Ante la reciente aprobación en el Congreso de la República de iniciativas que incrementan el gasto público sin considerar fuentes de financiamiento, así como de propuestas que afectan la inversión privada, la Asociación de Exportadores (ADEX) ha alertado que está en riesgo la estabilidad económica del país.
El gremio subraya, puntualmente, el eco que tendrán la modificación del régimen de concesiones mineras y el aumento anual de S/ 11,400 millones destinados a salarios y pensiones.
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Responsabilidad legislativa
ADEX, mediante un comunicado este miércoles 8 de abril, precisó lo siguiente:
“Exhortamos al Parlamento a abstenerse de promover y aprobar iniciativas sin sustento técnico ni evaluación fiscal rigurosa. Los S/ 11,400 millones anuales anunciados corresponden, principalmente, a gasto corriente —incluyendo mayores pensiones y beneficios laborales en el sector público, como los del régimen CAS— lo que generará obligaciones permanentes y presiones crecientes sobre las finanzas del Estado".
En esa línea, subrayó los riesgos para la inversión y la seguridad jurídica. Alertó que la modificación de la Ley General de Minería y del régimen de concesiones mineras (proyecto de ley N.° 13497/2025-CR) introduce señales de incertidumbre jurídica que afectan la inversión privada, pilar fundamental del crecimiento económico del país.
“Esta situación podría, además, incentivar la expansión de actividades informales e ilegales, con impactos negativos en la recaudación y el orden productivo”, señaló.
¿Qué otro beneficio tendrían los trabajadores CAS en 2026? (Foto: Andina)
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Uso responsable de los recursos públicos
ADEX también expresó su preocupación por el anuncio del Poder Ejecutivo de otorgar un aval del Estado por US$ 2,000 millones a favor de Petroperú, sin que se hayan resuelto sus problemas estructurales.
“Cualquier respaldo financiero debe estar estrictamente condicionado a reformas profundas de gestión, transparencia y sostenibilidad operativa. Advertimos que, en conjunto, estas decisiones representan un riesgo significativo para la estabilidad económica y el crecimiento sostenible del país, al debilitar uno de sus principales activos: la disciplina fiscal, base de la confianza de inversionistas y ciudadanos”, acotó.
Frente a todo ello, el gremio ha informado, además, que evaluará la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de salvaguardar el principio de responsabilidad fiscal y dejar sin efecto aquellas leyes que la vulneren.
“El Perú ha construido, durante las últimas décadas, una posición destacada en la región sobre la base de la solidez macroeconómica, la apertura al comercio y la promoción de la inversión privada. Debilitar estos pilares no solo afecta la confianza, sino que compromete la generación de empleo formal y el desarrollo sostenible del país”, finalizó.
