allá de los compromisos presupuestales que aún faltan, en buena hora que se tenga la adenda porque refleja que el Estado respeta la estabilidad jurídica para los inversionistas. Pero me parece poco serio el uso de los medios de comunicación del MTC para informarlo. Publicar y luego borrar podría interpretarse como que no se suscribió. Son proyectos muy relevantes”, cuestionó.
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Contraloría cuestiona adenda
Primero, que la cláusula del contrato G2G que usó Provías para iniciar el trato directo no contemplaba que pudiese iniciarse esta etapa. El mecanismo se basa en el artículo 1430 del Código Civil que señala que, desde que se comunica la resolución de un contrato, este queda sin efecto y sin espacio para subsanar o cuestionar la decisión.
Dos, que la persona que representó a Egis no tenía poder vigente para representar a la firma francesa en ese proceso, que culminó el 12 de marzo con el acuerdo de firmar la adenda 12.
Juan José Cárdenas, socio en Damma Legal Advisors, precisó que el argumento de Contraloría hace referencia a lo conocido como cláusula resolutoria expresa. “Pero no significa que la resolución sea definitiva. Si la parte resulta está en desacuerdo, puedo cuestionar el tema en un arbitraje o alegar otra cláusula del contrato”, aseguró.
Respecto a la facultad del funcionario que representó a Egis en el trato directo, y que acordó la adenda, Cárdenas consideró que la Contraloría está siendo legalista. “Si se acuerda en Junta de Accionistas o en Directorio, no hay problema. Su inscripción puede ser posterior, es una formalidad solamente y no es inusual en el mundo corporativo”, refirió.
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Detonante de la decisión revelado
Cuando surgieron las críticas a su decisión, Provías remarcó que PMO Vías, a través de Egis, había cometido actos de corrupción en el extranjero, sin detallar a qué hechos se referian. El informe de Contraloría, que devela parte de las actas del trato directo, lo clarifica.
La decisión tomada en febrero por la dependencia del MTC fue motivada. Vía un oficio, en noviembre del 2025 la Defensoría del Pueblo recomendó al ministerio evaluar resolver el contrato G2G con Francia, que se firmó en 2021.
Aparte, la Contraloría requirió a Provías información sobre otros actos de corrupción reconocidos por Egis en 2019. De ello se desprende que la matriz de esta empresa fue formalmente comprendida en una investigación por el presunto delito de corrupción de funcionarios públicos extranjeros en Francia, Suiza y Argelia entre 2009 y 2011. Esta fue la base de Provías para resolver el contrato.
Foto de la reunión del ministro Aldo Prieto, titular del MTC, junto a Ilich López, congresista que representa a Junín, por donde pasará la Nueva Carretera Central. Foto: MTC.
La crítica es que, conociendo que no existía plazo de subsanación tras activar la cláusula anticorrupción y que su invocación anulaba el contrato, Provías tomó ese camino para, en medio del trato directo, solicitar mayores detalles a Egis sobre estos presuntos delitos. Incluso generó gastos al Estado peruano: contrató al Estudio Simons & De Noriega por S/ 44 mil para asesoramiento, cuando pudo requerir explicaciones a la empresa sin iniciar este paso previo a un arbitraje.
Así lo destaca el acta de la cuarta reunión del trato directo, donde se acordó firmar la adenda: “Tras revisar la información detallada (...) proporcionada por Egis, Provías Nacional pudo contar con mayores elementos para arribar a los acuerdos de la presente acta”.
“Esto demuestra que se tomó una decisión apresurada. Podían pedir explicaciones sin iniciar el trato directo. Tener un plan B para proyectos tan complejos es difícil, claramente no lo tenían, pero arriesgaron dejar los proyectos tirados”, lamentó Cárdenas.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
