A menos de tres meses de la primera vuelta de las Elecciones 2026 en Perú, los partidos políticos y sus candidatos se alistan para la parte álgida de la contienda por el sillón presidencial. En este contexto, Gestión entrevistará a los jefes de planes de gobierno o a los responsables de la parte económica para conocer sus propuestas en esta materia. Para esta entrega, la conversación fue con Alianza Para el Progreso.
El exministro de Economía y Finanzas (MEF) y exdirector ejecutivo de ProInversión conversó con Gestión para conocer cuál es la estrategia que el partido implementaría en un eventual Gobierno. Una apuesta importante por las Asociaciones Público-Privadas (APP), un “apagón regulatorio” y una formalidad que “no asfixie” al más pequeño son parte de sus ideas.
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¿Cuáles son los pilares del plan de gobierno de Alianza Para el Progreso?
Tenemos 4 ejes importantes. Lo institucional, porque está claro que necesitamos una reforma profunda del Estado; lo económico, que es el reto principal. Debemos salir del crecimiento de 3.5% y dar el salto al 6%.
Está también el eje social. La insatisfacción de la gente porque las brechas no se cierran, a pesar de que todos los años se canalizan millones, persiste. Finalmente, lo territorial. Cada región tiene un potencial enorme. Hay que ponerlas en valor. Tenemos un plan que busca prender esos motores en 5 años.
Hay proyectos que en 5 años no se pueden cerrar. Eso genera desconfianza del privado sobre el Estado ¿Qué garantías daría un gobierno de ustedes?
Apostamos directamente por las APP. Está demostrado que la obra pública tradicional no funcionó como esperaba el país. En contraste, si bien las APP no tienen aún una gran participación dentro de todo el presupuesto, sí han dado resultados.
¿Cómo cuáles?
En saneamiento está Provisur, proyecto que por US$ 100 millones para una planta desaladora cerró la brecha al 100% en 4 distritos que no tenían agua por décadas. En salud, los hospitales bata blanca: Guillermo Kaelin de la Fuente (Villa María del Triunfo) y Alberto Leonardo Barton Thompson (Callao). Uno se pregunta por qué ese no podría ser el estándar para los servicios del Estado.
¿Buscarían expandir las APP en un eventual gobierno?
Así es, unos US$ 80 mil millones en proyectos. Siempre se remarca el gran potencial del país, pero la gran pregunta es por qué demoramos tanto. La respuesta es la tramitología. Eso nos ha limitado a tasas mediocres de crecimiento de 3% y ha inviabilizado US$ 60 mil millones en proyectos mineros.
Otro problema por resolver es Petroperú. Este Gobierno ya marcó una hoja de ruta a seguir, ¿qué harían con la petrolera?
En nuestro plan hay solo unas líneas, pero es bastante claro: que entre la inversión privada, tanto local como extranjera. Segundo, no puede entrar un sol más a esa empresa. Las gollerías y beneficios de 2,500 personas no pueden estar por encima del interés de más de 30 millones de peruanos, menos en un barril sin fondo.
¿Continuarían lo que avance este Gobierno?
Todo el apoyo. El equipo de ProInversión está sincerando las cosas. Adjudicarán lo que puedan, pero están tomando la ruta correcta. Si nosotros llegamos al Gobierno, indudablemente seguiremos esa línea.
En minería también hay pendientes. Entre el avance de lo ilegal, con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como escudo, no hay grandes proyectos mineros en el horizonte. ¿Qué aplicarían allí?
Si bien es multisectorial, nosotros planteamos un “apagón regulatorio” automático que deberá estar culminado en el primer año de gobierno.
José Salardi, jefe del plan de gobierno de APP, en entrevista con Gestión. Foto: Lenin Tadeo (@photo.gec).
El objetivo sería reducir la burocracia para aprobar proyectos mineros...
Hay propuestas [vinculadas a temas] ambientales también. En algún momento la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) propuso ideas interesantes. El objetivo es que el Estado acompañe los proyectos.
Tenemos que romper los cuellos de botella. Esos US$ 60 mil millones [en proyectos mineros], cuando caminen, son dos puntos de crecimiento adicional, lo que nos dejaría bien cerca del 6% sin mucho esfuerzo.
En otros temas, ¿qué ajustes harían al esquema tributario?
Está vinculada a nuestra propuesta laboral “Formalizar sin asfixiar” con un sistema progresivo para las empresas. Se eliminarán regímenes como el Régimen Especial de Renta (RER) y el MYPE Tributario.
En tercera categoría (empresas), habrá tasas progresivas con rangos, similar al modelo de renta personal. Eso tendrá como impacto que las mypes tributarán en función de su utilidad operativa, y no sobre sus ingresos brutos, como ocurre hoy.
Aparte de la renta, ¿tocarían el modelo de otros impuestos?
Habrá un régimen simplificado para la formalización, donde se plantean ajustes al Impuesto General a las Ventas (IGV) para tener una tasa que realmente de amplitud al recaudar. No podemos seguir como estamos porque la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) seguirá esforzándose, pero nos faltan indicadores de gestión y una rendición de cuentas claras.
Sobre la informalidad hay varias entidades con planes distintos, incluida la Sunat. ¿Ordenarían este panorama?
El Estado tiene muchos estancos aislados, se opera de manera individual. Hemos detectado lo mismo en materia ambiental. Para la formalización ocurre lo mismo. Revisas los planes y tienen impactos marginales. Debemos optimizar al Estado...
¿Para tener más ingresos?
Así es y poder abordar estos problemas con mayores impactos. La formalización es fundamental: con el tiempo Perú se volvió el país más rígido laboralmente del mundo. Eso beneficia a muy pocos. Trabajaríamos en eso, al igual que revertir esos esquemas tributarios que fomentan el enanismo empresarial.
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No solo reduciría ministerios
“Estamos planteando crear un centro de gobierno. Una entidad que vigile y realice el seguimiento de la reconfiguración del Estado, articular con PCM y los ministerios que queden en funciones para evaluar el cumplimiento de metas”, sostuvo.
Salardi señaló que la creación de este centro también le daría un rol ejecutivo al primer vicepresidente, ya que sería quien ocupe este cargo y quien la dirija, dándole un rol activo en el gobierno.
“El segundo (vicepresidente) sería un punto de conexión importante con los gobernadores y el Congreso de la República. Incluso, si es posible, que tenga un asiento en la Asamblea Nacional de Gobernadores, para tener claro lo que las regiones esperan”, profundizó.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
