En los últimos cinco años, el Estado peruano destinó recursos crecientes para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana (Programa Presupuestal 0030), según la data que recabó Gestión de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, la ejecución no se traduce en una caída sostenida de la criminalidad.
¿Qué problemas más profundos expone la brecha entre el uso de recursos y la atenuación del delito? Así opinan los especialistas.
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El gasto crece, pero el plan no cambia
En el periodo de análisis, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) supera ampliamente al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), lo que significa que hubo recursos adicionales no previstos en el diseño original.
A continuación, los saltos:
| Presupuesto público: Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Millones de S/) | |||||
| PIA* (A) | PIM** (B) | Devengado | Avance % | Diferencia entre PIM y PIA (B-A) |
|
| 2021 | 4,543 | 5,049 | 4,681 | 92.7 | 506 |
| 2022 | 4,482 | 5,209 | 4,903 | 94.1 | 726 |
| 2023 | 5,016 | 5,672 | 5,346 | 94.3 | 657 |
| 2024 | 5,128 | 5,980 | 5,714 | 95.6 | 852 |
| 2025*** | 5,388 | 6,471 | 6,076 | 93.9 | 1,083 |
| (*) Presupuesto Institucional de Apertura | |||||
| (**) Presupuesto Institucional Modificado | |||||
| (***) Al 26 de diciembre | |||||
| Fuente: Transparencia Económica del MEF | |||||
En detalle, la ejecución se mantiene por encima del 92% en todos estos años, incluso hay un pico en 2024, con 95.6%. Es decir, “el problema es el diseño y no el presupuesto”, sostiene Nicolas Zevallos, director de Instituto de Criminología.
“Desde hace tiempo, el Programa Presupuestal 0030 exige ser reformulado. [...] De hecho, en su momento, Contraloría alertó internamente que había dificultades en el diseño del programa presupuestal porque los indicadores no respondían a los servicios que estaban apuntando”, añade.
En suma, para el experto, no hay correlación de impacto entre lo que se financia y lo que se recoge sobre percepción, homicidios y tiempos de respuesta, por mencionar algunos ítems.
“En función de los indicadores de impacto, se puede pensar en los indicadores de proceso y en todos los insumos que requieren los servicios públicos. Pero hay una desconexión; por ejemplo, se trata de atender el indicador de victimización con el de servicio de patrullaje. Y el patrullaje no ayuda a reducir la victimización, ayuda a mejorar la percepción o la confianza”.
En línea con ello, plantea otro caso: “La comunidad organizada se mide en función de cuántas juntas vecinales se han creado, pero estas se pueden quedar en el papel, sin funcionar nunca”.
Así va el presupuesto en la materia hasta el 22 de diciembre de 2025.
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Reacción antes que prevención
Por su parte, Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, argumenta que “el problema no es cuánto se gasta, sino cómo y en qué”.
“Observo que este presupuesto se concentra en gasto corriente, pagar planillas, mantenimiento, servicios, o tomar acciones de tipo reactivo. O sea, que luego de un evento, hay una reacción en lugar de una prevención. Se contrata más patrullaje para operativos o se instalan más cámaras, pero la institucionalidad está fragmentada en las distintas áreas del ataque a la criminalidad: gobiernos regionales, locales y ministerios no están comunicados", refiere.
Gee insiste: “No hay una estrategia sistémica para atacar la delincuencia. Cada uno realiza un gasto disperso y, probablemente, hasta duplicado”.
Desde su perspectiva, además, considera oportuno que, en lugar de hablar de porcentaje de ejecución o cumplimiento administrativo, se mire con lupa la reducción de delitos específicos.
A propósito de delitos específicos, Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), comparte con este diario que, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el promedio móvil de denuncias diarias por extorsión sube de 61.2 a 75.8.
La cifra indica, entonces, que el nivel de criminalidad evidenciado en denuncias es hoy más alto que el de hace un año: incluso en el momento de mayor esfuerzo fiscal, el delito se acelera.
¿Cuántas denuncias diarias por extorsión hay en el Perú? (Foto: Andina)
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Medidas favorables
Aparte de la reformulación de indicadores de impacto, el segundo paso que Zevallos recomienda es armar un equipo de gestión especializado.
“Un gran problema es que varios proyectos o varios temas de inversión se caen en el proceso por cuestiones técnicas o por cuestiones procedimentales, burocráticas, propias de los procesos de esa naturaleza. Si se le monta a esto un equipo de gestión experto en compras, adquisiciones y presupuesto, y que además vigile la continuidad, se puede lograr que este tema fluya y muy bien”, explica.
Añade: “Tercero. Lo que se debe poner sí o sí es una unidad de medición de la calidad del gasto público, que haga una evaluación certera, objetiva, que si lo que se está haciendo funciona o no funciona para hacer los ajustes cuando se requieran”.
Las tres medidas, no obstante, llegarían tarde al calendario de este Gobierno y se colocarían en la fila de espera de las priorizaciones del siguiente.
Al respecto, Gee coloca paños fríos, aunque no alentadores sobre la lucha contra la criminalidad de cara al 2026: “El peruano y los agentes económicos están acostumbrados a la incertidumbre. Haber normalizado el concepto de la vacancia, tener presidentes de derecha, luego de izquierda, y viceversa, ha hecho que la inversión se adecúe a la situación. Más allá del nivel de criminalidad, el peruano lo ha sabido llevar como parte de su status quo”.
“Los indicadores macro son muy fuertes frente a esto. Julio Velarde [presidente del Banco Central de Reserva del Perú] también lo dijo: la respuesta macroeconómica peruana ante los hechos inciertos es muy favorable”, acota.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
