En el marco del pedido de facultades legislativas enviado por el Gobierno al Congreso de la República, se contemplan medidas en materia de modernización del Estado. Una de las medidas solicitadas busca establecer incentivos económicos para que trabajadores del Estado acepten su desvinculación de forma voluntaria.
Sobre este tema, el pedido de facultades legislativas propone “establecer incentivos económicos de carácter voluntario, equivalente en su cálculo a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, dirigido a los servidores que opten libremente por su salida, según la propuesta que se realice”, señala el documento presentado por el Gobierno.
“La presente delegación no comprende, en ningún caso, la facultad de disponer el despido o destitución de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral, cuya situación jurídica permanece resguardada”, agrega el pedido de facultades legislativas, el cual será evaluado por el Congreso en los próximos días.
Al respecto, Ricardo Herrera, abogado laboralista del estudio Muñiz, explicó que la medida busca que el Estado pueda tener la potestad de aplicar programas de renuncia voluntaria con incentivos para quienes están contratados bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728.
“Este programa de renuncia voluntaria con incentivos se quiere aplicar en la administración pública. En ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos reguladores y donde el gobierno considere que tienen personal en exceso”, refirió Herrera.
Por su parte la abogada laboralista Gloria Rodríguez Vega, con experiencia en áreas de recursos humanos en entidades públicas y privadas, sostiene que los incentivos se podrían aplicar a los trabajadores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 276, además de los trabajadores CAS con contrato a plazo indeterminado.
“El texto (del pedido de facultades legislativas) no incluye expresamente a los servidores del servicio civil (ley N° 30057), ni a quienes pertenecen a carreras ni regímenes especiales como magistrados, docentes, profesionales de la salud, policía o militares. Tampoco corresponderá a trabajadores temporales o contratados a plazo determinado, pues su vínculo puede concluir simplemente por vencimiento del plazo del contrato”, detalló la especialista.
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¿Cuánto se pagaría a los trabajadores para acordar su desvinculación laboral?
El texto de la solicitud de facultades legislativas también señala que el incentivo económico para una desvinculación voluntaria sería similar a la indemnización por despido arbitrario que se paga en el sector privado. Es decir, el incentivo sería de 1.5 sueldos por año trabajado, hasta un tope de 12 sueldos. “Esa puede ser la pauta para establecer los montos de los incentivos por renuncia voluntaria”, subrayó Ricardo Herrera.
Gloria Rodríguez Vega coincidió en que se busca dar un abono similar al que se aplica en el sector privado. “Y los aspectos concretos como remuneración computable, antigüedad reconocida, topes, exclusiones y procedimiento, tendrían que establecerse en el decreto legislativo y posiblemente en su reglamento”, agregó.
Otro tema a evaluar es que la implementación de un programa voluntario de acogimiento al incentivo para la desvinculación laboral podría no tener los resultados esperados por el Gobierno. “Los sueldos en el Estado son en promedio mejores que en el sector privado. Dudo que un trabajador bien pagado en el Estado, aun cuando sea ineficiente, vaya a querer acogerse a un programa de renuncia voluntaria con incentivos”, refirió Ricardo Herrera.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
