A medida que el Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026, la incertidumbre política reaparece como un factor que incide en decisiones de inversión y resguardo patrimonial. Desde 2021, más de US$ 22 mil millones han salido del país en un contexto marcado por volatilidad institucional. Sin embargo, hoy el escenario luce contenido, aunque no exento de riesgos.
Para blindar el patrimonio, es clave levantar un inventario claro de activos (inmuebles, empresas, inversiones, cuentas, etc.) y pasivos, con documentos y trazabilidad de origen de fondos. Así como, separar persona natural, empresa operativa y vehículo patrimonial (fideicomiso, holding, etc.) para que riesgos comerciales o personales no contaminen todo el patrimonio.
El exministro de Economía, Alfredo Thorne, sostiene que, por ahora, el mercado mantiene la calma.
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“Por el momento los inversionistas están tranquilos y más bien hay un flujo de entrada. Eso se puede deber a que los tres punteros en las encuestas son candidatos que van a respetar el orden constitucional”, dijo a Gestión.
No obstante, advierte que el panorama podría cambiar si ganan espacio propuestas de ruptura institucional.
“Si los candidatos más radicales que plantean un cambio constitucional avanzan, eso podría resultar en mayor volatilidad financiera y salida de capitales”, señala.
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Lecciones del 2021
Thorne recuerda que el país ya enfrentó un escenario similar con Pedro Castillo: “En 2021 el Perú mostró que tiene los instrumentos como para absorber las salidas de capital. El BCRP, usando sus reservas, acomodó la salida”, explica. A su juicio, el mayor riesgo habría sido una prolongación del radicalismo político. “De haber continuado, podría haber sostenido una mayor salida de capitales y eventualmente llevado la economía a una recesión”.
Para el exministro, los fundamentos macro siguen siendo un ancla: una Constitución que protege derechos de propiedad, un Banco Central con reservas suficientes y disciplina fiscal. Aun así, plantea reformas estructurales como revisar la ley electoral y profesionalizar el servicio civil para reducir la exposición del Estado a los ciclos políticos.
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Proteger el patrimonio sin cruzar la línea
Más allá del impacto macroeconómico, el debate se traslada al terreno legal: ¿cómo proteger grandes patrimonios sin incurrir en contingencias tributarias o riesgos penales?
Germán Carrera Rey, socio senior del área de Private Clients de CPB Abogados, explica que la salida de capitales suele responder a una lógica preventiva.
“Es un termómetro claro: la confianza se enfría cuando la política se calienta. Empresarios y familias de alto patrimonio buscan proteger sus activos”, señala.
Sin embargo, advierte que la diferencia entre una estrategia legítima y una conducta ilícita radica en la transparencia.
“La ley peruana permite transferencias al exterior, incluso mediante criptomonedas o estructuras offshore, siempre que se usen canales regulados y se haya cumplido con las declaraciones respectivas. El riesgo surge cuando estas herramientas se emplean sin la debida diligencia o con fines opacos”, enfatiza.
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Las reglas del juego
Carrera Rey detalla que las personas y empresas deben cumplir obligaciones concretas: declarar rentas de fuente extranjera, sustentar el origen de los fondos, pagar el ITF cuando corresponda y mantener contabilidad que diferencie claramente capital de rendimientos. Además, las transferencias superiores a US$ 10,000 son reportadas por las entidades financieras a la UIF.
“Transparencia, sustento económico y cumplimiento formal son fundamentales para evitar multas, fiscalizaciones o riesgos penales”, resume.
También aclara que existen vehículos lícitos para estructurar inversiones internacionales -como compañías, trusts o fideicomisos- siempre que estén correctamente diseñados, declarados y alineados con la normativa peruana e internacional.
“La clave está en estructuras transparentes y documentadas”, afirma.
En contraste, prácticas como transferencias sin sustento, uso de testaferros o sociedades ficticias pueden configurar delitos de lavado de activos, con consecuencias que van desde sanciones económicas hasta penas privativas de libertad.
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Entre la prevención y la legalidad
El escenario electoral puede incentivar decisiones de resguardo financiero, pero el margen de acción está delimitado por la ley. La experiencia reciente muestra que el Perú cuenta con herramientas macroeconómicas para amortiguar choques externos; sin embargo, a nivel individual, la protección patrimonial exige planificación, asesoría especializada y cumplimiento riguroso de las normas.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
