
El Perú registra un aumento en el empleo formal, una inflación controlada y una solidez monetaria; pero enfrenta, al mismo tiempo, una institucionalidad tan débil que reduce el impacto favorable de todo indicador macroeconómico. Esta dualidad fue el eje de conversación que se desarrolló en la última edición de “Diálogos”, un espacio a cargo de Gestión.
Rosario Bazán, fundadora y presidenta del directorio de Danper; Luis Alfonso Carrera, gerente central de Empresas y Corporaciones del BCP; Carlos Gallardo, gerente general del IPE; y José Iturriaga, CEO del Grupo EFE, definieron las prioridades de cara a un año marcado por el ciclo electoral.

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El “elefante blanco”
Junto con los elementos que generan “una burbuja de bienestar”, como lo denominó Iturriaga, la ilegalidad opera como una economía capaz de condicionar a la formal. Este mal —ahora desbordado— se ha convertido en el elefante blanco de la habitación.
A su turno, Carrera fue tajante: “Estamos creciendo al 3%, un chispazo, gracias al precio del cobre, gracias a la exportación. Tenemos que crecer a 6% para reducir la pobreza, para llegar con prosperidad a todos los peruanos. Y para ello tenemos que resolver el problema de la ilegalidad, la falta de acceso a la educación, la anemia infantil, la calidad de los servicios públicos. [...] Perú tiene enormes oportunidades y un futuro prometedor”, dijo.
“Todo el modelo económico tiene 25 o 30 años orientado hacia la estabilidad fiscal, pero la informalidad sigue en 70%, no ha bajado una décima. [...] Y lo más riesgoso que veo es que la ilegalidad se esconde tras la informalidad. Entonces, tenemos un grave riesgo de normalizar la ilegalidad como hemos normalizado en 30 años la informalidad", sostuvo el vocero.
“También estamos viendo como normal, lamentablemente, que representantes de la minería ilegal, del transporte ilegal y de la educación ilegal empiecen a vincularse al Congreso y tengan poder político”, agregó.
Frente a este contexto, colocó sobre la mesa otro componente que complica la ejecución de políticas eficientes: la alta rotación de autoridades impide contemplar una agenda a largo plazo.
Coincidió Iturriaga: “Nadie va a resolver nada si no tenemos gobiernos con visión país a cinco años o, por fin, a 20″.

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Elecciones y deterioro institucional
De acuerdo con Gallardo, la campaña electoral del 2026 será determinante para afianzar un escenario de inversión privada que, hasta el momento, en el Perú se muestra saludable.
“Lo que solemos ver en los meses previos a un abril electoral es esta incertidumbre como el mayor riesgo que enfrenta la economía y que se recoge en inversiones que se contraen: una inversión privada se restringe a la espera de ver algún resultado. Vemos situaciones en el tipo de cambio, también fuga o salida de capitales en mayor o menor medida. Pero este año ocurre algo particular: la inversión privada viene con fuerza. Ha crecido más de 11% hace un par de meses y este octubre también probablemente crezca a doble dígito, que es algo que no se veía hace más de una década", refirió.
“Conforman un aspecto también importante los vientos favorables externos. [...] Mientras haya menos preocupación sobre estos cambios dramáticos [en las elecciones], pienso que la inversión privada va a seguir aprovechando los vientos favorables de afuera”, añadió.
No obstante, aunque las señales se muestran optimistas, Bazán identificó algunos riesgos estructurales en la misma cancha, los mismos que se configuran como tareas para los siguientes al mando.
“No puede haber un sector económico estrella donde 10 millones de personas no tienen acceso a los servicios básicos del desarrollo humano. Entonces, ahora que tenemos elecciones, es fundamental elegir un gobernante que tengan ética, que tengan liderazgo moral, que tenga capacidades para lograr restablecer el Estado de Derecho”.
Y se refirió puntualmente a su sector, el agroexportador: “Necesitamos predictibilidad; de lo contrario, no podemos invertir a largo plazo. Las plantaciones no duran un año, sino que, por ejemplo, cada planta de palta genera flujos de desarrollo en 15 años. Por ello es importante la predictibilidad”, remarcó la especialista.

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Responsabilidad empresarial
Los representantes del sector también advirtieron que, más allá de los números, el país requiere de una pluralización del bienestar.
“Los líderes empresariales ya no debemos seguir aplaudiendo únicamente el crecimiento del PBI, porque hemos visto que eso no nos ha llevado a generar el desarrollo social. [...] Como sector público y privado, estamos llamados a trabajar en iniciativas y proyectos que nos permitan contribuir a romper este ciclo de crisis. [...] Es decir, el avance económico debe ir de la mano con el progreso social para generar un crecimiento sostenible”, argumentó Bazán.
Gallardo complementó la idea acerca de la urgencia del colocar el foco sobre el desarrollo social y, con ello, paliar las economías ilegales.
“Hay algo ahí muy vinculado al tema de pobreza y desarrollo. En los últimos 30 años, la gente ha migrado hacia las ciudades con el fin de contar con educación para sus hijos. En estas regiones donde hay mayor presencia de minería ilegal, la migración está siendo al revés, porque tienen que ir a donde están trabajando sus familias. [...] Si el Estado no llega, esta migración se va a intensificar”.
Iturriaga se unió a las especificaciones sobre el rol del privado: “Estamos todos de acuerdo en que, en esta dirección, tenemos que ayudar a que la gente vote informada. Obviamente, la gente va a votar por quien quiera votar. Nosotros estamos haciendo una alianza con un montón de instituciones esenciales para, por lo menos, asegurar que nuestros colaboradores en el sistema de influencia voten esta vez con información. [...] Si logramos que el que sea electo tenga vocación de servicio, con nuestro se soporte podrá incentivar ese largo plazo que necesitan las exportaciones”.


Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.








