El Congreso de la República evalúa una propuesta que podría ampliar las obligaciones de transparencia incluso antes del ingreso a la función pública. El dictamen recaído en el proyecto de Ley 4850/2022-CG plantea crear una “Declaración Jurada Integral de Ingresos, Bienes, Rentas e Intereses” y, además, incorporar una obligación preventiva para postulantes y candidatos a cargos públicos.
La iniciativa busca centralizar en un solo sistema la información patrimonial y de intereses de quienes tengan participación en el manejo de recursos públicos o toma de decisiones dentro del Estado.
El texto del dictamen también señala expresamente: “es objeto de esta ley establecer la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada Integral con carácter preventivo para los postulantes o candidatos a cargos públicos, respecto de sus intereses”.
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Declaraciones antes de asumir funciones
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto recae justamente en extender este mecanismo hacia personas que todavía no ejercen funciones públicas.
Para Dino Carlos Caro Coria, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, no existe impedimento constitucional para exigir este tipo de declaraciones incluso antes de asumir un cargo.
“La declaración de bienes y rentas es propia de funcionarios públicos, pero también puede aplicarse a particulares. No hay ninguna prohibición legal ni constitucional para que a los candidatos se les pueda exigir eso por transparencia”, sostuvo.
El penalista explicó que mecanismos similares ya existen en determinados espacios privados y empresas estatales sujetas al régimen laboral privado.
“En varias empresas del sector privado esto ya se hace así. O, por ejemplo, en empresas del sector público como Petroperú, pese a estar sometidas al régimen privado, también se exige declaración de bienes y rentas”, indicó.
No obstante, consideró que trasladar esa lógica hacia postulantes al Estado sí representa una novedad dentro del sistema público peruano.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto recae justamente en extender este mecanismo hacia personas que todavía no ejercen funciones pública. (Foto: Andina)
¿Quiénes quedarían comprendidos?
Además de postulantes y candidatos, el dictamen propone ampliar el universo de personas obligadas a presentar esta nueva Declaración Jurada Integral.
El proyecto incluye a consultores, asesores, árbitros, locadores de servicios, miembros vinculados a contrataciones públicas y personas con capacidad de decisión sobre recursos estatales.
También comprende a altos funcionarios, jueces, fiscales, miembros de organismos autónomos, oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros actores vinculados al ejercicio de funciones públicas.
Obligación que vuelve al debate
Gonzalo Monge, asociado principal de Echecopar, precisó que el dictamen sí introduce un cambio respecto del régimen vigente, aunque no se trata de una figura completamente inédita.
“El artículo 13.3 del dictamen establece la obligación de candidatos a cargos de elección popular de presentar esta declaración de intereses antes de su elección o designación, y eso no es lo que está vigente ahora”, explicó.
El abogado señaló que la Ley 31227, aprobada en 2021, originalmente incluía a todos los candidatos a cargos de elección popular dentro de estas obligaciones, pero modificaciones posteriores redujeron ese alcance.
“En 2024 se quitó a esos candidatos y se dejó solo a postulantes a determinados órganos. En ese extremo, el dictamen reintroduce esta obligación”, indicó.
Monge añadió que actualmente los candidatos presentan hojas de vida con información personal y profesional, pero no una declaración de intereses como la que propone el proyecto.
¿Qué deberán declarar?
La propuesta crea una declaración jurada que buscaría ser “integral”, es decir, un único documento que concentrará información patrimonial y de intereses.
Por un lado, se deberá reportar ingresos, bienes, rentas, inversiones, vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y otros activos.
Por otro, también deberán transparentarse intereses privados, participaciones societarias, asesorías, representación de terceros, actividades económicas, vínculos familiares y cualquier situación que pueda generar conflicto de interés frente al Estado.
La propuesta incluso alcanza información vinculada a cónyuges, convivientes e hijos menores de edad.
Precariedad. Locadores de servicios no tienen ningún beneficio laboral. (Foto: Andina)
Contraloría tendrá mayores facultades
La propuesta otorgaría a la Contraloría General de la República competencias más amplias para recibir, procesar, publicar, fiscalizar, archivar y sancionar todo lo relacionado con estas declaraciones juradas.
La entidad podría requerir información a otras entidades públicas, empresas privadas, personas naturales o jurídicas y realizar cruces de información patrimonial para verificar la consistencia de lo declarado.
El proyecto también establece que las declaraciones deberán presentarse de manera digital mediante un sistema administrado por la Contraloría.
Nueva declaración jurada integral: Estado busca reforzar control sobre patrimonio y conflictos de interés. Foto: Andina.
Nuevas infracciones y sanciones
El dictamen incorpora nuevas faltas administrativas relacionadas con la omisión o falsedad en las declaraciones juradas.
Entre las conductas sancionables figuran no presentar la declaración, consignar información falsa o incompleta, ocultar datos relevantes, no actualizar la información requerida o incumplir requerimientos de la Contraloría.
Algunas de estas infracciones son calificadas como “muy graves”, especialmente cuando exista ocultamiento de información orientado a encubrir situaciones incompatibles con los intereses del Estado.
Además, la propuesta modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Ley de Contrataciones del Estado para fortalecer las herramientas de fiscalización preventiva y control patrimonial.
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Transparencia y prevención de conflictos
El dictamen sostiene que la publicidad de esta información busca fortalecer la transparencia en la función pública y prevenir actos de corrupción, tomando como referencia estándares internacionales y recomendaciones de organismos especializados.
En ese sentido, el proyecto plantea que la ciudadanía pueda acceder parcialmente a la información declarada, principalmente la relacionada con intereses y posibles conflictos, mientras que determinados datos patrimoniales sensibles mantendrían restricciones de acceso conforme a la normativa vigente.
