Entre los temas más sensibles figuran la reforma del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo 1057; cambios en la participación de los trabajadores en utilidades de las empresas; ajustes al sistema del Servicio Civil (Servir); y nuevas reglas sobre tercerización laboral.
Se trata de propuestas que no solo redefinen derechos laborales, sino que también podrían alterar el gasto público, la estructura de costos de las empresas y el modelo de organización del Estado.
El nuevo Congreso bicameral estará conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, con funciones diferenciadas y un proceso legislativo de doble revisión. Foto: Congreso.
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Reforma del régimen CAS: eliminación progresiva y homologación de beneficios
El grupo más numeroso de iniciativas corresponde al régimen CAS. Las propuestas plantean distintos mecanismos de reforma. Algunas establecen su eliminación progresiva, disponiendo que los trabajadores sean incorporados a los regímenes laborales 728 o 276, según corresponda.
Otras optan por mantener el régimen, pero homologando beneficios con los de otros sistemas laborales del sector público, como compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones o mayores garantías de estabilidad.
También existen iniciativas que regulan expresamente la duración de los contratos, establecen reglas más estrictas para su renovación o disponen el carácter indeterminado del vínculo en determinados supuestos.
Juan Valera, abogado laboralista, indica que muchas de estas iniciativas parten de la idea de equiparar condiciones laborales, pero advierte que el Congreso de la República no cuenta con iniciativa de gasto. “Extender beneficios o trasladarlos al 728 puede generar un problema constitucional si implica crear gasto público”, sostiene.
Añade que el régimen 728 responde a la lógica del sector privado, mientras que el Estado no opera bajo fines de lucro.
Por su parte, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, recuerda que el CAS nació en 2008 como respuesta a la contratación masiva bajo Servicios No Personales (SNP). “Fue un régimen transitorio, pensado para otorgar beneficios mínimos donde antes no existían”, señala.
A su juicio, el diseño original apuntaba a que el régimen mayoritario fuera el Servicio Civil, no el CAS. Sin embargo, hoy ocurre lo contrario. Ambos coinciden en que el debate sobre el CAS no puede aislarse del modelo general del empleo público.
Congreso busca mejorar los derechos de Trabajadores CAS | Foto: Andina
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Cambios en la participación en utilidades
En el ámbito del sector privado, plantean modificaciones al régimen de participación en utilidades en empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría.
El dictamen más avanzado propone incrementar progresivamente el porcentaje del reparto en el sector hidrocarburos, elevándolo del 5% al 8%.
Otras propuestas buscan modificar la fórmula de cálculo o ajustar criterios de distribución.
Valera advierte que elevar porcentajes sin un análisis técnico puede alterar la estructura económica de sectores estratégicos. “La fórmula sustitutoria apunta a un incremento progresivo, pero no necesariamente todas las empresas del sector tienen la misma realidad”, comenta.
Servicio Civil: fortalecimiento o derogatoria del régimen meritocrático
En el ámbito del empleo público, varios proyectos apuntan a modificar aspectos vinculados al régimen del Servicio Civil, administrado por Servir.
Entre las propuestas se incluyen disposiciones para la incorporación obligatoria de determinadas entidades al régimen, ajustes en los procesos de evaluación de desempeño, cambios en los criterios de permanencia o ascenso y modificaciones en las reglas de tránsito entre regímenes laborales.
Algunos proyectos también plantean precisiones en materia de escalas remunerativas y en la estructura de la carrera pública. Estas iniciativas buscan introducir ajustes en la arquitectura normativa del sistema del Servicio Civil.
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Tercerización laboral
Los proyectos sobre tercerización laboral plantean ajustes a la normativa vigente en distintos niveles. Algunas iniciativas proponen delimitar de manera más estricta qué actividades pueden ser objeto de tercerización, incorporando definiciones más precisas sobre el “núcleo del negocio” o actividades principales.
Otras propuestas buscan establecer requisitos adicionales para acreditar autonomía empresarial, así como reforzar los criterios de especialización y asunción de riesgos por parte de la empresa tercerizadora.
Existen también iniciativas orientadas a ampliar la responsabilidad solidaria de la empresa principal frente a obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados.
En conjunto, estas propuestas buscan redefinir el marco legal aplicable a la tercerización de servicios.
Valera sostiene que existe una corriente política que busca restringir esta figura por considerarla precarizadora. “Lo que está prohibido es el abuso, no la tercerización en sí”, afirma. Añade que eliminarla implicaría desconocer un modelo de especialización productiva.
Puntriano coincide en que la tercerización es una realidad empresarial que antecede a la ley. Recuerda que antes de la Ley N° 29245 ya existía externalización bajo figuras civiles.
Además, señala que la norma vigente contiene mecanismos de tutela como la responsabilidad solidaria entre empresa principal y contratista. “Derogar la ley no elimina la tercerización, pero sí podría eliminar garantías para los trabajadores”, advierte.
¿Cómo saber si tu empresa te pagará utilidades en este 2026? (Foto: La Primera - Difusión)
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Nuevas licencias laborales
Diversos proyectos proponen la creación de nuevas licencias con goce de haber para supuestos determinados, como situaciones familiares especiales, eventos de salud, estudios o circunstancias personales específicas.
Se plantean ampliaciones de plazos en licencias ya existentes como la licencia por paternidad o la incorporación de nuevos supuestos que habiliten el derecho a una ausencia remunerada.
Creación y ampliación de feriados
Otro tema es la incorporación de nuevas fechas al calendario de feriados nacionales o declarar feriados regionales en determinadas circunscripciones. También plantean convertir fechas conmemorativas en días no laborables compensables o establecer reglas específicas para su aplicación en el sector público y privado.
Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la ministra Denisse Miralles a cargo, había adelantado que tenían en sus planes hacer una revisión de los días festivos por el impacto que tienen sobre la economía. Es más, ya el MEF lo había prometido desde antes.
Equiparación salarial
Otro grupo de proyectos propone igualar remuneraciones entre trabajadores que desempeñan funciones similares, ya sea dentro del sector público o entre distintos regímenes laborales.
Estas iniciativas contemplan la homologación de escalas salariales, el reconocimiento de derechos remunerativos equivalentes o la eliminación de diferencias entre trabajadores bajo distintos regímenes que cumplen funciones equiparables.
Titular: Dictámenes en la Comision de Trabajo del Congreso
Fuente: Congreso de la Republica al 16..02.26
Elaboración: Diario Gestión
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
