A pocos días de conocer si se logró cumplir con la meta fiscal del 2025, el Poder Ejecutivo aprobó un nuevo endeudamiento que podría afectar las expectativas del déficit fiscal de este año que, según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el “techo” es de 1.8% del PBI.
Recientemente el Poder Ejecutivo dio luz verde a la compra de 24 aviones caza para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por un monto de S/ 7,580 millones que serán financiados con bonos soberanos emitidos a través del MEF.
Para Luis Alberto Arias Minaya, exjefe de la Sunat, esta compra representa cerca de un punto porcentual del PBI y no ha sido contemplada en las proyecciones presupuestales del 2025 ni del 2026.
“Es un gasto adicional que, de concretarse, porque ya se autorizó tomar la deuda, el déficit fiscal va a estar largamente arriba del 2% para [este año], probablemente va a estar alrededor de 3%. Es un monto significativo, va a implicar que vamos a exceder el nivel de la regla fiscal para el año 2026”, comentó a Gestión.
Aunque este tipo de adquisiciones suelen financiarse mediante deuda, Arias señaló que el problema radica en que el Perú ha consumido gran parte de sus ahorros fiscales en los últimos cuatro años para enfrentar crisis previas, reduciendo sus defensas en medio de un contexto internacional convulsionado.
El déficit fiscal llegó a 2.3% del PBI a noviembre, aún no se hace público si se logró o no cumplir con la meta de 2.2%. (Imagen: BCRP)
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Más “bombas” para las finanzas públicas
El reciente anuncio de compra de aviones no es la única presión que sufriría la meta fiscal por parte del mismo Gobierno pues, según precisó Arias, existen “una serie de bombas de tiempo que se están dejando para el próximo Gobierno".
“El Gobierno que ingrese van a heredar un déficit fiscal que no va a estar en camino a una convergencia decreciente y el riesgo de que la deuda pública empiece a crecer”, resaltó.
Uno de los proyectos que no estaba considerado en las proyecciones de déficit fiscal es la compra de armamentos por parte del Ministerio de Defensa (Mindef), para lo cual aún no se ha especificado el monto.
Otro aspecto que preocupa a los especialistas son los gastos adicionales que pueda demandar la recientemente anunciada reorganización de Petroperú.
Si bien solo se ha aprobado un aporte de capital de S/ 240 millones para la liquidación de personal de Petroperú, su reordenamiento podría tomar varios meses, en los cuales no se descartaría que puedan darse nuevas transferencias, comentó Carlos Casas, exviceministro de economía.
“Aunque lo de Petroperú puede ayudar a una reducción en los costos fiscales, quizás este año puede implicar la inyección de algunos recursos mientras se procede a poner en orden. Hay que recordar que esos procesos no son inmediatos, demoran tiempo y quizás para poner la casa en orden hay que poner algunos recursos”, indicó.
También, resaltaron, preocupan posibles aumentos en el gasto corriente por remuneraciones, una presión que viene tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República. Este año se podría dar un mayor impacto por los incrementos salariales ya establecidos y el aumento de los recursos destinados al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), lo cual resta margen de maniobra al Gobierno nacional.
El exviceministro de Economía resaltó que el peligro no solo reside en el gasto, sino en una estructura de ingresos que se ha vuelto frágil. A pesar de que en 2025 se esperaba un cumplimiento de la meta gracias a los altos precios de los metales, el panorama para 2026 es distinto.
“Creo que los precios de los minerales van a mantenerse altos, pero no van a seguir subiendo. Los ingresos no crecerían, sino que serían lo mismo que el año anterior mientras que las presiones de gasto sí van a aumentar”, explicó Casas.
Por su lado, Arias precisó que la presión tributaria cerró el año pasado en un nivel muy bajo en apenas un 14.5% del PBI, pese a los altos precios de los metales.
Este debilitamiento de los ingresos se vería agravado por un aumento de beneficios tributarios y exoneraciones que entrarán en vigencia o se ampliarán en los próximos dos años, sumándose a aquellos que se renovaron a fines de diciembre.
Entre los beneficios ya aprobados que no sumarán al nivel de ingresos del Estado en los próximos años están las zonas económicas especiales y las zonas de promoción turística, que exonerarán los pagos de Impuesto a la Renta. A eso se agrega la ampliación de tasas preferenciales para el sector agroexportador.
“En adición a eso, se está hablando de extender la tasa preferencial de 15% a otros sectores de la economía”, sostuvo.
Cabe mencionar que, según estimaciones de la Sunat indicadas en el MMM del MEF, entre 2021 y 2025, el 54.1% del total de gastos tributarios se otorgaron a través de exoneraciones y un 32.7% a través de inafectaciones.
Entre 2021 y 2025, el 54.1% del total de gastos tributarios se otorgaron a través de exoneraciones y un 32.7% a través de inafectaciones. (Fuente: MMM del MEF - Sunat)
¿Elecciones podrían impactar en el déficit?
Las elecciones generales aparecen como otro factor de riesgo para las finanzas del Estado, especialmente por las promesas sin financiamiento que suelen aparecer en campaña, señaló Arias.
En ese sentido, el exjefe de Sunat sugirió estar atentos a los planes de gobierno de los candidatos electorales pues uno de ellos terminará asumiendo el poder.
“Cuando el nuevo gobierno asuma tendrá que hacer una declaración de principios de política fiscal, habrá que estar atento. Es probable que se anuncie una nueva trayectoria de convergencia al déficit”, refirió.
Al riesgo por posibles propuestas populistas que podrían aparecer en el periodo electoral, se suma la fragmentación política en el Congreso que podría dificultará cualquier intento de negociación por la estabilidad fiscal.
En ese escenario, medidas sin sustento ni presupuesto podrían avanzar incluso si el Ejecutivo las observa. El poder, indicó, está en el Congreso, que puede terminar aprobando las normas por insistencia.
Cabe mencionar que, ante esto, recientemente el MEF aseguró que llevarán ante el Tribunal Consititucional una serie de normas que afectan los recursos del Estado, apuntando a dejar “la casa ordenada” para la próxima gestión.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
