Tía María volverá a estar atado a la historia de la minería formal: tardar 40 años en promedio en llegar a la explotación. Y es que nuevamente hay frenos a su ejecución, luego de que el Consejo de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaré la nulidad de la resolución que le había dado, en octubre del año pasado, la autorización del proyecto minero Tía María (Arequipa), para iniciar las actividades de su explotación. Pero, esta nueva traba hacia el proyecto no es reciente, en sus orígenes hubieron episodios de conflictos sociales y paralizaciones. Esta es su historia.
Todo inicia en 1994, cuando Teck Cominco —hoy conocida como Teck Resources— inició trabajos de exploración en el proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra (Arequipa), a unos 700 metros sobre el nivel del mar. En ese entonces, aún no se dimensionaba completamente el potencial del yacimiento, compuesto por dos depósitos en una zona desértica resguardada por una cadena montañosa.
Hacia finales de los años noventa e inicios de los 2000, Southern Perú enfocaba sus operaciones en las minas de cobre Toquepala y Cuajone. No obstante, el proyecto Tía María ya figuraba dentro de su radar. Esto se explica porque entre sus accionistas se encontraba la empresa estadounidense Phelps Dodge —que posteriormente vendería su participación al Grupo México—, la cual ya venía realizando exploraciones en la zona.
En ese contexto, en 2003 Southern Perú puso en marcha un programa detallado para evaluar los recursos minerales y la viabilidad del proyecto Tía María. Tres años más tarde, en 2006, se identificó el yacimiento La Tapada dentro del mismo proyecto.
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Revisión internacional y rechazo social frenaron el proyecto Tía María
Entre noviembre de 2007 y el primer semestre de 2008, la empresa llevó a cabo dos talleres de consulta previa en Cocachacra. Paralelamente, en mayo de 2008, la consultora Water Management Consultants inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), mientras que ese mismo mes se conformó el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
En julio de 2009, Southern presentó el primer EIA del proyecto. Sin embargo, ese mismo año, una consulta vecinal organizada por la Asociación Civil Transparencia evidenció un fuerte rechazo inicial de la población, lo que derivó en protestas y enfrentamientos.
Posteriormente, en 2010, el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció la suscripción de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para revisar el EIA. En marzo de 2011, la UNOPS entregó su informe con 138 observaciones, lo que reavivó el conflicto social, generando nuevos enfrentamientos, la intervención de las Fuerzas Armadas y la muerte de tres personas.
Un mes después, en abril de 2011, el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible el estudio ambiental, tras lo cual la empresa se comprometió a levantar las observaciones. Desde entonces y hasta inicios de 2013, el proyecto pareció entrar en una fase de paralización.
Sin embargo, en octubre de 2013 se retomaron las actividades mediante talleres participativos y, al mes siguiente, la compañía presentó un segundo EIA ante el Minem, incorporando cambios como el uso de agua de mar desalinizada para sus operaciones.
Campamento Tía María. Foto: TM.
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Tía María: de inversión millonaria a años de conflicto y espera social
En agosto de 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo EIA del proyecto Tía María, valorizado en ese momento en US$ 1,400 millones, la oposición impulsó un paro indefinido. Las manifestaciones escalaron en violencia, dejando al menos dos fallecidos y daños materiales. Ante ello, el Gobierno y la empresa enfrentaron una creciente crisis social.
Durante ese conflicto, el entonces presidente Ollanta Humala sostuvo que el proyecto no podía ser cancelado de forma unilateral. Southern Perú anunció una “pausa” de 60 días en sus actividades. Sin embargo, las protestas se extendieron por más de dos meses. En mayo de 2015, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Islay por 60 días para restablecer el orden; así el proyecto Tia María quedó paralizado.
Tras un periodo de relativa calma, en 2017 la empresa retomó gestiones para obtener la licencia de construcción. “Esperamos dar inicio a la construcción del proyecto minero Tía María este 2018”, señaló en ese entonces a El Comercio Oscar González Rocha, ex CEO de Southern Perú, quién falleció el pasado 7 de abril.
Sin embargo, esta fue finalmente otorgada en julio de 2019, poco antes del vencimiento del EIA. Aunque la compañía prometió no iniciar obras sin “licencia social”, las protestas reaparecieron. En octubre, el Consejo de Minería ratificó la licencia, rechazando pedidos de revisión.
En los años siguientes, Southern centró sus esfuerzos en lograr aceptación social, priorizando iniciativas de inversión comunitaria. Las protestas continuaron de forma esporádica, pero con menor respaldo. En 2024, la empresa anunció que buscaría iniciar la construcción en 2025.
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Luz verde a explotación, pero persisten trabas al proyecto (de nuevo)
En octubre del año el Minem autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María, a favor de Southern Perú. La iniciativa, a ejecutarse en el distrito de Cocachacra, demandaría ahora US$ 1,800 millones para producir 120,000 toneladas del mineral rojo al año desde 2027. En la etapa de operación, se generarían hasta 600 empleos directos.
En el resumen de su último reporte anual sobre Tía María, Southern Perú explicó que el proyecto minero producirá cobre mediante el proceso de lixiviación. El yacimiento está compuesto por dos zonas: La Tapada y Tía María, ubicadas a 3 y 7 kilómetros del valle de Tambo, respectivamente.
En La Tapada se estiman 425.34 millones de toneladas de cobre oxidado, mientras que en Tía María hay 225.38 millones. La pila de lixiviación se ubicará a 11 kilómetros del valle.
Sobre el impacto económico de Tía María,estimó que generaría para Arequipa ingresos anuales de S/ 273.4 millones por Impuesto a la Renta y regalías, acumulando S/ 5,460 millones en 20 años de operación. A nivel nacional, el Estado recibiría S/ 215.6 millones por Impuesto a la Renta e Impuesto Especial a la Minería, además de S/ 110.8 millones en otros tributos.
A inicios de febrero, el proyecto minero registraba un avance de 24% al cierre de 2025, con US$ 790 millones comprometidos. Sin embargo, vuelve a sufrir un nuevo revés en su esperado y largo inicio de explotación.
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