Mediante un comunicado, Comex rechazó el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones. La propuesta, que se encamina a ser debatida en el pleno, reduciría de 30 a 15 años el período que tienen las empresas para explorar antes de que una concesión expire.
Para el gremio, el Congreso está impulsando una iniciativa que, lejos de ordenar o promover la actividad, cambia las reglas de juego y eleva la incertidumbre en un sector que sostiene inversión, empleo formal directo e indirecto y desarrollo regional.
“El dictamen abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre derechos ya otorgados: debilita la garantía de la concesión al permitir su revocación bajo causales discrecionales y, además, plantea “mecanismos de participación en beneficios” que pueden convertirse en transferencias patrimoniales forzadas. Esto no es modernización: es una señal de que en el Perú la inversión quedaría expuesta a decisiones políticas con intereses subalternos", refirió.
Además, Comex mencionó que la norma pretende “corregir” trabas del propio Estado castigando la formalidad; ya que, se generarían más costos y penalidades, plazos recortados que no reflejan la realidad del desarrollo de un proyecto y exigencias rígidas desde etapas sin certeza geológica ni condiciones habilitantes.
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Las consecuencias serían menos exploración, más riesgo, proyectos paralizados o inversiones que se van del país, añadió.
“Peor aún, se busca aplicar nuevas cargas a concesiones ya existentes e incluso afectar contratos de estabilidad jurídica. No se puede promover inversiones de largo plazo si el Congreso aprueba normas que quiebran la predictibilidad y vacían compromisos asumidos por el Estado”, señaló el gremio.
En ese marco, Comex exhortó a que este dictamen se someta a una discusión técnica seria y transparente, con evaluación económica y legal de sus impactos. “El Perú necesita destrabar, atraer inversión y generar empleo formal; no aprobar normas que “maten” la minería y ahuyenten proyectos”, concluyó.
Por su parte la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) dijo que se trata de un golpe a la minería formal.
“Lo que hay acá es un golpe a la minería formal que puede tirar abajo los US$ 60,000 millones de cartera de inversión”, señaló Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la SNMPE, a Canal N.
Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre y un importante proveedor de oro, plata y zinc, otorga concesiones que permiten a las empresas explorar vastas áreas durante períodos prolongados, resalta un artículo de Bloomberg. “Pero, el auge de la minería ilegal y años de retrasos en proyectos han llevado a algunos legisladores a impulsar concesiones más cortas que podrían ser desarrolladas más rápidamente por operadores más pequeños”.
Si se aprueba, el proyecto podría provocar una “invasión de concesiones”, dijo a RPP la directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim.
Aparte, en un comunicado del gremio minero, acusaron que el Congreso demuestra un desconocimiento total de cómo se aprueban los proyectos mineros.
“Pretenden reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero (...) Hoy hacer realidad uno en Perú toma hasta 40 años, ya que solo cumplir con todos los trámites y permisos engorrosos demanda hasta más de 11 años”, aseguraron.
