El Congreso de la República evalúa una propuesta que podría ampliar las obligaciones de transparencia incluso antes del ingreso a la función pública. El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4850/2022-CG plantea crear una “Declaración Jurada Integral de Ingresos, Bienes, Rentas e Intereses” y, además, incorporar una obligación preventiva para postulantes y candidatos a cargos públicos.
El texto del dictamen señala expresamente que “es objeto de esta ley establecer la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada Integral con carácter preventivo para los postulantes o candidatos a cargos públicos, respecto de sus intereses”.
La iniciativa busca centralizar en un solo sistema la información patrimonial y de intereses de quienes tengan participación en el manejo de recursos públicos o toma de decisiones dentro del Estado.
LEA TAMBIÉN: Congreso busca derogar reorganización de Petroperú: la “alerta” de ProInversión si insisten
Declaraciones antes de asumir funciones
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es justamente extender este mecanismo hacia personas que todavía no ejercen funciones públicas.
Para Dino Carlos Caro Coria, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, no existe impedimento constitucional para exigir este tipo de declaraciones incluso antes de asumir un cargo.
“La declaración de bienes y rentas es propia de funcionarios públicos, pero también puede aplicarse a particulares. No hay ninguna prohibición legal ni constitucional para que a los candidatos se les pueda exigir eso por transparencia”, sostuvo.
El penalista explicó que mecanismos similares ya existen en determinados espacios privados y empresas estatales sujetas al régimen laboral privado.
“En varias empresas del sector privado eso se hace así. O, por ejemplo, en empresas del sector público como Petroperú, pese a estar sometidas al régimen privado, también se exige declaración de bienes y rentas”, indicó.
No obstante, consideró que trasladar esa lógica hacia postulantes al Estado sí representa una novedad dentro del sistema público peruano.
“Generalmente estas obligaciones vienen impuestas para quienes ya están ejerciendo la función pública desde que son electos. Pero respecto de los postulantes es algo novedoso. Yo no lo he visto antes”, afirmó.
Proyecto amplía control patrimonial: Contraloría fiscalizará ingresos, bienes e intereses de funcionarios. Foto Agencia Andina.
¿Quiénes quedarían comprendidos?
Además de postulantes y candidatos, el dictamen amplía el universo de personas obligadas a presentar esta declaración jurada integral.
El proyecto incluye a consultores, asesores, árbitros, locadores de servicios, miembros vinculados a contrataciones públicas y personas con capacidad de decisión sobre recursos estatales.
También comprende a altos funcionarios, jueces, fiscales, miembros de organismos autónomos, oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros actores vinculados al ejercicio de funciones públicas.
¿Qué deberán declarar?
La propuesta crea una declaración jurada “integral”, es decir, un único documento que concentrará información patrimonial y de intereses.
Por un lado, se deberá reportar ingresos, bienes, rentas, inversiones, vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y otros activos.
Por otro, también deberán transparentarse intereses privados, participaciones societarias, asesorías, representación de terceros, actividades económicas, vínculos familiares y cualquier situación que pueda generar conflicto de interés frente al Estado.
La propuesta incluso alcanza información vinculada a cónyuges, convivientes e hijos menores de edad.
LEA TAMBIÉN: Congreso busca “quitarle” la Línea Amarilla a la MML y dársela a ProInversión
Contraloría tendrá mayores facultades
La propuesta otorga a la Contraloría competencias más amplias para recibir, procesar, publicar, fiscalizar, archivar y sancionar todo lo relacionado con las declaraciones juradas integrales.
La entidad podría requerir información a otras entidades públicas, empresas privadas, personas naturales o jurídicas y realizar cruces de información patrimonial para verificar la consistencia de lo declarado.
El proyecto también establece que las declaraciones deberán presentarse de manera digital mediante un sistema administrado por la Contraloría.
Nueva declaración jurada integral: Estado busca reforzar control sobre patrimonio y conflictos de interés. Foto: Andina.
Nuevas infracciones y sanciones
El dictamen incorpora nuevas faltas administrativas relacionadas con la omisión o falsedad en las declaraciones juradas.
Entre las conductas sancionables figuran no presentar la declaración, consignar información falsa o incompleta, ocultar datos relevantes, no actualizar la información requerida o incumplir requerimientos de la Contraloría.
Algunas de estas infracciones son calificadas como “muy graves”, especialmente cuando exista ocultamiento de información orientado a encubrir situaciones incompatibles con los intereses del Estado.
Además, la propuesta modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Ley de Contrataciones del Estado para fortalecer las herramientas de fiscalización preventiva y control patrimonial.
Transparencia y prevención de conflictos
El dictamen sostiene que la publicidad de esta información busca fortalecer la transparencia en la función pública y prevenir actos de corrupción, tomando como referencia estándares internacionales y recomendaciones de organismos especializados.
En ese sentido, el proyecto plantea que la ciudadanía pueda acceder parcialmente a la información declarada, principalmente la relacionada con intereses y posibles conflictos, mientras que determinados datos patrimoniales sensibles mantendrían restricciones de acceso conforme a la normativa vigente.
LEA TAMBIÉN: MEF defiende “salvavidas” para Petroperú: “Si tenemos que ir al Congreso a batallar, lo haremos”
