
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) indicó que se han endurecido las fiscalizaciones vinculadas a precios de transferencia, uno de los frentes tributarios más sensibles para las empresas que realizan operaciones con partes relacionadas o compañías del mismo grupo económico.
Esto responde a un mayor uso de cruces de información y revisiones técnicas para verificar operaciones entre empresas vinculadas.
La presión fiscal también se refleja en las cifras de cumplimiento. Según TPC Group, alrededor del 5% de los contribuyentes obligados no presenta los reportes de precios de transferencia, exponiéndose a multas que pueden superar los S/ 120,000, además de ajustes en el Impuesto a la Renta (IR) y procesos de auditoría prolongados.
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La obligación alcanza a empresas con ingresos superiores a 2,300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y operaciones con vinculadas que superen determinados umbrales establecidos por Sunat.

En ese escenario, los errores más frecuentes detectados durante las fiscalizaciones son los siguientes:
- Uso de empresas comparables sin sustento técnico: La administración tributaria viene observando casos en los que las compañías escogidas no pertenecen al mismo sector económico o no presentan funciones y riesgos similares.
- Falta de documentación de respaldo: Sunat exige cada vez más trazabilidad sobre cómo se pactaron los servicios, cuál fue el beneficio recibido y qué criterios se utilizaron para determinar los montos facturados.
- Deficiencias en la sustentación de servicios intragrupo: Se viene aplicando con mayor rigurosidad el denominado “Test de Beneficio”, mediante el cual las empresas deben demostrar que el servicio efectivamente generó valor económico para la operación local.
- Inconsistencias entre información local y reportes internacionales: La entidad también está revisando diferencias entre la información presentada en Perú y la reportada por las matrices en otros países, especialmente en empresas multinacionales.
Las empresas deben revisar de manera preventiva sus políticas de precios de transferencia y fortalezcan sus expedientes técnicos antes de cualquier requerimiento de Sunat.
“La tendencia apunta a fiscalizaciones más especializadas y profundas, donde el principal riesgo ya no radica únicamente en la omisión de reportes, sino en la capacidad de demostrar técnica y económicamente que las operaciones entre vinculadas cumplen con el principio de plena competencia”, concluye TPC Group.







