La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) remitió cartas inductivas a 23,971 empleadores a nivel nacional para recopilar información sobre el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo plazo de pago venció el pasado 15 de mayo. Las empresas tendrán 10 días hábiles para responder el requerimiento.
La entidad busca conocer el nivel de cumplimiento de esta obligación laboral mediante un formulario que deberá ser completado por los empleadores seleccionados.
Entre los datos solicitados figuran la fecha del depósito de la CTS, el número de trabajadores incluidos en planilla, la cantidad de colaboradores que recibieron el beneficio y detalles relacionados con la hoja de liquidación.
Una vez completado el formulario, los empleadores deberán remitir una captura de pantalla que acredite el registro de la información. En caso de presentar dificultades para el llenado, podrán enviar los datos mediante un archivo Excel a través de la Casilla Electrónica.
Los sectores incluidos fueron seleccionados por registrar más denuncias vinculadas a la CTS.
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Comercio concentra la mayor cantidad de empresas incluidas
Del total de compañías consideradas, 12,081 corresponden a medianas y grandes empresas. Dentro de este grupo, el 45.4% pertenece al sector comercio mayorista y minorista, seguido por transporte y almacenamiento (15.4%), servicios inmobiliarios, empresariales y alquileres (15.2%), industrias manufactureras (15%), construcción (6.5%) y hoteles y restaurantes (2.4%).
Asimismo, la Sunafil incluyó a 11,923 pequeñas empresas del sector servicios inmobiliarios, empresariales y alquileres.
Según precisó la entidad, los sectores seleccionados son aquellos que presentan la mayor cantidad de denuncias relacionadas con el pago de la CTS.
Las cartas inductivas tienen carácter preventivo y no constituyen acciones de fiscalización.
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¿Qué implica una carta inductiva?
La Sunafil explicó que las cartas inductivas constituyen comunicaciones preventivas y orientadoras dirigidas a los empleadores para promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral.
Su finalidad es prevenir posibles incumplimientos y permitir que las empresas regularicen voluntariamente sus obligaciones laborales.
La entidad enfatizó que estas comunicaciones no constituyen acciones de fiscalización ni generan sanciones. Sin embargo, advirtió que la información recabada podrá ser considerada en eventuales actuaciones inspectivas que realice la institución dentro de sus competencias.
