El Consejo Fiscal (CF) se mostró de acuerdo con la instalación del denominado “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible”, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en busca de proteger la estabilidad y el futuro del Perú, en un contexto de finanzas públicas complicadas.
Sin embargo, señalaron que para que tenga un impacto “efectivo” se requieren acciones complementarias concretas y urgentes orientadas a preservar la sostenibilidad fiscal.
“Para que dicho acuerdo contribuya de manera efectiva a la estabilidad macroeconómica del país, es indispensable que, en paralelo, vaya acompañado (y sea precedido) de acciones urgentes orientadas a salvaguardar la sostenibilidad fiscal”, mencionaron en un comunicado la mañana de este lunes 22 de diciembre.
Sesión del acuerdo fiscal. Autor: Camila Vera Criollo, solo para Diario Gestión.
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Puntualmente, se sustenta en tres ejes claves: sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto público y ampliación de la base tributaria.
Desde el consejo valoraron que esta iniciativa promueva un proceso de diálogo amplio y participativo, buscando una gestión responsable y sostenible de la política fiscal.
“Dicho acuerdo será importante para retomar consensos esenciales sobre disciplina fiscal que guíen las decisiones de las próximas autoridades”, añadieron. Sin embargo, presentaron una nueva alerta con 10 medidas que están en la “cancha” del Gobierno de José Jerí y sobre los cuales debe tomar una decisión máximo el lunes 12 de enero.
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Gobierno de Jerí definirá deterioro de las finanzas
La observación desde el Consejo Fiscal surge porque, pese a las reiteradas alertas que se han dado, durante la actual gestión de Jerí continuaron promulgándose iniciativas con perjuicio fiscal.
Desde el 19 de octubre, seguido de la conferencia de prensa del consejo en la que advirtió de casi 230 leyes con impacto fiscal adverso, registraron que el Ejecutivo dio “luz verde” a 18 leyes adicionales sin mayores observaciones.
“La mayoría de estas normas (17 de 18) implican mayor gasto público, principalmente a través de incrementos remunerativos en el sector público (nueve leyes) y la creación de nuevas entidades (seis leyes). El costo fiscal anual estimado para ocho de las nueve leyes referidas a remuneraciones asciende a S/ 1,031 millones; en el resto de las normas no se cuenta con una estimación oficial de su impacto fiscal”, detallaron.
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El consejo fiscal también alertó que, actualmente, existen 10 autógrafas con impacto fiscal adverso que, de no ser observadas, añadirían mayores presiones.
Estos son proyectos que ya fueron aprobados en el Pleno del Congreso y pasaron al Ejecutivo para su revisión. Según la normativa, cuentan con un plazo de 15 días útiles para pronunciarse a favor y promulgarla; en contra y observarla; o no emitir posición y dejar que el Legislativo la promulgue por insistencia.
La mayoría de estas propuestas contemplan traspaso de regímenes laborales para trabajados públicos (cuatro). Según su costo fiscal, la medida más perjudicial es la incorporación de los trabajadores CAS del sector salud al régimen 728, significando S/ 944 millones. Actualmente, no cuenta con fecha límite para que el Ejecutivo se pronuncie, pues se encuentra en fase de “aclaración”.
De otro lado, la medida “más urgente” para el Ejecutivo es la que dispone la incorporación de los trabajadores CAS de la Sunat al régimen 728, con un plaza máximo para que el Ejecutivo se pronuncie el lunes 5 de enero.
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El CF no presentó una estimación del costo. En los documentos del proyecto no se menciona qué universo de trabajadores sería alcanzado. Contrario a la realidad, sí refiere que “no demanda costo adicional alguno al Estado considerando la situación actual de los trabajadores”.
Las otras dos también contemplan la incorporación de trabajadores CAS del Ministerio Público y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al régimen 728, con costos estimados de S/ 275 millones y S/ 75 millones anuales. El plazo para que se pronuncie el Ejecutivo es el lunes 12 de enero.
Otras dos iniciativas consideran otorgar bonificaciones especiales: una mediante una mejora en los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) y otra a “personas declaradas como defensores de la patria”.
A este panorama de medidas que significarían mayor presión fiscal se suma la creación de dos nuevas universidades (en Pataz, La Libertad; y en Sechín, Áncash). También aparece una nueva exoneración del IGV relacionada a créditos hipotecarios y una transferencia de recursos del IGV a un gobierno municipal (Rímac).
Como máximo, el Ejecutivo debe pronunciarse sobre estas 10 autógrafas hasta el lunes 12 de enero.
Desde el consejo, apuntaron que, para salvaguardar la sostenibilidad fiscal y “administrar la hacienda pública de manera responsable”, el Ejecutivo debería considerar interponer acciones de inconstitucionalidad por aquellas leyes con impacto fiscal adverso que tengan vicios de inconstitucionalidad, es decir, que supongan gasto público.
