Una ráfaga de 27 disparos con una presunta ametralladora a integrantes de la popular orquesta de cumbia Agua Marina en pleno concierto, la noche del último feriado del miércoles 8 de octubre, fue lo que llevó a los políticos del Perú -recién- a encender sus alarmas.
Ante este panorama desbordado, el Congreso de la República de Perú, al fin, decidió aplicar control político, mediante solicitudes de vacancia, sobre la presidenta Dina Boluarte y su deficiente respuesta al incremento de la inseguridad, siendo la extorsión una de sus formas (pero, no la única).
Tensas horas
El ataque al grupo musical Agua Marina fue la aparente “gota que derramó el vaso” para el Parlamento. Pero, esta situación ya viene desbordada desde antes: asesinatos a los choferes de buses de transporte urbano, las extorsiones a los negocios, el incremento de la tasa de homicidios, entre otros.
El primer paso en el Congreso fue convocar a todos los integrantes del Gabinete Ministerial que lideraba Eduardo Arana, hacia la tarde de este jueves, a fin de que expliquen su plan para hacer frente a la creciente inseguridad ciudadana. Fue después que las bancadas de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Podemos Perú y Renovación Popular asomaron los primeros ánimos de presentar estas mociones para que culmine su Gobierno.
Con el pasar de las horas del jueves, incluso las bancadas que habían “apoyado” a Boluarte durante su gestión, le dieron la espalda. Aunque inicialmente era un grupo acotado los que hablaban de vacancia, se unió Fuerza Popular y le siguieron Somos Perú y Alianza Para el Progreso, lo que ya pintaba el panorama.
Finalmente, con 122 votos y en la madrugada de hoy, el pleno del Parlamento aprobó la vacancia de Dina Boluarte. Luego de que se rechace una solicitud de censura a la Mesa Directiva que preside José Jerí, se procedió a su juramentación como nuevo presidente del Perú.
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Todo esto ocurre en paralelo al incremento significativo de diversos indicadores que evidencian el avance campante y sanguinario de la criminalidad. Por ejemplo, Gestión identificó que, al cierre de septiembre, se habría registrado el mayor crecimiento anual de la tasa de denuncias por extorsión en el Perú en 17 meses, con casi un 20% respecto a hace un año.
Pese a estas cifras, para Boluarte y compañía, una de las soluciones pasaba por, simplemente, omitirlos.
“[Las amenazas] que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, a la ciudadanía en general, [los exhorto] no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Contacto que no tienen registrado, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía Nacional del Perú (PNP)”, sugería apenas hace unos días, como respuesta a los paros promovidos por transportistas, sector que registra más de 80 asesinatos en el marco de extorsiones y pedidos de protección ignorados.
Contactar a la PNP fue, precisamente, lo que hizo José ‘Pepe’ Quiroga, uno de los líderes de Agua Marina, a mediados de marzo, durante el sepelio del cantante de Armonía 10, Paul Flores, quien murió víctima de un ataque de extorsionadores. Pero quienes no abrieron dicha comunicación y pedido de auxilio fue el propio Estado.
“Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, declaró a RPP.
Cifras sangrientas
En septiembre, el número de denuncias por extorsión, a nivel nacional, superó la barrera de los 2,000 por décimo segundo mes consecutivo. Con esta base, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló, para este informe, que ascendió a 73.3 el promedio de denuncias diarias en el último año móvil.
Esto significó que, en el último mes de análisis, el crecimiento anual de la tasa de denuncias por extorsión en Perú, considerando el promedio móvil de los últimos 12 meses, registró un crecimiento de 19%, su mayor variación en 17 meses, desde mayo del 2024.
“Mirar los datos de manera tendencial, con cifras agregadas, permite que se cuente la historia completa. Los datos diarios son importantes, pero puede presentar algunas distorsiones y creer que ciertas situaciones, erróneamente, están mejorando. Con la mirada de la tendencia, la situación es más real”, explicó Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, en diálogo con este diario.
Aunque las cifras se presentan sumamente complicadas, es importante recordar que corresponden a un escenario conservador. Un informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC) recogió que, según el INEI, el 43.6% de las personas que fueron víctimas de algún delito prefirió no denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo. Incluso, esta incidencia aumentó respecto al año pasado (en 2024 fue un 40.9%).
En tanto, un 11.5% mencionó que no lo hizo por desconfianza en la PNP.
Otro aspecto que apuntan desde el CPC, en un informe sobre el costo de la inseguridad, es que esta problemática “se ha generalizado a tal punto que, incluso, en regiones donde el gasto público en orden interno es alto, las denuncias de delitos violentos se han disparado”.
Para dimensionarlo, indicaron que, en Lima, por ejemplo, las denuncias por secuestro y extorsión aumentaron 865% entre 2019 y 2025.
Afectación en peruanos y negocios
El impacto de la extorsión es significativo y, aunque afecta a todos los peruanos y rubros económicos, lo hace en diferentes magnitudes. Fuentes mencionó que se trata de un “impuesto muy focalizado”, que es grave, pero en mayor medida para los más vulnerables económicamente.
“Es difícil por la capacidad para poder defenderse de este tipo de crimen. Algunos hogares pueden comprar cámaras de vigilancia, algunos contratan personal para ello y a otros solo les queda pagar estas extorsiones, lamentablemente”, describió.
Dos componentes de la economía en los que afecta directamente son las decisiones de consumo y de inversión. “Eventualmente, la extorsión significa mantener la canasta de consumo como la plantea el INEI y otra donde se incluye a las extorsiones”, apuntó.
En el caso de las decisiones de inversión, por ejemplo, pasa porque se decida aplazar o ya no construir o mejorar una vivienda.
En el ámbito empresarial, la afectación también es significativa, pues el 99% del número de empresas son Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MiPymes).
“Hay un impacto inmediato sobre las finanzas de los peruanos por el consumo, pero más importante aún, y se habla poco al respecto, es cómo el terror impide progresar, tener un mayor dinamismo de ciertas empresas y frena la productividad laboral”, refirió.
A su turno, Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, compartió esta perspectiva de advertencia sobre la institucionalización del miedo.
“El ataque a Agua Marina, con armas de guerra y en un recinto militar, no solo representa una agresión a la cultura popular, sino una señal alarmante de que el crimen organizado ha perdido todo pudor. El mensaje que deja la delincuencia es claro: puede irrumpir en espacios simbólicos, vulnerar horarios familiares y desafiar al Estado en su propia infraestructura. Este tipo de atentados revela una mutación del delito: ya no se trata solo de extorsión, sino de una demostración de poder territorial y psicológico”, declaró a Gestión.
Considerando a la extorsión también como “el principal impuesto informal que pagan miles de negocios en el Perú”, indicó que las más de 20,000 denuncias en lo que va del año evidencian una economía paralela que impone sobrecostos, distorsiona precios y erosiona la competitividad.
“El sector comercial, especialmente las Mypes, se ve obligado a destinar recursos a seguridad privada, reforzar locales y asumir pérdidas por cierres o migración. Estos costos no desaparecen: se trasladan al consumidor en forma de precios más altos, menor calidad de servicio y reducción de empleo. La informalidad se convierte en refugio y trampa. El crimen no solo amenaza la vida, también encarece la vida cotidiana”, subrayó.
Agregó que el panorama regional es igualmente preocupante. “La Libertad, Piura, Lambayeque y el Callao concentran más del 70% de las denuncias por extorsión. La minería ilegal y la debilidad institucional han convertido a varias provincias en territorios de alto riesgo: Pataz (La Libertad), Atico (Arequipa) y Ananea (Puno), donde la tasa de homicidios es hasta diez veces superior al promedio nacional”, indicó.
Ante el avance de la criminalidad, y ausencia de atisbos de frenarla por parte de las autoridades, un 50% de los limeños señaló haber visto cerrar o reducir actividad en negocios que solía frecuentar en el último año, reveló una encuesta de Ipsos (2025) para el Observatorio del Crimen y la Violencia.
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Mayores impactos
Desde el CPC también recogieron que, estudios académicos, apuntan que duplicar la tasa de homicidios reduce la producción de las empresas en, aproximadamente, un 8% y el empleo en 5%.
Entre el presente enero y agosto, las defunciones por homicidio, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), superaron los 1,500, representando un incremento de 15% respecto al mismo período del 2024 y de más de 60% respecto al 2023.
Cabe recordar que, desde el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estimaron que la inseguridad le cuesta a la economía un equivalente del 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto se distribuye en un 1.5% del PBI a costos privados, como gasto en seguridad, pérdidas patrimoniales, seguros; y un 0.7% a gasto público en orden interno.
Para Fuentes, adicional al presupuesto limitado con la que cuenta la función de orden interno, hay un gran pendiente en la recomposición de prioridades de gasto.
“Se está priorizando demasiado en el Ejecutivo y el Congreso el incremento de las remuneraciones sin que esté atado a resultados. ¿Qué tanto se destina al combate inteligente de economías ilegales? Sin duda hay un espacio importante de trabajo”, cuestionó.
Mirada gremial
Miedo y tristeza es lo que genera el reciente ataque a la orquesta Agua Marina por parte de la criminalidad, indicó Doris Espinoza, presidente del sector de servicios artísticos, culturales de entretenimiento y afines, ARENA, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en diálogo con Gestión.
Lamentó que el crimen haya avanzado sin mayor freno en diversos rubros y, sobre todo, que se ignoren las denuncias por extorsión, como ocurrió con este grupo.
“Las extorsiones se dan en muchos sectores. En nuestros artistas resulta reiterativo y entiendo que la agrupación ya venía sufriendo llamados de extorsión e, incluso, pidieron garantías. Sabemos que por miedo algunos no hacen una denuncia pública, otros dejan la vida artística porque con el miedo no se puede trabajar. La delincuencia ha avanzado indudablemente”, refirió.
Por último, señaló que la expansión de la criminalidad es proporcional a la afectación al desarrollo del país.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
